El mercado de carbono ensancha la desigualdad y penaliza a las rentas bajas

El estudio ha sido publicado por CEPR, una de las plataformas de investigación económica más prestigiosas de Europa, y sostiene que el mercado de emisiones de carbono, nacido para luchar contra el cambio climático, sirve también de canal para el ensanchamiento de la desigualdad. En particular, porque perjudica más las rentas bajas frente a las más altas, lo que les obliga a reducir el consumo de bienes no energéticos para poder pagar las facturas de la luz.

Lo que sostiene el estudio es que el precio del carbono, efectivamente, tiene éxito en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y fomenta la innovación para producir energías neutrales con el medio ambiente, pero también tiene consecuencias económicas y de distribución "no deseadas". Y cita, en concreto, que esto puede llevar a que parte de la opinión pública recele de las políticas medioambientales. "Esto", asegura el estudio, "es particularmente relevante en el contexto actual con altos precios del carbono y de la energía".

Esta situación es particularmente importante en el caso de las rentas bajas, precisamente porque son las más perjudicadas por la existencia de un mercado que tendencialmente y de manera estructural aumenta los precios, a veces con un claro componente especulativo, lo que es especialmente relevante en un contexto de creciente negacionismo del cambio climático y da argumentos al auge del populismo. Un ejemplo podría ser el referéndum que se llevó a cabo en Suiza en 2021, donde una nueva ley sobre emisiones de CO₂ fue rechazada por un estrecho margen de votos.

Lo que se propone, en concreto, es que, para hacer posible que la transición energética tenga éxito, los gobiernos tengan en cuenta ese impacto, tanto directo como indirecto, y diseñen políticas fiscales estables (que no se reviertan cuando los altos precios han pasado) para compensar la caída de rentas. En particular, redistribuyendo los ingresos que obtienen las haciendas nacionales por el mercado de carbono entre los hogares más afectados y así poder mitigar el ensanchamiento de la desigualdad y sus efectos sobre el consumo.

Una demanda inelástica

El estudio lo ha realizado el profesor Diego Känzig, de la Universidad de Northwestern, en EEUU, y parte de una consideración: debido a que la demanda de energía es relativamente inelástica, es decir, son gastos fijos que no pueden ser alterados en función de su precio, ya que se trata de un bien esencial, desde luego a corto plazo, esto reduce la renta disponible de los hogares para consumos distintos de la energía. Y, dado que los hogares más pobres tienden a gastar una mayor parte de su presupuesto en energía y productos relacionados, la consecuencia es que son los más afectados, muy por encima de las rentas altas, cuyo gasto es menor respecto de su nivel de ingresos.

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El estudio también encuentra evidencias de que existen otras externalidades negativas. En este caso, debido a que los precios más altos de la energía también afectan indirectamente a la economía a través de efectos de segunda ronda en el poder de compra de los salarios y, por lo tanto, los ingresos y el empleo. Esto es así porque las rentas más bajas tienden a trabajar en sectores que se ven más afectados por las políticas medioambientales, pese a que no se trata de los sectores con mayor intensidad energética, sino sectores que son más sensibles a los cambios en la demanda.

Un reciente trabajo de BBVA Research apunta en la misma dirección. Según sus estimaciones, se observa un "significativo" aumento de la desigualdad debido a la emisión de gases de efecto invernadero. En concreto, el 10% superior es responsable de aproximadamente el 25% de las emisiones, mientras que el 50% inferior representa menos de un tercio de las emisiones. Además, la huella de CO₂ de los hogares en el 10% superior de la distribución de emisiones es más de siete veces la de los hogares en el decil inferior, "lo que subraya la importante disparidad en las emisiones entre diferentes grupos de consumo".

La huella de CO₂ de los hogares en el 10% superior de la distribución de emisiones es más de siete veces la de los hogares en el decil inferior

Esta desigualdad, sostiene el informe, es coherente con lo que está sucediendo en otros territorios. El Informe sobre Desigualdad Climática, elaborado por Lucas Chancel, Philippe Bothe y Tancràde Voituriez y auspiciado por Naciones Unidas, muestra que el 10% de los emisores globales de carbono genera casi la mitad (47%) de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual también es coherente con el informe de Oxfam, que demuestra que el 10% superior es responsable de aproximadamente el 30% y el 33% de las emisiones en Europa y América del Norte, respectivamente.

Objetivo de emisiones

Este patrón de desigualdad está en línea con el desequilibrio en el gasto en consumo, aunque es comparativamente menor que la desigualdad de ingresos. El sector del transporte emerge como la principal fuente de esta desigualdad, con las emisiones del transporte dominando los percentiles superiores de la distribución. Por ejemplo, dicen los economistas del BBVA, mientras que el 10% superior de los consumidores es responsable de casi el 30% de las emisiones del transporte, esta proporción puede aumentar notablemente en ciertos medios de transporte, como los viajes en avión, agravando aún más la desigualdad en las emisiones de CO₂ del transporte.

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Otro estudio del Observatorio Social de la Fundación la Caixa ha observado que, si España quiere cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones para el año 2030, lo que supondría una disminución de casi el 30% de las emisiones con respecto a 2019, antes de la pandemia, la huella media tendrá que ser de 5,4 toneladas de CO₂. En torno al 40% de la población española ya emite por debajo de este objetivo. Sin embargo, para que el 1% de los principales emisores logren alcanzar este objetivo en los próximos años, deberían efectuar una reducción muy significativa —el 92%— de su huella de carbono.

Hay que tener en cuenta que el mercado de carbono europeo, denominado ETS (esquema del comercio de emisiones de la Unión Europea, por sus siglas en inglés) donde se compran y venden derechos de emisión, es el más grande del mundo y está sometido a múltiples regulaciones que también influyen en el precio. El resultado es que el precio por tonelada emitida no ha dejado de subir desde hace prácticamente una década. La media anual en 2019 se situó en alrededor de 25 euros toneladas, pero en lo que va de año la media son 86 euros, es decir, casi cuatro veces más.