El estímulo fiscal que frena la transición energética es el que más impulsa el PIB europeo

Los países europeos aprobaron en 2022 los mayores estímulos fiscales de su historia para hacer frente a la crisis energética. Pero, a diferencia de lo que se podía esperar, las políticas anticíclicas no han estimulado un crecimiento sostenible como el que preconiza la Comisión. Todo lo contrario. Según los economistas Marien Ferdinandusse, Friderike Kuik, Eliza Lis y Yiqiao Sun, las medidas perjudiciales para la transición ecológica tuvieron un impacto cinco veces mayor que las verdes en las previsiones para la zona euro.

El estudio, publicado en el último boletín del Banco Central Europeo (puede consultarse en español aquí), certifica el paso a atrás que ha supuesto la respuesta a invasión de Ucrania para un bloque comunitario que presume de ser la avanzadilla mundial en la lucha contra el cambio climático. El Estado ha reaparecido con más fuerza que nunca, pero no para incentivar la transformación hacia una economía más limpia, sino para amortiguar el sufrimiento de los ciudadanos y las empresas con una lluvia de millones que ataca los objetivos medioambientales.

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Según los autores, el estímulo fiscal generado por las que denominan "medidas perjudiciales para la transición verde" rozó el 1% el año pasado. En otras palabras: las políticas públicas que atentan contra la descarbonización generaron un punto añadido de PIB. En cambio, las que caracterizan como "medidas fiscales relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación a él" solo tuvieron un impacto "moderado" de dos décimas.

La guerra de Ucrania ha supuesto un paréntesis en la tendencia histórica hacia una intervención pública favorable al crecimiento verde. En 2020, el primer año que recoge el estudio, la política fiscal contraria a la transición ecológica tuvo una repercusión anecdótica, que aumentó ligeramente en 2021, al inicio de la crisis energética. La incidencia de estas medidas era inferior a la de aquellas que apoyaban la lucha contra el cambio climático. Pero el estallido de la contienda dio paso a una carrera apresurada por aprobar programas multimillonarios que suavizasen el impacto del conflicto en el bolsillo de las familias, aunque fuese a costa de dar un paso atrás en los objetivos climáticos.

"Las medidas fiscales que son perjudiciales para la transición verde tienen un peso significativamente mayor que las verdes"

Desde un primer momento, los principales organismos de la gobernanza económica mundial —desde el Fondo Monetario internacional hasta el propio BCE— reivindicaron la necesidad de que estas medidas estuviesen focalizadas en los más vulnerables. En su lucha por embridar la inflación, las autoridades nacionales hicieron caso omiso y aprobaron unos estímulos indiscriminados que desde el inicio de la crisis energética ya han movilizado 657.000 millones de euros, según un estudio del laboratorio de ideas Bruegel. Ahora, se sabe que muchas de esas políticas no solo tuvieron un carácter regresivo, sino que han favorecido un modelo de crecimiento contrario a los objetivos de descarbonización.

Mientras la Unión Europea aboga por transformar el modelo energético hacia las energías limpias, para lograr una reducción de las emisiones del 55% en 2030 —el llamado Fit for 55— y la neutralidad climática —cero emisiones— en 2050, los Estados están haciendo justo lo contrario. El Green New Deal que defiende Bruselas queda en evidencia ante la conclusión de los autores: "Actualmente, las medidas fiscales que son perjudiciales para la transición verde tienen un peso significativamente mayor que las medidas verdes". Y, por si había alguna duda de cuál es la causa, Ferdinandusse, Kuik, Lis y Sun añaden: "El grueso de estas medidas perjudiciales está formado por las numerosas medidas de apoyo energético que tienen un impacto directo en los incentivos para utilizar combustibles fósiles".

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Marcos Lema

El ejemplo más claro en España ha sido la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible, que estuvo en vigor desde el 1 de abril del año pasado hasta el 31 de diciembre. Su factura fiscal, de unos 6.000 millones de euros —según la propia Agencia Tributaria—, es superior a la de cualquier otra ayuda directa que haya aprobado el Gobierno para luchar contra la crisis energética, según corrobora Bruegel. El think tank bruselense calcula el esfuerzo de España para hacer frente a la espiral inflacionista en unos 40.000 millones de euros, un 3,4% del PIB, muy lejos de los 268.000 millones de Alemania o los 92.000 millones de Francia, que acaparan la mitad de las ayudas.

Los investigadores del BCE recuerdan que, entre las políticas contrarias a la transición ecológica, también han tenido en cuenta las rebajas de los impuestos sobre la energía —España ha reducido el IVA del gas y de la electricidad— y las subvenciones para limitar los precios, pero no las acciones que inciden directamente en los mercados, como el tope al gas para la producción eléctrica, que ha incrementado el consumo de este hidrocarburo y, por tanto, atenta contra los objetivos climáticos. Tampoco incluyen las medidas que no afectan directamente a los incentivos para utilizar combustibles fósiles, como las transferencias directas a los hogares, entre las que estaría, por ejemplo, el bono social térmico, que el Ejecutivo ha ampliado.

En consecuencia, el impacto sobre el PIB de los estímulos fiscales que perjudican la descarbonización podría ser incluso mayor al que calculan los expertos. De hecho, un dosier publicado este jueves por la Agencia Internacional de la Energía constata que los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron el año pasado su récord histórico, al superar por primera vez el billón de dólares en todo el mundo.

La mayoría de las medidas finalizará este 2023, según prevén los economistas del BCE, por la que sus proyecciones para los próximos años son moderadamente positivas. Tras el paréntesis de la crisis energética, el documento subraya que no solo se retornaría a la tendencia anterior a la guerra, sino que se iniciaría un nuevo paradigma en que la política fiscal que perjudica a la transición ecológica tendría un carácter contractivo. En román paladino: no solo se dejaría de apoyar a las energías sucias, sino que los impuestos medioambientales, que buscan incrementar los precios para desincentivar su uso, revertirían en las arcas públicas en mayor medida.

Por cada euro público invertido, las políticas verdes generan menos de un euro de retorno

Los expertos contemplan, sin embargo, una progresiva retirada del Estado también para las ayudas que favorecen el crecimiento verde. Esto pone en entredicho el Green New Deal defendido por las autoridades europeas a través de programas como el REPowerEU, que contempla un notable esfuerzo inversor para favorecer la autonomía energética del bloque comunitario.

Las medidas para incentivar la lucha contra el cambio climático pasarían de aportar dos décimas al PIB a menos de media décima, como ya ocurría antes de la guerra. "Se espera que el impacto global de las medidas verdes sobre el crecimiento del PIB real de la zona del euro sea muy reducido a lo largo del horizonte de proyección", constatan los economistas del BCE, que incluso prevén una política fiscal restrictiva en este ámbito a partir de 2025.

La causa del fracaso es doble. Por la vía de los ingresos, "cuyo impacto suele ser más persistente en el tiempo", destacan, el carácter es regresivo todos los años. Por la vía de los gastos, el problema se halla en el limitado efecto multiplicador, que se queda por debajo de la unidad. Esto significa que por cada euro de dinero público invertido en políticas contra el cambio climático se genera menos de un euro de valor añadido. Un nuevo jarro de agua fría para el discurso oficial de Bruselas.