La CNMC cuestiona el pacto entre Gobierno y la UE para reformar la tarifa regulada de luz

El pleno de la CNMC debatirá este viernes el plan del Gobierno para modificar el decreto que configuró la tarifa regulada. Concretamente, en el orden del día está debatir y aprobar el informe preceptivo sobre el "proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, para la indexación del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) a señales a plazo y reducción de su volatilidad". El Gobierno trabaja en este cambio tras la exigencia de la Comisión Europea de cambiar la tarifa regulada (PVPC) para que deje de estar sometida al mercado mayorista diario y pase a basarse en una cesta de productos futuros que le dé más estabilidad.

Según fuentes al tanto de los planes del supervisor, este viernes se celebrará este pleno extraordinario en el que se debatirá y previsiblemente se dará respaldo al informe de los técnicos, que abogan por mantener el actual modelo de tarifa regulada indexada a pool, que se creó en 2013 bajo el mandato del PP por los hermanos Nadal y que se está demostrando como la más estable y barata desde que se empezó a aplicar el mecanismo del tope al gas ideado por el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera. Aunque lo normal es que se apruebe, también podría debatirse para buscar mejoras y que se pospusiera el veredicto final. Fuentes oficiales de la CNMC han declinado hacer comentarios.

Las fuentes consultadas señalan que el PVPC no es una tarifa subvencionada, como creen que tiene entendido Bruselas, y es la que mejor recoge los costes reales de la electricidad. Históricamente, la CNMC siempre ha defendido este modelo de tarifa, que hasta la llegada de la crisis energética en 2021 había sido la más barata del mercado.

Sin embargo, desde el año pasado, con las fuertes subidas del precio de la energía, el PVPC se convirtió en la tarifa más cara, al recoger la explosión del mercado mayorista, muy influenciado por las subidas del gas en el mercado internacional, que llegó a multiplicarse por 10.

En este contexto, Bruselas exigió al Gobierno que reformara dicha tarifa, una exigencia que ya venía de lejos, y a la que el Gobierno se comprometió para que le fuera aprobada la excepción ibérica. Así se recogía en el Real Decreto 10/2022: "Una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Así, el mecanismo de ajuste se configura como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma y esta entra en vigor de forma efectiva, lo que no es inmediato".

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"Con el objetivo de reducir la volatilidad del precio voluntario para el pequeño consumidor, este real decreto-ley también establece el mandato de realizar las modificaciones necesarias en la metodología de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor, para introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando una componente de precio basada en una cesta de productos de mercados a plazo —anuales, trimestrales y mensuales— y una componente de precio del mercado diario e intradiario de tal forma que la nueva fórmula de fijación del coste de la energía del PVPC pueda empezar a aplicarse a principios de 2023", señalaba el decreto elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Tras ello, el Gobierno lanzó un "proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, para la indexación del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) a señales a plazo y reducción de su volatilidad". El plazo de consulta pública fue del 5 de octubre al 7 de noviembre.

Argumento para el Gobierno

Fuentes próximas al Gobierno señalan que la recomendación de la CNMC de mantener el PVPC tal y como está ahora puede servir de arma argumental si este quisiera replantearse esta reforma o al menos diferirla en el tiempo, ya que será complicado que se pueda empezar a aplicar la nueva fórmula a principios de 2023, como se comprometió.

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El PVPC se está revelando desde la puesta en marcha del tope al gas como una de las tarifas más competitivas, puesto que este mecanismo ha logrado contener las subidas del gas y unos ahorros de en torno al 15% con respecto a la situación previa a la excepción ibérica. Este buen desempeño logrado en la actualidad es lo que podría hacer al Gobierno replantearse la reforma. Añadir referencias a largo plazo podría suponer que no se podrían aprovechar las bajadas a medio plazo, aunque también suponen una garantía ante potenciales escaladas, pero estas están siendo contenidas en parte por el tope ibérico.

Sea como fuere, la potestad de cambiar la tarifa regulada es del Gobierno, no de la CNMC, que, sin embargo, ha entrado a valorar dicha cuestión en el informe que se aprueba este viernes.