Conpymes explotará la vía judicial para hacerse un hueco en el diálogo social

El 21 de mayo de 2021 se armó un gran revuelo en el empresariado español. La mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acudieron al acto de presentación de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), la organización que quiere romper el monopolio de CEOE-Cepyme como representante de la patronal en el diálogo social. Entonces, algunas voces interpretaron que se trataba de un espaldarazo explícito del Gobierno a su reconocimiento como interlocutor. Casi tres años después, Conpymes sigue siendo un outsider en el ámbito nacional: va creciendo en representatividad en numerosos territorios y sectores, pero, de momento, aún está lejos de conseguir su objetivo. Sin embargo, va logrando algunos triunfos, que espolean a la entidad de pymes y autónomos en su doble estrategia: por un lado, la batalla política y, por el otro, la judicial.

Mientras la primera no acaba de avanzar con pasos tangibles, la segunda dejó una noticia de calado el pasado 23 de enero: el Tribunal Supremo anuló una subvención directa de más de 30 millones de euros que el Ministerio de Educación había concedido a CEOE, Cepyme y el sindicato UGT para gestionar cursos de digitalización. El alto tribunal anuló el real decreto al considerar que los fondos asignados a tal efecto deberían haberse repartido a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, al no acreditarse las circunstancias excepcionales que justificaban hacerlo a dedo: lo peor de la pandemia y la guerra en Ucrania, decía el Supremo, ya había quedado atrás, por lo que no podían asignarse los recursos con el mismo criterio con el que se hizo en una primera convocatoria en 2020, y que contraviene la Ley General de Subvenciones.

El asunto llegó a los tribunales de la mano de Conpymes, que enseguida se ha atribuido la sentencia como una victoria de cara a sus aspiraciones, y ahora espera el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, que será quien señale el camino al Gobierno: en un principio, Educación transmitió a CEOE, Cepyme y UGT que los cursos se podrían seguir impartiendo, pero también existe la posibilidad de que se tengan que interrumpir y que las tres organizaciones deban devolver la subvención. En Conpymes esperan que el informe de la Abogacía del Estado llegue de forma inminente, y que les vuelva a dar la razón, mientras que desde la CEOE declinan hacer declaraciones sobre procesos judiciales.

Pese a que la sentencia no se pronuncia sobre la legitimidad de la Confederación Nacional de Pymes para acceder al diálogo social, sus dirigentes consideran que avala el camino emprendido hace tres años. Y, sobre todo, dibuja el que falta por recorrer para arrebatarle a los actuales interlocutores el monopolio en las negociaciones con el Gobierno y los sindicatos. Fuentes de la organización presidida por José María Torres —fundador de la empresa tecnológica Numintec— aseguran que explotarán la vía judicial para que se les acabe reconociendo. Y recuerdan que en Cataluña fueron admitidos en el diálogo social tras más de una década de lucha y ocho procesos en los tribunales, en este caso a través de Pimec, de la que el propio Torres es vicepresidente. Con la decisión del Supremo en la mano, Conpymes, añaden, recurrirá a partir de ahora todas las convocatorias que se asignen a dedo a patronal y sindicatos, convencidos de que la sentencia sentará jurisprudencia.

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La vía política

En paralelo a la estrategia en los tribunales, la organización de pymes y autónomos continuará con la vía política. La cabeza visible de Conpymes lleva tres años llamando a la puerta de todos los despachos, donde siempre ha recibido, aseguran, buenas palabras sobre la necesidad de democratizar el diálogo social. Esta empatía no entiende de colores políticos, precisan las mismas fuentes, que se esfuerzan por desligar a la organización de cualquier operación de la izquierda y remarcan que comparten con la patronal oficial aspectos básicos, como la oposición a la subida del salario mínimo interprofesional sin que se produzca una indexación de los contratos públicos. La diferencia, más que ideológica, estaría en qué intereses defienden: al formar parte de CEOE, dicen, Cepyme no puede apoyar de forma independiente los de las pequeñas y medianas empresas.

Torres se ha reunido con Díaz y Sánchez, además de con otros miembros del Gobierno —la semana pasada, sin ir más lejos, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres—, pero también con los presidentes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, o con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Incluso fue invitado a la jura de la Constitución de la princesa Leonor, como reflejo de la buena relación que mantiene con la presidencia del Congreso, la socialista Francina Armengol —Baleares es el otro territorio donde Conpymes participa en el diálogo social, a través de Pimeb—, y el del Senado, el popular Pedro Rollán. A escala comunitaria, acudió a unas jornadas en el Parlamento Europeo de la mano del diputado de Ciudadanos Jordi Cañas.

Pero nada de esto le ha servido hasta ahora para obtener un asiento en las mismas mesas que UGT, CCOO, CEOE y Cepyme (diálogo bipartito), a las que en ocasiones se une el Gobierno (diálogo tripartito). En el diálogo social a escala nacional se dirimen cuestiones tan relevantes como la reducción de la jornada laboral o la reforma del subsidio asistencial de desempleo, por poner dos ejemplos de actualidad. La relación del presidente de Conpymes con la patronal oficial es inexistente, por no decir tensa, mientras que el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, sí lo ha recibido, algo que no ha ocurrido con su homólogo de UGT, Pepe Álvarez.

El supuesto espaldarazo de Yolanda Díaz y Begoña Gómez apenas se ha traducido en compromisos concretos

El supuesto espaldarazo de aquel lejano 21 de mayo de 2021 se ha traducido en un sinfín de dimes y diretes, pero pocos compromisos concretos. El único reciente fue la inclusión del siguiente punto en el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar: "Se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos".

Esta es, precisamente, la principal reivindicación de Conpymes desde su fundación: el establecimiento de una norma clara que determine quién es representativo y quién no dentro del mundo de la empresa. En otras palabras: poner las cartas boca arriba, contar y actuar en consecuencia. La organización se agarra a la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que versa sobre la representatividad institucional de los empresarios: "Se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal". Además de la fuerza de Pimec en Cataluña y de otras entidades que se ha ido integrando en varias provincias de Castilla y León o las ciudades autónomas, Conpymes cumpliría esa cuota, aseguran las mismas fuentes, gracias a su poder en algunos sectores, con asociados tan fuertes como COAG (agricultura), Fenadismer (transporte), Uatae (autónomos) o Anpier, que reúne a más de 5.000 productores de energía fotovoltaica.

En la misma línea, una recomendación del Consejo Europeo sobre el refuerzo del diálogo social en la UE emitida en junio de 2023 reza lo siguiente: "En algunos Estados miembros, el reconocimiento se limita a aquellas organizaciones que cumplen criterios específicos de representatividad. Dichos criterios deben ser objetivos y proporcionados y deben establecerse en consulta con los interlocutores sociales". El problema es que en España no existen esos parámetros, a falta de un desarrollo legislativo que establezca cómo hacer el conteo que determine la representatividad. El responsable de impulsar ese marco jurídico es el ministerio de Trabajo, pero de momento no se ha atrevido a abrir el melón. Si así sucediese, otras organizaciones, y no solo Conpymes, podrían entrar en el diálogo social, dando lugar a un vuelco histórico en las relaciones de poder de consecuencias imprevisibles.

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Acudirán a Europa

Después de que el ministerio hubiese escurrido el bulto por las buenas, la organización de pequeñas y medianas empresas y autónomos presentó en abril de 2022 un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para reclamar que se les incluya en el diálogo social por la vía de la notoriedad, que es por la que entraron en su día CEOE y Cepyme. En otras palabras: ya que no ha habido un desarrollo legislativo que estipule cómo se llega al 10% que marca el Estatuto de los Trabajadores, Conpymes solicitaba a la Justicia ser añadido a las mesas de negociación con base en la importancia que ya tiene, y que ya ha sido reconocida a algunos de sus asociados en los foros territoriales (Cataluña, Baleares) o sectoriales (transporte, agro). "La condición de más representativo ha sido reconocida a otras organizaciones empresariales sin exigencia alguna de acreditación concreta de dicha condición, por lo que una mayor exigencia a nuestra organización es claramente una vulneración del principio de igualdad ante la ley", rezaba el escrito.

De momento, no ha habido pronunciamiento judicial, y tampoco los políticos han movido ficha, pese a las declaraciones contradictorias de Díaz al respecto. De mantenerse la situación, las fuentes consultadas aseguran que llevarán la controversia al Comité Económico y Social, un órgano consultivo de la UE en materia de relaciones laborales, y de ahí al Parlamento Europeo. También recurrirán la sentencia, si es desfavorable, en todas las instancias que haga falta, incluidos los tribunales comunitarios.

Sin embargo, Conpymes no mantiene, como confederación, relaciones con las patronales de otros países, ni forma parte de SME United, que representa a las pequeñas y medianas empresas a escala europea. La estrategia, de momento, es que sean los diferentes afiliados, como Pimec, quienes formen parte de esos foros. De hecho, la patronal catalana de pymes, así como la de Baleares, convive con Cepyme y ATA —también ligada a la CEOE— en la organización supranacional.