Los afines a Díaz estarán en minoría en el órgano clave para la reducción de la jornada laboral

Yolanda Díaz no lo tendrá fácil para que sus ideas aparezcan reflejadas en los informes del Consejo de la Productividad. El nuevo órgano consultivo, que echará a andar en los próximos meses, estará dominado por una mayoría nombrada, directa o indirectamente, por el ala socialista del Gobierno, según se desprende del proyecto de real decreto que el Ejecutivo sacó este jueves a audiencia pública. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha salido derrotada frente al Ministerio de Economía, que jugará el papel preponderante en la formación de una instancia clave para el proyecto estrella de Díaz durante esta legislatura: la reducción de la jornada laboral, desde las 40 horas actuales a 37,5 en 2025.

El Consejo estará adscrito al departamento dirigido por Carlos Cuerpo, que sufragará sus gastos y garantizará el apoyo logístico y material necesario para realizar sus funciones, centradas en el "diagnóstico y análisis de la evolución de la productividad y la competitividad y sus implicaciones distributivas en España". Sin embargo, será un órgano independiente, que funcionará "con autonomía funcional respecto de las autoridades encargadas de la concepción y aplicación de políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad en nuestro país". En otras palabras: no responderá a los designios de Economía, sino a unas dinámicas propias fijadas por los miembros de la institución, tal y como establece la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2016 que insta a la creación de estos órganos en los países comunitarios.

La clave, por tanto, está en saber quiénes son esos miembros. Y es ahí donde se prevé que la ortodoxia del ministerio liderado hasta hace muy poco por Nadia Calviño tenga una mayor fuerza que las tesis promovidas por el autodenominado nuevo laborismo de Díaz. El titular de Economía podrá nombrar al presidente del Consejo, que debe ser "una persona de reconocida competencia en asuntos económicos". La ministra de Trabajo, por su parte, podrá nombrar al vicepresidente, que deberá cumplir la misma exigencia, vagamente definida en el real decreto. Otras imprecisiones similares han causado problemas recientemente en instituciones como el Consejo de Estado, donde el Gobierno tuvo que proponer a Carmen Calvo como presidenta después de que el Supremo anulase el nombramiento de Magdalena Valerio, al considerar que no era una jurista "de reconocido prestigio".

Pero el verdadero quid de la cuestión está en el nombramiento de los otros 10 representantes con derecho a voto. El ala socialista se asegura la designación de tres vocalías, a través de propuestas a dedo del Ministerio de Hacienda ("entre quienes tengan reconocida competencia en asuntos económicos"), el de Ciencia, Innovación y Universidades ("entre quienes tengan reconocida competencia en materia de innovación") y el de Transformación Digital y Función Pública ("entre quienes tengan reconocida competencia en computación e inteligencia artificial"). En definitiva: un tercio de los 12 miembros de Consejo, entre ellos su presidente, serán designados directamente por departamentos controlados por el PSOE, frente a uno reservado para la vicepresidencia de Sumar.

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El Banco de España también podrá elegir a un componente, entre la plantilla de su Dirección General de Economía y Estadística. El gobernador del regulador nacional, Pablo Hernández de Cos, ha advertido recientemente sobre los riesgos de tomar "decisiones políticas erróneas" en torno a legislación de las horas de trabajo: una reducción que no tenga en cuenta la productividad ni la heterogeneidad de los sectores, ha dicho, podría provocar efectos negativos sobre el empleo. El mandato de De Cos acaba en junio de este año, cuando será sustituido por un candidato a propuesta del presidente del Gobierno.

Por su parte, el Consejo Económico y Social (CES) —máximo órgano asesor del Gobierno en materia sociolaboral— estará representado en la nueva institución por su presidente, en este caso el economista Antón Costas. Este cargo, a su vez, es elegido a partir de una propuesta conjunta de los ministros de Trabajo, Seguridad Social, Economía y Hacienda, según contemplan los estatutos del CES.

Además de estos siete miembros, que teóricamente desarrollarán su trabajo con la autonomía exigida por Bruselas, el real decreto contempla la elección de otros cinco vocales "independientes", según el término usado en el texto legal. Su designación no depende directamente del Gobierno ni de ninguna institución, sino de los propios presidente y vicepresidente del Consejo. El primero podrá proponer a tres y el segundo a dos, "entre expertos de reconocido prestigio académico en el ámbito económico". Cada uno de los candidatos deberá ser refrendado por cuatro votos de los otros siete miembros.

El diseño del decreto abre la puerta a que algún economista heterodoxo pudiese ser vetado por los representantes elegidos por el ala socialista

He aquí la otra salvaguarda para las tesis más próximas al ala socialista del Gobierno: simplemente con el sí de los representantes designados a dedo por Economía, Innovación, Hacienda y Transformación Digital, los candidatos propuestos por el presidente del Consejo saldrán adelante. En cambio, los propuestos por el vicepresidente, teóricamente con una sensibilidad más próxima a los postulados de Díaz, necesitarán el visto bueno de al menos dos representantes elegidos por los departamentos socialistas, además del vocal del Banco de España y del presidente del CES. Aunque la conformación de este tipo de órganos suele estar presidida por la cortesía, y los candidatos casi siempre son refrendados por mero trámite, el diseño del real decreto abre la puerta a que la elección de algún economista heterodoxo pudiese ser vetada por el presidente y los tres vocales elegidos por los ministros del PSOE.

En todo caso, resulta evidente que las ideas próximas a Sumar estarán en minoría: de los 12 miembros con derecho a voto, siete serán nombrados directa o indirectamente por los departamentos socialistas, tres por Trabajo, uno por el Banco de España y el último será el presidente del CES. Además, otros dos corresponderán a las organizaciones sindicales (previsiblemente UGT y CCOO) y empresariales (CEOE y Cepyme) más representativas, pero solo tendrán voz. Los mandatos se prolongarán durante cinco años, así que este equilibrio se mantendrá durante toda la legislatura, independientemente de que puedan cambiar los nombres.

Hay mucho en juego

El asunto no es baladí. Tanto Sumar como el Ministerio de Trabajo han puesto mucho empeño durante los últimos meses en la constitución del Consejo, que ya se recogía en el acuerdo de gobierno firmado en octubre con el PSOE: "Crearemos el Consejo Nacional por la Productividad, emulando el que ya tienen varios países europeos, para que se encargue de su monitorización y establezca recomendaciones de actuación para alcanzar los objetivos previamente fijados en dicha Estrategia [Integral de Productividad]". La vicepresidenta segunda no introdujo esta reivindicación hasta la campaña electoral para las elecciones generales del pasado 23 de julio, pese a que el Consejo de la Unión Europea había establecido el 20 marzo de 2018 como fecha límite para cumplir la recomendación. España es uno de los pocos Estados miembros que aún no cuenta con este órgano.

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Más de un lustro después del plazo marcado por Bruselas, la ministra recuperó la idea como aval a varias de sus líneas maestras para la presente legislatura: los nuevos usos del tiempo, con una reducción de la jornada laboral, el incremento del tamaño medio de las empresas y la participación de los trabajadores en los consejos de administración, el coto a los márgenes empresariales o la mejor distribución de los beneficios entre patrones y trabajadores. Todos ellos están directamente relacionados con la productividad, uno de los problemas estructurales de la economía española, tras dos décadas estancada.

Economía comparte el diagnóstico, y, ya sin Calviño al frente, ha conseguido consensuar con Trabajo la creación de este órgano. Sin embargo, las recetas del departamento de Cuerpo son mucho más prudentes, y se focalizan en generar un entorno que favorezca el crecimiento empresarial antes que en intensificar las regulaciones. "Tenemos un acuerdo de Gobierno para seguir avanzando en la reducción de jornada, pero creo que es clave hacerlo manteniendo un cierto nivel de flexibilidad, y precisamente eso está relacionado con el tamaño empresarial que tenemos", decía el ministro esta semana a Expansión.

La brecha de productividad con la Unión Europea y la OCDE (el club de los países ricos) no ha parado de aumentar durante los últimos años, como se recoge con detalle en este artículo. Sin embargo, hasta ahora el asunto se ha matenido alejado del debate nacional, y había que acudir a algunos centros de estudios, como la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), para obtener datos y análisis fidedignos. Por fin, el Consejo dispondrá de fondos públicos para estudiar este gran desafío para la economía española, y reflejará sus hallazgos en diferentes informes, amén de uno anual que deberá ser presentado por su presidente ante el Congreso de los Diputados.

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Aunque no se trata más que de un órgano consultivo, el proyecto de real decreto pone de relieve la importancia que tendrá a la hora de fijar los criterios de las mejores políticas públicas en este ámbito: "El Consejo tendrá capacidad y medios para publicar sus informes, análisis y opiniones, con la periodicidad que considere oportuno. Realizará opiniones públicas en materia de política económica orientadas a la mejora de la productividad y la competitividad de la economía". De ahí la importancia de su composición, que condicionará la acción de gobierno hacia uno u otro lado, dando y quitando razones.

No hay que olvidar que Díaz ya se dotó en su día de una Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo, que le sirvió de paraguas para avalar sus alzas, a veces en franco enfrentamiento con Economía. Uno de los miembros de este órgano que hoy duerme el sueño de los justos era el propio Carlos Cuerpo. El sucesor de Calviño ha jugado bien sus cartas en la negociación con Trabajo, que ha cristalizado en un real decreto cuya audiencia pública acaba el 14 de marzo. De ahí pasará al Consejo de Ministros lo antes posible, aseguran fuentes de Economía. Solo entonces empezará el casting para elegir a los componentes de la institución que se pronunciará sobre la reducción de la jornada laboral. Esta vez, Díaz lo tendrá aún más difícil.