España aparca el tope a los derechos de CO2 que Sánchez prometió para bajar la factura

El 30 de julio del año pasado, un día antes de que media España se fuese de vacaciones, Pedro Sánchez lanzó un anuncio durante su comparecencia para hacer balance del curso político: el Gobierno daría la batalla en Bruselas para establecer un tope a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. El presidente del Gobierno se agarraba a esta medida como la última bala para embridar una factura de la luz que batía un récord tras otro. Después de bajar el IVA y dejar los impuestos a la electricidad en el mínimo que permitía la Comisión Europea, no existía otra opción para aliviar el bolsillo de los españoles que intervenir un mercado altamente especulativo cuya excepcional subida estaba contribuyendo a disparar el recibo. Al menos mientras no se modificasen las reglas europeas que sirven para fijar el precio de la luz.

Siete meses después, no queda ni rastro de aquel anuncio. El Gobierno ha presentado ante Bruselas su propuesta para reformar el sistema marginalista, con el objetivo de que el precio de gas deje de contaminar al de la electricidad. Sin embargo, el non-paper —como se conoce a los documentos de trabajo en la burbuja comunitaria— presentado por España no hace ninguna referencia al tope a los derechos de emisión. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica precisan que ambos mercados son diferentes, pero evitan confirmar si España ha dejado definitivamente aparcado o no el anuncio que en su día hizo el presidente.

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De momento, la única referencia que existe sobre la posición del Ejecutivo ante el debate que se ha abierto en Europa sobre la cuestión es otro non-paper que España hizo circular en octubre de 2021, cuando la crisis energética apenas daba sus primeros pasos. En él, nuestro país reivindicaba la necesidad de frenar la especulación en un sistema que surgió en 2005 para que las industrias que más contaminasen pagasen más, pero que se ha acabado convirtiendo en un paraíso para los fondos y bancos de inversión.

El funcionamiento es el siguiente: la Comisión Europea estipula anualmente un objetivo global de emisiones, que se trocea entre las empresas en una serie de derechos. El número de créditos desciende cada año, con el objetivo de reforzar el proceso de transición energética. Cuantos menos haya, mayor será su valor. Es lo que se conoce como la señal de precios. En otras palabras: si contaminar sale más caro, habrá más incentivos para pasarse a las fuentes más limpias. Sin embargo, los derechos se pueden comprar y vender, lo que ha generado un extensísimo mercado secundario que alimenta la espiral creada por la restricción de la oferta.

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De acuerdo con este estudio del Banco de España, producir un megavatio hora de electricidad implica el empleo de 0,37 toneladas de CO₂, que pagan sus correspondientes derechos de emisión. Con la cotización de la tonelada en 90 euros, estos suponen más de 30 del precio de la luz. De hecho, el regulador español calculó que un 20% del encarecimiento de la electricidad en el primer semestre de 2021, incluso antes de que hubiese comenzado la crisis energética, tenía origen en ese concepto. Una cifra importante, pero muy lejana a la del impacto que genera el principal responsable.

El precio del gas, que empezó a escalar en el verano de 2021 y se disparó tras el inicio de la guerra de Ucrania, está detrás de la mayor parte de la subida de la luz, que cerró 2022 como el año más caro de la historia. Esto es así por el funcionamiento marginalista del mercado europeo, que hace que la última tecnología en entrar en el mix de generación eléctrica, es decir, la que sirve para colmar la demanda, marque el montante final. Si el hidrocarburo está por las nubes y es necesario para abastecer el mercado, la luz vuela.

La caída del gas limita los incentivos para dar otra batalla en Bruselas que pondría en cuestión el compromiso medioambiental de España

Por eso el Ejecutivo se ha centrado en disociar, en la medida de lo posible, ambos precios, primero a través de un tope al gas —conocido como la excepción ibérica— y ahora a través de una reforma en el mercado que pretende fomentar los contratos a largo plazo para dar una mayor estabilidad y limitar los beneficios caídos del cielo de renovables, nuclear e hidráulica. Y por eso ahora que el gas ha bajado, gracias al exitoso llenado de reservas durante el verano y a la reducción de la demanda en un invierno inusualmente templado, el establecer un máximo a los derechos de emisiones ya no constituye una prioridad.

Gracias a la caída del hidrocarburo, la factura regulada de la luz, a la que están acogidos unos 10 millones de españoles, ha pasado de 142 euros para el consumidor medio en julio —cuando el presidente del Gobierno hizo el anuncio del tope a los derechos de emisión— a 89 en diciembre, un desplome cercano al 40%. En esas condiciones, los incentivos para dar una nueva batalla en Bruselas que pondría en cuestión el compromiso medioambiental de España resultan limitados. La excepción ibérica, que también atenta contra el principio de la señal de precios, se ha demostrado mucho más efectiva: según un estudio del laboratorio de ideas EsadeEcPol publicado esta semana, permitió a los hogares ahorrar 209 euros desde su entrada en vigor, en mayo de 2022, hasta el final del año pasado.

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En ese contexto, el Ejecutivo ha continuado su proceder habitual obviando el debate que está abierto en Bruselas sobre los derechos de emisión. Mientras el Parlamento Europeo pide restringir la oferta todavía más, lo que dispararía los precios, España mantiene la política de apoyo a las industrias para que hagan frente a la fiscalidad medioambiental. Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 prevén ayudas de 224 millones de euros para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO₂, la misma cantidad que el año pasado. Con las cotizaciones disparadas, la patronal del sector electrointensivo pide que el apoyo se duplique, a la vista de la tendencia alcista del mercado y del montante de los subsidios en otros países, como Alemania, que estaría practicando una competencia desleal hacia empresas como ArcelorMittal, Acerinox o Tubos Reunidos.

Otros debates en el tintero

El debate sobre los derechos de emisión es solo un ejemplo de las contradicciones que experimenta el Ejecutivo en plena crisis energética, y que le han llevado a paralizar otros proyectos. Por un lado, el compromiso del departamento dirigido por Teresa Ribera con la transición ecológica resulta indiscutible, y es la visión que la Moncloa tiene a largo plazo sobre el papel que debe jugar España en un escenario de cambio. Por el otro, el contexto actual obliga a tomar medidas pragmáticas para frenar el descontento de la ciudadanía y las empresas con la subida de los recibos, aunque esto suponga incentivar el consumo de energías sucias, como ocurre con la excepción ibérica, ocurrió con la subvención a los combustibles y ocurriría con el tope a los derechos de CO₂.

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Hasta ahora, esa indefinición se ha cobrado una víctima: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretendía pasar una parte del coste de la factura a las energías más contaminantes. El proyecto duerme el sueño de los justos en un interminable trámite parlamentario, y con toda seguridad finalizará la legislatura sin materializarse. Lo mismo ocurrirá con el establecimiento de peajes en las autopistas, pese a ser una de las reformas comprometidas con Bruselas en el plan de recuperación.

En cambio, las expectativas son mucho mejores para la reforma de la tarifa regulada, que debería aprobarse durante las próximas semanas. El Ejecutivo accedió a modificar el modo en que se calcula el recibo de la luz como contrapartida al sí de la Comisión Europea a la excepción ibérica. El objetivo es reducir la volatilidad de la factura, de tal manera que las cotizaciones del mercado mayorista no tengan un impacto tan directo en el precio que pagan los consumidores.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha advertido de que ahora no es el momento: con la luz en caída libre, los mismos hogares españoles que sufrieron sus récords en carne propia notarían mucho menos el alivio de su desplome. El Gobierno no ha cumplido el plazo que se había dado para tener la reforma lista antes del final de 2022, pero Bruselas vigila. Falta menos de un año para que expire la legislatura.