El FMI sube su previsión de PIB de España al 1,9%, pero alerta del riesgo por la fragmentación política

El Fondo Monetario Internacional ha subido este viernes su previsión de crecimiento para España desde el 1,5% hasta el 1,9%. Son cuatro décimas más que se derivan de la incorporación de los datos del cierre del año 2023 y del inicio de 2024 que han sorprendido al alza. El Fondo prevé que el crecimiento trimestral a lo largo del año se mantenga cerca del 0,5%, esto es, un dinamismo que superaría el crecimiento potencial de la economía española. Los tres pilares de la actividad económica en los próximos meses serán la demanda interna, la recuperación de la renta disponible de las familias y la ejecución del Plan de Recuperación. Sin embargo, el Fondo no ha mejorado su previsión de crecimiento para 2025, que se mantiene en el 2,1%. Esto significa que el mayor dinamismo de los últimos meses no implica una mejora de las previsiones a medio plazo.

El Fondo ha publicado este viernes el informe posterior a su misión a España (consulta al Artículo IV) destacando la fortaleza de la economía española de los últimos meses. Sin embargo, también advierte de los numerosos riesgos que podrían deteriorar la actividad económica, la mayor parte a la baja. Uno de los que remarca el FMI es la fragmentación política, que ya ha provocado un parón en la agenda reformista. Desde que el Gobierno perdió en el Congreso la votación para la convalidación del real decreto-ley del subsidio por desempleo ha bloqueado toda su iniciativa política, con la excepción de la ley de la amnistía.

Este parón normativo supone un riesgo para la economía si se mantiene en el tiempo. "Una fragmentación política doméstica prolongada puede obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación fiscal", señala el Fondo. En este escenario, "podría empeorar la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, especialmente si las condiciones financieras se endurecen". Además, el Fondo recuerda que España apenas cuenta con margen fiscal para aplicar políticas contracíclicas en el caso de que la economía se frenara en el futuro.

España todavía tiene pendiente la consolidación fiscal que prometió en el Plan de Recuperación y que está implícita en la vuelta de las reglas fiscales a la Unión Europea. El Fondo calcula que el déficit estructural del país se sitúa por encima del 3% del PIB y que la deuda pública no caerá del 104% sin ajustes. Para recuperar espacio fiscal, recomienda al Gobierno que aplique una política fiscal prudente, aprovechando el margen que le otorga la ejecución de los fondos europeos. En concreto, propone una reducción del déficit de tres puntos del PIB hasta 2028, lo que sería un ajuste anual de 0,6 puntos del PIB. El crecimiento del PIB y la inflación también ayudarían a lograr este objetivo.

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El Fondo apunta que España también debe prepararse para el envejecimiento de la población y las tensiones de gasto que generará, tanto en pensiones como en Sanidad. "Muy probablemente se necesiten medidas adicionales en el futuro para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", señala el informe. El FMI valora el ajuste automático que introdujo el Gobierno en su reforma de pensiones para subir las cotizaciones y reducir el gasto en pensiones si aumenta el desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Sin embargo, el Fondo recomienda que los ajustes no se centren exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales, ya que suponen un encarecimiento del factor trabajo y una pérdida de competitividad para el país.

En su lugar, el Fondo plantea otras alternativas para España, como revisar la generosidad actual del sistema de pensiones. La tasa de sustitución (pensión sobre último salario) es una de las más altas del mundo, lo que genera una gran tensión financiera al sistema, porque los pensionistas cobran, a lo largo de su vida, significativamente más de lo que aportaron durante su carrera laboral. El Fondo apunta como opciones alargar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones, de modo que se utilicen años con bases de cotización más bajas. La otra vía es aumentar las tasas de empleo del país mejorando las políticas activas de empleo y reduciendo los desincentivos a la actividad que existen actualmente, sobre todo para los parados mayores de 52 años.

Impuestos a la banca y las energéticas

Como suele ser habitual, el FMI ha recordado que el mix de la política fiscal debería ser amable con el crecimiento (growth friendly). Esto es, priorizar la inversión sobre el gasto corriente y los impuestos indirectos sobre los directos. De hecho, vuelve a recomendar eliminar algunos de los tipos reducidos del IVA que tiene España y que suponen una merma de la recaudación. A cambio, propone compensar a las familias afectadas con ayudas dirigidas a las rentas bajas, como pueden ser los créditos fiscales negativos en el IRPF. Esta propuesta tuvo un amplio debate en España durante los años del Gobierno de Mariano Rajoy por la insistencia de Ciudadanos en la medida y posteriormente ha sido contemplada por el Comité de Expertos del Ministerio de Hacienda en su informe publicado en 2022.

El Fondo también se ha pronunciado sobre la intención del Gobierno de hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. Aunque no se opone a esta medida, el FMI ha sido crítico con el diseño de estos dos impuestos, ya que no gravan exclusivamente los beneficios caídos del cielo, sino todo su montante de ingresos. "La base imponible no tiene una definición clara sobre los beneficios extraordinarios", ha advertido el jefe de la misión a España del FMI, Romain Duval, durante la presentación del informe.

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El Fondo considera que el Gobierno debería rediseñar los dos impuestos antes de hacerlos permanentes para evitar que generen efectos distorsionadores sobre las decisiones de las empresas. El Ejecutivo ya ha anunciado que introducirá beneficios fiscales en el impuesto a las energéticas para premiar sus inversiones productivas. Sin embargo, pretende tramitar sin cambios el de la banca. El Fondo propone establecer beneficios fiscales a los bancos que tengan colchones de capital anticíclicos positivos, lo que serviría para mejorar la capitalización del sistema financiero nacional.

En cualquier caso, el FMI considera que estos dos impuestos deben formar parte de un debate público integral sobre la fiscalidad en España y las prioridades de gasto. Un debate que debería incorporar también las revisiones del gasto público para mejorar la eficiencia de los presupuestos de las distintas administraciones. Un debate que ni está ni se le espera.