Las energéticas temen que el Gobierno sea incapaz de aprobar la rebaja del impuestazo

Las energéticas se han puesto en guardia desde que conocieron en la noche de este miércoles que no habrá Presupuestos Generales del Estado este 2024. El adelanto electoral en Cataluña llevó a Pedro Sánchez a desistir de su propuesta de tener unas cuentas públicas este año y pidió centrarse ya en las de 2025, que habrán de empezar a tramitar antes del verano.

La cuestión afecta directamente a las compañías (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa, BP, Galp, Disa o Acciona), ya que el Real Decreto-ley 8/2023 incluyó el compromiso de rebajar el gravamen temporal a las energéticas a cambio de inversiones estratégicas en transición verde.

Concretamente, el texto del decreto anticrisis decía que "prevé el establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación a los obligados al pago en el sector energético por las inversiones estratégicas que sean esenciales para la transición ecológica en nuestro país, tales como el almacenamiento energético, nuevos combustibles renovables -como el biogás, el biometano o el hidrógeno verde- y sus posibles infraestructuras de red asociadas, así como inversiones asociadas a cadena de valor nacional y europea, para contribuir a la autonomía estratégica, que realicen desde el 1 de enero de 2024 en relación con las magnitudes a considerar respecto del año mencionado".

Al decaer las cuentas de este año, también decae el compromiso del Gobierno, por lo que las compañías creen que aumenta aún más la incertidumbre fiscal. Sin embargo, desde las empresas muestran sentimientos encontrados. Por un lado, confían en que el Ejecutivo mantenga su compromiso y, pese a suspenderse los presupuestos de este año, busque otras vías para permitir a las compañías que reduzcan la carga impositiva con inversiones.

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Según explican, cualquier otra norma de rango legal serviría para introducir esta medida. Concretamente, apuntan o bien al proyecto de ley en que se transformó el Real Decreto-ley 8/2023 en su aprobación en enero. O también creen que las cuentas de 2025, si se aprueban antes de finalizar el año, puedan incluir esta medida, que permitía que las deducciones abarcaran todo lo invertido en transición desde el pasado 1 de enero.

Temen la ingobernabilidad

El problema para las compañías es que ven cada vez más complicado que el Gobierno de Pedro Sánchez sea capaz de sacar una ley con la mayoría suficiente, a la vista del endiablado calendario electoral que tiene por delante. Tanto en las elecciones vascas, como sobre todo en las catalanas, el partido socialista va a jugar un papel decisivo, según apuntan las encuestas y los últimos resultados en esos territorios, por lo que la política de pactos que aplique puede que acabe afectando al difícil equilibrio que mantiene en el Congreso de los Diputados.

El problema para las compañías es que ven cada vez más complicado que el Gobierno sea capaz de sacar una ley con la mayoría suficiente

Dependiendo de a qué partido nacionalista o independentista apoye para formar gobiernos autonómicos, también puede que los perjudicados de la política de pactos compliquen su voto en Madrid. El pasado domingo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, señaló que veía difícil que la legislatura durara cuatro años, según una entrevista en El Diario Vasco.

Junts ha sugerido este jueves que el adelanto electoral estaba coordinado entre ERC y PSOE para dejar en fuera de juego a Carles Puigdemont. Un campo lleno de minas para el Gobierno de Sánchez que las energéticas creen que puede acabar por salpicarles, si no consiguen modificar el gravamen, ampliado ya a 2025.

Empresas cargan contra los impuestos

Mientras tanto, desde las compañías vienen tiempo atrás denunciando la alta carga de impuestos y la incertidumbre e inestabilidad política y fiscal en España. Repsol, Iberdrola y Endesa han cargado contra la tasa que pagan desde 2023 en la última presentación de sus resultados en febrero. Previamente, Repsol incluso amenazó con trasladar sus inversiones fuera de España si se hacía permanente el impuesto, como pactó el PSOE con Sumar.

Fue el PNV, partido de Gobierno en Euskadi -donde tiene su sede social Iberdrola-, quien pidió al Gobierno que modulara el gravamen. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, fue presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) hasta 2008, cuando saltó a Petronor. Ahora, sin embargo, la incertidumbre crece y las compañías siguen dejando mensajes al Gobierno.

Iberdrola anunció la pasada semana su intención de hacerse con el 18% que aún no controla de Avangrid, su filial en EEUU, por 2.280 millones de euros. Según apostilló la compañía en un documento enviado al mercado "la operación se enmarca en la estrategia de Iberdrola de ampliar su presencia e inversión en mercados con una robusta calificación crediticia y con alto potencial para las inversiones en el negocio de redes".

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Este mensaje llega después de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señalara que la carga fiscal en España "no tiene sentido" y que una situación así no es interesante para invertir en España. Un alto directivo de una de las grandes eléctricas señala que ya se habían iniciado conversaciones a nivel informal con la Administración para delimitar qué inversiones podrían deducirse y cuáles no.

Todo estaba encaminado a una aclaración de este punto cuando esto se definiera en los Presupuestos Generales del Estado de este año, algo que ya no habrá. Con el compromiso escrito negro sobre blanco en el real decreto ya decaído, ahora esperan que el Ejecutivo se siga sintiendo en la responsabilidad de sacar esta medida adelante. Pero aun con el deseo del Ejecutivo de cumplir, temen que este no sea capaz de seguir logrando acuerdos.