Díaz mete en la agenda del Gobierno el plan para que los sindicatos entren en los consejos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social pretende aprobar este mismo año una ley para que miembros de los sindicatos participen y propongan candidatos para los consejos de administración de las empresas. El departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere llevar al Consejo de Ministros ya en 2024 la que ha denominado como "Ley de Democracia en la Empresa", según expone el Plan Anual Normativo 2024, al que ha tenido acceso El Confidencial.

El objetivo expresado por el departamento bajo dominio de la líder de Sumar es "impulsar una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución". La idea de Díaz es que si los sindicatos participan en el órgano de máxima decisión de las empresas. Según argumenta, que los representantes de los trabajadores pueden servir de contención para potenciales deslocalizaciones.

También para ejercer de contrapeso en la cúpula o para decidir sobre dividendos o lo que considera sueldos "abusivos" de los directivos, que se elevan hasta 54 veces por encima de la media salarial de los trabajadores en el Ibex 35, señaló la ministra hace dos meses. En este sentido, pone de ejemplo el funcionamiento de empresas como Navantia, en cuyo consejo hay dos miembros escogidos por los sindicatos, o el modelo alemán, donde asegura que hay un modelo de más participación de los trabajadores en las decisiones corporativas.

El Plan Anual Normativo 2024 fue aprobado este mismo martes por el Consejo de Ministros. Según explica el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dicho documento oficial "contienen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante dicho año natural al Consejo de Ministros para su aprobación". El programa de este año busca aprobar casi 200 normas. El año pasado, "el 52% de las 117 iniciativas normativas incluidas en el Plan Normativo de 2023 se han aprobado o están en tramitación, a pesar de los conflictos geopolíticos y de la coyuntura electoral", según ha resaltado el ministro Félix Bolaños".

Tras aprobarse el plan anual normativo para 2024, Sumar ha movido ficha en el Congreso de los Diputados, según publica Europa Press. El grupo parlamentario de Yolanda Díaz ha registrado una proposición no de ley para debatir en las Cortes con el mismo objeto que la ley que prevé aprobar este año y que había incluido previamente en el plan normativo del Gobierno.

De esta manera, Yolanda Díaz da un paso más en su objetivo de dar más poder a los sindicatos en las empresas, un planteamiento que ya ha sido rechazado por la patronal CEOE, que creía que este es un punto de negociación bilateral en el seno de las compañías donde el Gobierno no debería intervenir. La principal organización de empresarios señala que el ecosistema corporativo español es muy distinto al de otros países europeos, ya que el 95% de las empresas son pymes o autónomos, por lo que considera que no es comparable.

Ya en mayo de 2022, la vicepresidenta puso esta controvertida cuestión encima de la mesa. "La democracia debe llegar al mundo empresarial"

Ya en mayo de 2022, la vicepresidenta del Gobierno puso esta controvertida cuestión encima de la mesa. Tras las celebraciones del Día del Trabajo hace casi dos años, proclamó que reuniría a los agentes sociales para abordar esta cuestión. "La democracia tiene que llegar al mundo empresarial", expresó la vicepresidenta.

Posteriormente, esta reforma fue incluida en el acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar que firmaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propia Díaz. "En línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas", aseguraba este documento hecho público a finales de octubre.

El alegato de Díaz en el Congreso

La última vez que la titular de Trabajo se refirió a esta cuestión en detalle fue en la Comisión de Trabajo celebrada en el Congreso de los Diputados a finales de enero. "Vamos a abordar la necesaria democratización de la estructura empresarial de nuestro país. Vamos a hacer algo tan sencillo como cumplir con el mandato constitucional, concretamente con el artículo 129, apartado 2, de la Constitución española, que nos dice literalmente: «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa…».

"Es un poco extraño que desde el año 1978 hasta hoy no se haya hecho nada en esta materia más que regular a los representantes de participación y de negociación en las empresas. Es muy llamativa la ausencia de cumplimiento constitucional en esta materia. Están a su disposición los trabajos que hemos hecho en la Presidencia española —que son muy importantes— y también la directiva a la que nos obligamos para los próximos años, y les informo de que dieciocho Estados miembros de la Unión ya practican diferentes fórmulas en este sentido. Miro hacia los diputados de Euskadi, donde tienen también fórmulas de participación de estas características. Incluso alguna empresa pública también tiene esta participación, pero es verdad que son singularidades en nuestro país" añadía la ministra de Trabajo.

Díaz: "Los consejos de administración se toman muchas decisiones no por el interés empresarial sino por el interés de los dividendos"

"Por tanto, hay que abordar el cambio de organización empresarial en las empresas medianas y en las grandes, y también ir transitando hacia las empresas transparentes y las participadas. No solo es una cuestión de calidad democrática, que lo es, sino también de eficiencia empresarial y de la mejora de la productividad, como por ejemplo nos demuestran algunos modelos de relaciones laborales como el alemán. Como saben, en Alemania lleva vigente este modelo de cogestión —como lo denominan ellos— desde el año 1976. Y si queremos convertirnos en una potencia industrial europea verde, aprovechando el impulso de las renovables, tenemos que tener modelos de organización empresarial que sean más acordes", argumentaba.

"En definitiva, vamos a impulsar la democracia en las empresas para que también las personas trabajadoras participen en la toma de las decisiones empresariales. Siempre digo lo mismo, que si en algunas empresas de alguna comarca de nuestro país los trabajadores y las trabajadoras formaran parte de los consejos de administración y por ejemplo tuvieran que decidir si hay que deslocalizar una empresa, estoy segura de lo que pasaría en esa votación. Nadie mejor que un trabajador o una trabajadora para defender a sus empresas. Como saben también en los consejos de administración se toman muchas decisiones no por el interés empresarial sino por el interés de los dividendos que generan alguna de esas decisiones. Por tanto, vamos a cumplir con el artículo 129.2 de la Constitución" concluía Yolanda Díaz a este respecto.

CEOE, contra el "intervencionismo"

El Gobierno prevé la aprobación de esta ley en un año en que el Ejecutivo ha sido acusado en reiteradas ocasiones de intervencionismo. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, señaló en enero que "el intervencionismo de Díaz es de república bananera". Esta proposición normativa llega en pleno desembarco el Gobierno en Telefónica. La SEPI ya ha comprado el 3% del capital de la operadora y pretende llegar hasta el 10%, lo que supone la vuelta del Estado a la principal empresa de telecomunicaciones del país 25 años después de su privatización. Poco antes, el Gobierno aumentó su participación en Indra. Además, el Ejecutivo ha levantado una ley antiopas desde la pandemia para poder condicionar la entrada de inversores extranjeros en el capital de compañías españolas.

Los últimos que tendrán que pasar este filtro serán los inversores húngaros de Magyar Vagon, que pretenden comprar el fabricante de trenes Talgo. El Gobierno ya ha expresado su oposición a la operación. Según ha explicado, su participación en empresas estratégicas trata de salvaguardar los intereses nacionales y advierte que otros países como Francia, Alemania o Italia también tienen destacadas participaciones en compañías públicas.