¿Crecer o repartir? El dilema al que se enfrenta la política en plena ola populista

El populismo atraviesa Occidente en un escenario que ofrece pocos motivos para la esperanza. La salida de la Gran Recesión, traumática para muchas economías —entre ellas, la española—, y las consecuencias de la hiperglobalización, especialmente visibles durante la crisis del covid y la actual espiral inflacionista, han dejado a amplias capas de la población a merced de las recetas sencillas de líderes providenciales. Para conjurar esta amenaza, los expertos del Observatorio Económico de El Confidencial y Mapfre Economics consideran que es necesario refundar el contrato social, roto desde hace años para una parte significativa de los votantes, pero sin sacrificar el crecimiento, imprescindible como fuente de progreso económico y financiación del estado de bienestar.

¿Crecer o repartir? Las dos respuestas a este dilema no resultan excluyentes, pero el énfasis en uno u otro elemento condicionará las políticas de los próximos años. De hecho, ya lo está haciendo, con cambios significativos en las prioridades de los gobernantes europeos y norteamericanos desde que la pandemia y la guerra en Ucrania pusiesen de manifiesto la fragilidad de sus sociedades. Manuel Muñiz, provost del Instituto de Empresa (IE) y secretario de Estado de España Global en 2020 y 2021, cree que se necesita mucha más ambición. "Estamos viviendo un proceso de implosión democrática desde dentro, de fractura social. La situación política y la económica se vinculan, y el vaciado del centro de la distribución de la renta vacía el centro político", reflexiona. Aunque no solo. Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, matiza que la depauperación de las clases medias es, a menudo, una mera excusa para el discurso autocrático del populismo.

Los ejemplos abundan. El trumpismo en Estados Unidos o el auge de la ultraderecha de Marine Le Pen en Francia y de AfD en Alemania se han nutrido de votantes de capas medias o populares venidos a menos, como refleja la mayor fortaleza de estas opciones políticas en los territorios deprimidos, especialmente los afectados por las deslocalizaciones industriales hacia los países emergentes. Y esto ha ocurrido en un momento de crecimiento económico, como el que se ha producido —de forma solo interrumpida por la pandemia— en la última década, especialmente en Estados Unidos. "No es solo una cuestión de prosperidad, sino de distribución de la abundancia", añade Muñiz.

En España, la desigualdad también ha aumentado durante los últimos años, y las medidas contra la inflación no han servido para atajarla, según denunció recientemente el Banco Central Europeo. Sin embargo, la economía ha crecido mucho menos que en otros países, como se puede apreciar en el gráfico. Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal bancaria AEB, recuerda que la vitalidad económica es una condición necesaria para preservar la cohesión: "Sin crecimiento ni competitividad, no hay progreso social". Y añade una sugerencia para los gobernantes: que antes de tomar cualquier decisión sobre una política pública piensen si ayudará o no a impulsar la economía.

Jose Manuel González-Páramo, uno de los tres españoles que se han sentado en el comité ejecutivo del BCE y actualmente consejero de Abanca, coincide con la presidenta de la AEB, pero no cree que ese enfoque centrado en el crecimiento se pueda asentar en el contexto actual: "En este momento de presión social, veo muy difícil cambiar una propuesta orientada a la distribución a otra orientada a la competitividad". Según Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el mejor ejemplo de esto son las reformas emprendidas por el Gobierno durante la pasada legislatura, que califica de "populistas", especialmente la de las pensiones.

El papel de las reglas fiscales

¿Cómo concitar lo que la gente desea o necesita —en este caso, que los jubilados vean blindado su poder adquisitivo— con lo que sería deseable para la economía? La respuesta varía en cada país, y en la Unión Europea está muy constreñida por la recuperación de las reglas fiscales, que reducirán el margen de los gobiernos para mantener las políticas de apoyo a las familias. Judith Arnal, investigadora sénior del Center for European Policy Studies y del Real Instituto Elcano, cree que para que las normas resulten creíbles y no provoquen las cicatrices que dejó la respuesta comunitaria a la Gran Recesión, es necesario que exista una apropiación de las mismas. Es decir: que los Estados las hagan suyas, y las vean compatibles con la reducción de la desigualdad y el impulso público a la transición energética y digital.

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J. Jorrín M. Lema Gráficos: M. Mateo / L. Martín

La mayoría de los expertos del Observatorio considera que el margen fiscal que tiene España para tomar nuevas medidas sociales resulta muy reducido. Gloria Hernández, consejera no ejecutiva del Grupo DIA, Nortegas y Parkia y directora general del Tesoro entre 1999 y 2003, es la más contundente. En este contexto, dice, caracterizado por un fuerte endeudamiento público, la obligación de los gobiernos consiste en hacer viable el estado de bienestar. Para ello, les pide que no pongan más palos en las ruedas con nuevas regulaciones o impuestos que lastren el crecimiento: "Haced cuanto menos mejor".

Muñiz, en cambio, considera que una mayor desregulación solo aumentará la brecha de desigualdad y, con ella, los conflictos políticos que se han ido enquistando. Ofrece dos datos: en las últimas tres décadas, el 70% de los hogares de Estados Unidos no ha mejorado su renta real y la esperanza de vida incluso está cayendo. "Existe una captura de renta por parte de determinados colectivos", denuncia el politólogo. Como se puede apreciar en el gráfico, el proceso tiene su origen mucho antes de la pandemia, y se agravó a partir de la crisis financiera. "La media ha tenido un desempeño terrible", denuncia Muñiz. La creciente incidencia de las rentas de capital frente a las del trabajo y la acumulación de la riqueza en un porcentaje cada vez menor de la población forman parte de este desgarro.

Resulta muy difícil cuantificar hasta qué punto esta brecha es la responsable del crecimiento del populismo y la desestabilización en las sociedades occidentales, como argumenta el provost del IE. De la Fuente, por ejemplo, cree que en España la polarización es menor que la aparente: “La gran mayoría de la población son moderados que están de acuerdo en lo esencial, pero luego los partidos se dividen en dos bloques y cada bloque está muy tensionado hacia su extremo por el correspondiente partido pequeño de carácter radical. Los fundamentales no han cambiado, porque la población sigue estando básicamente donde estaba, pero sí la traducción política, que acaba mucho más escorada a los extremos”.

Hernández y Kindelán apostillan que las empresas también pueden ayudar en este proceso, a través de la incorporación de los criterios ESG (medioambiental, social y de gobernanza, por sus siglas en inglés) y la colaboración público-privada. De hecho, ya lo están empezando a hacer.

Aguilera resume el intercambio de ideas con una frase inapelable: "El condicionamiento geopolítico produce una sensación de desorden en el desempeño económico global; tenemos que abordarlo y no puede ser solo con las recetas tradicionales". La gran pregunta es cuál debe ser la nueva hoja de ruta. Y, como ocurre siempre en momentos de incertidumbre, no existe una única respuesta.