El Gobierno activa el plan que acabará con el monopolio de la CEOE en el diálogo social

La promesa se plasma esta vez negro sobre blanco. Tras varias reuniones con la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) y un compromiso hasta ahora incumplido, Yolanda Díaz parece dispuesta a abrir definitivamente el diálogo social a nuevos actores, aun a costa de recrudecer el malestar de CEOE y Cepyme. O precisamente por ello. Los empresarios, que acumulan una larga lista de agravios con Díaz, se oponen a que el Ministerio de Trabajo legitime a otras organizaciones patronales para ejercer la interlocución con el Gobierno y los sindicatos, pero el departamento dirigido por la líder de Sumar lo tienen previsto hacer este mismo año. Así lo recoge el Plan anual normativo 2024, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Este documento, presentado el martes por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, contiene todas las normas que el Gobierno espera aprobar a lo largo del ejercicio, a propuesta de los diferentes departamentos. Y, aunque Bolaños no hizo ninguna referencia a la cuestión, la polémica —y siempre aplazada— reforma de la representatividad de las organizaciones empresariales está entre los planes del Ejecutivo.

Se trata de un compromiso adquirido por el Gobierno durante la pasada legislatura, pero que nunca se había recogido en un documento oficial, más allá de una referencia en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar. "Se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos", decía aquel texto.

Ahora, esa voluntad se ha traducido en un plan explícito del Ejecutivo: la aprobación durante este año de la Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, que tendrá como proponente al Ministerio de Trabajo. El objetivo de la norma será "desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional", según señala el documento. En otras palabras: favorecer que las mesas se abran a la competencia de outsiders.

La referencia a las pequeñas y medianas empresas no resulta casual. Es ahí donde está el meollo de la controversia

La referencia a las pequeñas y medianas empresas no resulta casual. Es ahí donde está el meollo de la controversia, habida cuenta de que ya existe una patronal relevante en este ámbito, más allá de Cepyme, la marca de la CEOE. Se trata de Conpymes, una organización que se presentó hace ahora casi tres años con la presencia de la propia Díaz y de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Aquel acto causó un gran revuelo en el mundo empresarial, ya que fue interpretado como la puesta de largo de la patronal progresista que estaría promoviendo el Ejecutivo para restar poder a la patronal conservadora dirigida por Antonio Garamendi.

Nada más lejos de la realidad. Desde entonces, el presidente de Conpymes, José María Torres, ha escuchado promesas desde todos los ámbitos del poder político —no solo desde el Ministerio de Trabajo— que jamás se han llevado a la práctica. La desconfianza de la patronal de pequeñas y medianas empresas ha ido en aumento a medida que transcurrían los meses y los avances no llegaban, hasta el punto de que decidió sumar a la vía política otra judicial. La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las subvenciones de 30 millones de euros concedidas a dedo a CEOE, Cepyme y UGT para impartir cursos de formación supuso un aldabonazo a la estrategia de Conpymes, que desde entonces confía en ser reconocida por la fuerza de los hechos.

Desde la patronal outsider siempre han negado cualquier relación con Díaz y, pese a que reconocen que apoyan un capitalismo social, aseguran que coinciden en la mayoría de reivindicaciones con CEOE y Cepyme. Lo que les diferencia, aseguran, es que esta última no es más que un apéndice de la primera, por lo que no representaría realmente los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Desde el entorno de la patronal oficial, en cambio, se ha caricaturizado a Conpymes como una organización independentista, ya que surgió a partir de Pimec, una organización catalana de pymes que sí ha sido reconocida en el seno del diálogo social en su comunidad —además de en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC)—, igual que la balear Pimeb.

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Para que esto ocurra en el conjunto del país, es imprescindible que se le atribuya a la entidad en cuestión la representatividad suficiente. El Estatuto de los Trabajadores la fija en un umbral muy concreto: "Se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal". Sin embargo, el Gobierno nunca ha emprendido el desarrollo normativo para establecer cómo se realiza ese conteo, que deberá ir en línea con los criterios "objetivos y proporcionados" señalados en una recomendación del Consejo Europeo de junio de 2023.

Conpymes considera que ya cumple los requisitos, y lleva tres años pidiendo que se pongan las cartas encima de la mesa para medir fuerzas. Además de Pimec y Pimeb, la organización de José María Torres integra a entidades de varias provincias de Castilla y León y de las ciudades autónomas, pero su mayor fuerza reside en las sectoriales, con asociados tan fuertes como COAG (agricultura), Fenadismer (transporte), Uatae (autónomos) o Anpier (energía fotovoltaica).

Sin apoyos asegurados

La ley que ahora se compromete a aprobar el Ejecutivo aspira a cubrir ese vacío, pero no lo tendrá fácil. Con toda seguridad, contará con la oposición de la CEOE. Desde hace meses, Garamendi ha denunciado que se suceden los cambios encubiertos del Estatuto de los Trabajadores sin pasar por el diálogo social, que sobrepasarían la reforma laboral acordada en 2021. Este sería uno más. En el ámbito político, todavía está por ver si Díaz cuenta con los apoyos suficientes —así en el Consejo de Ministros como en el Parlamento— para sacarlo adelante.

Actualmente, en el diálogo social bipartito solo se sientan CEOE y Cepyme, por el lado de la patronal, y CCOO y UGT, por el de los sindicatos, a los que se suma el propio Gobierno cuando la mesa es tripartita. De todos ellos, ninguno se ha pronunciado abiertamente a favor de la inclusión de nuevos actores en estos foros, donde se dirimen asuntos como la negociación colectiva o las leyes y decretos que afectan al ámbito sociolaboral. Las más importantes contemplados en el Plan anual normativo 2024 son la hasta ahora fallida reforma del subsidio asistencial de desempleo —esencial para recibir los 10.000 millones de euros del cuarto pago de los fondos europeos—, la ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 o el llamado estatuto del becario, que ya quedó pendiente tras el adelanto electoral de la pasada legislatura.