La UE da la puntilla al impuesto de sociedades al validar las ayudas a las multinacionales

En el año 2007 el impuesto sobre sociedades llegó a suponer 22 de cada 100 euros de la recaudación de la Agencia Tributaria. En total, las empresas aportaron 45.000 millones a las arcas públicas gracias a los beneficios extraordinarios del boom inmobiliario. Cuando estalló la burbuja, todos los impuestos se desplomaron, también el de sociedades, que perdió la mitad de sus ingresos en apenas cuatro años. Sin embargo, la excepcionalidad del impuesto sobre sociedades es que sigue hundido 15 años después, mientras que el resto de figuras fiscales ya han recuperado los niveles de recaudación alcanzados o están muy cerca.

Ni siquiera los beneficios extraordinarios de la crisis inflacionista han conseguido reanimar al impuesto. En 2022 los ingresos que generó fueron todavía un 32% inferiores a los de 2007. Y los números de 2023 son incluso peores, ya que en la primera mitad del año se ha recaudado un 39% menos que en el mismo periodo de 2022.

Pero el Gobierno no tiraba la toalla y esperaba que el impuesto sobre sociedades sostuviese el crecimiento de la recaudación en los próximos años. Hasta ahora. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea anunciada el miércoles supone la puntilla para la recuperación de este tributo. No solo no volverá a los niveles previos a la pandemia, sino que su crecimiento durante los próximos años queda en entredicho.

El motivo es que la cuantía que estaba en disputa asciende a una cifra próxima a los 8.000 millones de euros, según los cálculos que realizó la Comisión Europea en el año 2014. Lo que ha hecho el Tribunal General es anular la decisión de Bruselas de declarar ilícitas las ayudas fiscales que introdujo España en el año 2002 para fomentar la expansión internacional de sus grandes empresas. Hacienda autorizó que las empresas pudieran deducirse la amortización del fondo de comercio financiero (la diferencia entre el precio pagado por una empresa extranjera y su valoración contable). O, lo que es lo mismo, una parte de la prima que ofrecían las multinacionales españolas la pagaba directamente la Agencia Tributaria.

Este crédito fiscal generado se descontaría en un plazo de 20 años para evitar un roto en la recaudación del impuesto ante grandes operaciones corporativas. Esta normativa permitió a las grandes empresas nacionales realizar opas en el extranjero durante esos años. Se trata de operaciones tan importantes como la adquisición de O2 por parte de Telefónica, la de Abbey por parte del Banco Santander, la de Scotish Power por Iberdrola o BAA por Ferrovial.

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En el año 2006 la Comisión Europea dictaminó, ante una consulta del Ministerio de Hacienda, que no era competente para opinar sobre esta ayuda al no entrar en el ámbito de aplicación de las ayudas de estado. Sin embargo, en el año 2009 comenzó a cambiar de opinión, anulando inicialmente las compras directas realizadas por las empresas nacionales dentro de la Unión Europea. Posteriormente, en una segunda decisión del año 2011, también declaró irregulares las ayudas concedidas para la compra de empresas en países de fuera de la Unión Europea. Y, finalmente, en el año 2014 rechazó también las ayudas a compras indirectas, esto es, las adquisiciones realizadas por multinacionales españolas, pero compradas a través de holdings radicados en el extranjero.

Ahora, el Tribunal General anula esta decisión última de la Comisión, ya que considera que no concedió la "confianza legítima" a las autoridades españolas, que estaban ejecutando esta ayuda fiscal apoyándose en la decisión inicial de la Comisión del año 2006. En otras palabras, tanto las autoridades españolas como las empresas actuaron convencidas de que las ayudas eran legales, pero el posterior cambio de opinión de la Comisión cambió las reglas del juego a mitad del partido. Algo que ahora el Tribunal General anula.

Aunque la sentencia es recurrible, los expertos consideran que tiene pocas posibilidades de cambiar en su esencia. Eso significa que, según los cálculos de la Comisión Europea, las empresas ganan unos créditos fiscales con valor de unos 8.000 millones de euros más intereses.

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Esta cuantía borra las esperanzas de que el impuesto sobre sociedades siga aumentando en los próximos años. Y eso que el Ministerio de Hacienda ya reconocía hace unos meses que el impuesto sobre sociedades experimentará una "ralentización en el crecimiento más acusada" que el resto de impuestos directos. Así lo expuso en su último Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril.

La agonía de este tributo no responde a los pobres resultados de las empresas españolas, sino a la utilización de todas las bases imponibles negativas generadas desde la crisis financiera. Las pérdidas de esos años se convirtieron en activos fiscales que las empresas han descontado anualmente de su impuesto final. De hecho, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ya introdujo una modificación del tributo para limitar el uso de estos créditos fiscales cada año. Eso permitió revitalizar el impuesto a partir de 2017 a cambio de prolongar su agonía.

Pero, además, la mala calidad legislativa de España en las últimas décadas ha derivado en sentencias contra la Hacienda pública que han culminado en devoluciones millonarias. Este año la Agencia Tributaria ha tenido que pagar cerca de 1.000 millones al Banco Santander por la pérdida de un litigio para la monetización de créditos fiscales que adquirió con la compra del Banco Popular.

En lo que va de año, Hacienda ha devuelto más de 9.100 millones de euros a las empresas, una cifra récord en toda la historia del impuesto. Una parte de estas devoluciones también se debe al estricto régimen de pagos fraccionados que introdujo Montoro en el año 2016 y que también fue anulado por la Justicia por mala técnica legislativa.

De esta forma, se apaga la esperanza de que el impuesto sobre sociedades vuelva a tener un peso relevante sobre la recaudación. En el año 2022, generó el 12,6% de toda la recaudación tributaria, esto es, apenas la mitad que en el año 2007. Será necesario que sea el IVA y, sobre todo, el IRPF quienes sigan sosteniendo la recaudación pública. Esto no significa que las empresas vayan a conseguir una rebaja generalizada del tributo, sino que las grandes del Ibex tendrán un gran colchón fiscal para descontar en los próximos años.