Las petroleras ven motivos políticos en la ofensiva de CNMC antes del fin de los descuentos

Malestar entre las grandes petroleras tras la investigación aireada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) este miércoles, que trata de esclarecer si existen indicios de "posibles prácticas anticompetitivas".

Fuentes empresariales y sectoriales han estallado contra dicha ofensiva, de la que la CNMC apenas ha dado detalles, y entienden que, en realidad, esconde razones de índole política. En su opinión, busca el señalamiento de las compañías (Repsol, Cepsa y BP) como culpables de la crisis de precios que vive España y que está castigando con fuerza los bolsillos de los españoles, con tasas de inflación récord desde los años ochenta.

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Además, consideran que el momento de lanzar esta investigación no ha sido arbitrario, sino que se produce en un momento de fuerte enfrentamiento entre compañías y Gobierno y, sobre todo, de alta sensibilidad social. El Senado está a punto de aprobar un nuevo gravamen para lo que el Ejecutivo entiende que son beneficios extraordinarios, y mientras Cepsa ha amenazado ya con demandar, Repsol ha mostrado sus dudas de su encaje legal y constitucional. Ambas han dicho que compromete la inversión.

La investigación también se produce ante el fin de los descuentos de 20 céntimos a los carburantes. Algunos de los principales responsables del Gobierno, como las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, han señalado que se debe focalizar en vulnerables y profesionales y dejar de darlo a toda la población, por su carácter regresivo y elevado coste para el erario público (6.000 millones de euros desde abril).

Las fuentes del sector consultadas aseguran que el hecho de que la CNMC deje caer que pueden estar cometiendo irregularidades con los precios mayoristas y con los descuentos es otra arma argumental con la que el Gobierno podría argumentar el fin del subsidio. Se trata de una decisión probablemente impopular, por el impacto en la inflación y en las clases medias. Y llega justo a las puertas de un año electoral y cuando el Gobierno ya está siendo muy castigado políticamente por sus decisiones con respecto a los cambios legales en la sedición y la malversación que pedían sus socios catalanes independentistas.

En este sentido, las fuentes consultadas no entienden que sea justo ahora cuando se aireen estas potenciales prácticas anticompetitivas cuando las demandas que han dado pie a la investigación se interpusieron entre marzo y julio. Se trata de quejas remitidas por las gasolineras low cost (Ballenoil, Petroprix, Plenoil, Gasexpress, etc.), agrupadas en Aesae y Ecih. La CNMC no tiene unos plazos fijos establecidos en los que desarrolla sus investigaciones.

Aunque Competencia es un organismo independiente del Gobierno, fuentes del sector inciden en que la presidenta de Competencia, Cani Fernández, fue elegida a propuesta de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de PSOE y Podemos, y pasó antes por la Moncloa, donde trabajó con Iván Redondo, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

Las demandas con las que se inició la investigación por las gasolineras 'low cost' se interpusieron entre marzo y julio

El malestar también procede de la falta de concreción y las insinuaciones hechas por la CNMC este miércoles, que señala a "empresas energéticas" de "prácticas anticompetitivas" sin dar más detalle, lo que lleva a buena parte de la opinión pública a pensar que se investiga un cártel por inflar precios, lo que castiga al consumidor. Muy al contrario, la investigación trata de ver si Repsol, Cepsa y BP, según ha avanzado este miércoles El Confidencial, abusan de su posición como refinadoras y vendedoras de carburantes en el mercado mayorista y posteriormente por los agresivos descuentos en gasolineras, lo que hace que las empresas que no producen su propio combustible compren caro y no puedan vender tan barato como los grandes grupos integrados, cuya capacidad financiera es muy superior.

Es más, la propia presidenta de la CNMC desmintió en junio que las petroleras se aprovecharan para subir precios tras los descuentos, pese al aumento récord del margen bruto de distribución que detalla en sus propios informes y a un estudio de Esade que advertía de que había una parte que iba contra su propio beneficio.

Para las compañías, es sorprendente que ahora la CNMC se fije en esto cuando ninguna empresa de las agrupadas en las demandantes ha cerrado, ni ha sido expulsada del mercado. Se sienten discriminadas respecto de otros sectores como el gasista o el eléctrico, donde sí se está produciendo una destrucción de competencia por la intervención de precios y la posición de dominio de las grandes durante la crisis energética, como viene denunciando recurrentemente la asociación de comercializadoras independientes ACIE. Sin embargo, ni la CNMC ni el Gobierno han denunciado esta situación.

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Otro punto que creen que juega en su contra es la difusión de esta investigación sin que ni siquiera se haya incoado expediente. La CNMC no tiene obligación de hacer difusión de sus investigación hasta que no se incoa el expediente, un paso posterior, cuando ya señala directamente a las empresas si finalmente detecta indicios de delitos contra la competencia. Sin embargo, el supervisor del mercado hace esto siempre, no solo en este caso. Existen al menos siete precedentes entre 2021 y 2022 en los que ha actuado de igual forma.

El malestar se extiende a todo el sector energético por señalar de forma muy generalista a "las energéticas". Tras la publicación de la CNMC, las eléctricas han salido al paso con celeridad para decir que ellas no tenían nada que ver con este caso. Se quejan de que hablar de prácticas anticompetitivas en "las energéticas" les perjudica en un momento de especial sensibilidad y creen que no es arbitrario elegir esa palabra, ya que es la misma que se está utilizando para hablar del impuesto a energéticas por la obtención de beneficios extraordinarios derivados de la crisis de precios.

Incluso en el seno del regulador había quien pensaba que podría haberse concretado más para evitar que el foco se diluyera. No obstante, la CNMC asegura que estas comunicaciones sirven para dar un toque de atención a las empresas, para que modifiquen su conducta, y nunca son muy concretas para evitar perjudicar la investigación posterior y que algunos de los afectados pudieran destruir pruebas. Además, antes de incoar el expediente, puede que alguna empresa se acoja al programa de clemencia que le evita la sanción si se aviene a colaborar con Competencia.

Las fuentes consultadas señalan, por otro lado, que las inspecciones han sido realizadas con una orden de inspección procedente de la CNMC, sin orden judicial, como sí se ha hecho en algunos otros casos, tal y como consta en su procedimiento de inspección a empresas, donde incluso los inspectores han sido acompañados por la Guardia Civil. Desde la CNMC, prefieren no hacer comentarios, ya que entienden que el caso está bajo instrucción de la Dirección de Competencia y en este momento deben guardar silencio. Desde las compañías, recalcan de forma recurrente que la mayoría de estos expedientes, e incluso las sanciones posteriores, decaen en los tribunales, ya sea en la Audiencia Nacional o posteriormente en el Supremo.

Pero en este caso no hay ni siquiera expediente incoado aún. Además, este mismo miércoles ambas empresas se han mostrado dispuestas a colaborar con Competencia, según declaraciones públicas. No entienden que fuera necesario hacer las inspecciones durante cuatro días (entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre), ya que los datos que necesitaban se les podían haber ofrecido vía telemática sin problema. Pero creen que el propio registro de sus sedes añade un punto más a la apariencia de irregularidad.

Las compañías recalcan de forma recurrente que la mayoría de expedientes, e incluso las sanciones posteriores, decaen en tribunales

Por todo lo anterior, se sienten incluso defraudados porque creen que han hecho un esfuerzo por hacer descuentos en gasolineras en plena crisis para paliar la situación social. Según sus cálculos, la política de fuertes rebajas ha llevado a dejar de ganar 400 millones a Repsol y 100 millones a Cepsa. Consideran que la atracción del cliente cambiará en cuanto suban dichos precios, por lo que no ven gran ganancia.

Además, consideran que arrimaron el hombro en pandemia, evitando ERTE generalizados pese a las pérdidas, y posteriormente este mes de marzo con descuentos al transporte pesado cuando el Gobierno les pidió ayuda para sofocar la revuelta de los camioneros, que sumió a España en una crisis logística. Sea como fuere, las ganancias de las grandes petroleras están en niveles récord. Según argumentan, por los negocios de producción y refino, no por la comercialización.

Descuentos con 'gato encerrado'

Es relevante señalar que el objetivo de las demandas no son los descuentos, sino el elevado precio que ofrecen las grandes petroleras a las gasolineras low cost en el mercado mayorista. Cuando las importaciones no acaban de despegar, los pequeños operadores del mercado están a merced de los grandes grupos de refino españoles (Repsol, Cepsa y BP), en un mercado en el que los precios se encuentran disparados, sin que nadie sepa explicar la causa de dicho encarecimiento. Hay quien señala que hay problemas serios de suministro en todo el mundo, fruto de la guerra de Ucrania y la situación en Rusia, uno de los principales proveedores hasta marzo, pero otros insinúan que tras esta situación también existen prácticas especulativas.

El alto precio al que los grupos de refino venden a los minoristas provoca que los descuentos sean una trampa que dinamita la competencia. Al vender muy caros los combustibles a los operadores pequeños, las rebajas de precios que sí pueden permitirse Repsol, Cepsa y BP, se tornan imposibles para los primeros, quienes, para competir, tendrían que vender a pérdidas, algo que su menor músculo financiero no les permite. Muchos de ellos no podrán aguantar esta situación si se prolonga en el tiempo, circunstancia a la que hay que añadir la falta de abastecimiento por parte de los grandes que algunos dicen llevar sufriendo meses. Una escasez que está levantando no pocas suspicacias. Las petroleras, como ocurre con los gigantes de otros sectores, tienen mucha mayor capacidad y recursos para sobrellevar la fuerte crisis que azota al mercado.