Francia nacionaliza la mayor eléctrica europea y anticipa el inevitable regreso del Estado

Emmanuel Macron se presentó a las elecciones francesas de abril de 2022 prometiendo ser más gaullista que De Gaulle. En realidad, todos los candidatos reclamaban para sí la figura del general, que primero alentó la liberación desde Londres y después construyó desde París —en dos etapas distintas— las bases de una República tan autónoma en su política exterior como elefantiásica en su diseño interno, que el propio Macron prometió aligerar cuando llegó al poder en 2017. Pero la pandemia y la invasión de Ucrania han cambiado el consenso dominante: de las reformas a las esencias. Y ahora, el presidente, tantas veces autoproclamado liberal, señala el camino que conduce al inevitable retorno del Estado.

París nacionalizará la primera eléctrica de Europa en plena crisis energética, a través de un movimiento que otros Estados europeos podrían seguir durante los próximos meses. El Gobierno provisional de De Gaulle creó Électricité de France (EDF) en 1946 —en realidad, el gran impulsor fue su ministro de Industria, el comunista Marcel Paul—, con la fusión de más de 1.700 pequeños productores para crear un monopolio estatal de proporciones bíblicas. Tres cuartos de siglo después, el Gobierno en minoría de la macronista Élisabeth Borne ha anunciado que el Elíseo se hará con el 16% de la compañía que no controlaba desde 2004, cuando lo sacó a la Bolsa de París para cumplir con las exigencias de una Bruselas ansiosa por introducir la competencia en la Francia que estaba a punto de votar en contra de la Constitución europea.

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El círculo se cierra: una vez más, la guerra conduce al fortalecimiento del Estado como actor económico, ante la debilidad de los gobiernos, la insuficiencia de las empresas y la vulnerabilidad de los ciudadanos. La política energética renace y lo hace en el único de los países europeos que nunca la había abandonado del todo: mientras medio continente emprendía privatizaciones masivas —España ha sido un alumno aventajado—, Alemania e Italia se lanzaban en brazos de la energía barata del Kremlin y casi todos daban la espalda a la entonces denostada nuclear, Francia decidió seguir un camino propio que está en el origen del problema, pero también es el primer paso para solucionarlo.

Nadie lo resumió mejor que el expresidente (2007-2012) Nicolas Sarkozy, probablemente el menos gaullista entre los gaullistas. "No tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos carbón, pero tenemos ideas". La generación de electricidad a partir de uranio constituye una política de Estado desde los años setenta que, pese a haber sido cuestionada en numerosas ocasiones, ha permitido al país mantener su autonomía durante las últimas décadas, en contraste con la dependencia exterior de sus vecinos. Ni a merced de las satrapías del norte de África ni del enemigo ruso: la Francia libre de ataduras que soñó el general De Gaulle era realidad, al menos en el ámbito energético.

EDF ha acumulado deuda por sus inversiones ruinosas y el intervencionismo estatal

Pero jugar a una baza ha resultado arriesgado: el 70% del 'mix' es nuclear, y la larga crisis que arrastra EDF tiene mucho que ver con ello. El gigante francés ha ido acumulando una elevada deuda, que con la Gran Recesión de 2008 se convirtió en crónica, por una mezcla de inversiones internacionales ruinosas, pérdida de competitividad en la construcción de nuevas centrales —en su día fue un referente, pero ahora la tecnología china o la surcoreana han ido tomando la delantera— e intervencionismo estatal que no siempre casaba con una buena salud financiera. A cierre del ejercicio de 2021, la multinacional debía 43.000 millones de euros.

La crisis energética es la gota que ha colmado el vaso. Para que Macron pudiera presentarse a la reelección con la promesa de que el recibo de la luz no subiría más de un 4%, la compañía se vio obligada a malvender la electricidad a unos precios irrisorios en el actual escenario de récords. El hachazo podría alcanzar los 8.000 millones de euros. Pero el que avisa no es traidor: el propio presidente anunció durante la campaña que nacionalizaría la empresa si ganaba las elecciones, lo que explica que este miércoles la noticia apenas tuviese un pequeño hueco en las portadas de los principales diarios del país. Este tipo de discursos, que hasta hace muy poco se asociaba a los populismos latinoamericanos y que en España solo defiende Unidas Podemos, se va abriendo paso en la Europa azotada por las consecuencias de la guerra.

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EFE

La creciente enemistad entre el Gobierno y EDF, que dirimen sus diferencias en los tribunales, culminó este miércoles con un movimiento que algunos interpretan como una manera del Elíseo de librarse de los minoritarios e imponer sus planes en la empresa. Mientras EDF se enfrenta a un agujero de 18.500 millones de euros por la parálisis de 12 de los 56 reactores del país, aquejados de corrosión, Macron sigue adelante con su plan de construir hasta otros 14 para renovar la anticuada planta nuclear de la segunda economía del euro. Una curiosidad: el más reciente data de finales de los años noventa, mientras que el último proyectado acumula una década de retraso y un sobrecoste de 17.000 millones de euros.

La necesidad de reforzar la autonomía energética para independizarse de Rusia, en línea con los planes de Bruselas, ha cargado de argumentos al victorioso presidente, que antes del estallido de la contienda ya contemplaba las inversiones como baza electoral. Pero la desastrosa situación financiera de la compañía hacía muy difícil acometer este proceso sin un 'rescate' condicionado, como siempre se ha hecho en Francia. El Estado, que sigue poseyendo importantes participaciones en los principales grupos industriales —como, por ejemplo, el gigante automovilístico Stellantis—, se hará con el 100% del accionariado de la compañía, garantizándose el control efectivo de la misma en un momento de zozobra.

La situación de EDF contrasta con la de otros gigantes del sector, que se están haciendo de oro con los récords de la energía. Los gastos de mantenimiento, el coste de oportunidad de tener paradas las centrales y la durísima regulación para que venda la electricidad a precios que no llegan a 50 euros el megavatio/hora, cuando la luz se paga este jueves a 381,79 euros en el mercado mayorista del país, han dado al traste con cualquier coyuntura favorable. En otras palabras: algo así como si Iberdrola, Endesa o Naturgy tuviesen que parar su producción eólica, acometer obligatoriamente inversiones millonarias aunque no fuesen rentables y, además, el Gobierno no las compensase por producir a pérdidas con el tope al gas. Todo al mismo tiempo, y todo con el lastre de una deuda gigantesca.

El Estado regresa para neutralizar el descontento que puede llevar a un estallido social con ecos de 2008, pero latitudes más amplias

La situación excepcional de los últimos meses ha podido beneficiar a las grandes petroleras y algunas eléctricas, pero se ha cebado con las pequeñas comercializadoras de luz —es imposible llevar la cuenta de las que han quebrado en el Reino Unido— y algunas gasísticas que dependían de los precios de saldo de Rusia y ahora se ven obligadas a acudir al mercado al contado para abastecerse por un ojo de la cara. La alemana Uniper, en la que Berlín se plantea inyectar 9.000 millones a cambio del 25% de su capital, constituye el último ejemplo. En este caso, la prioridad es evitar que se traslade la subida de los precios a los consumidores, en un escenario de creciente descontento que puede llevar a un estallido social en Europa con ecos de 2008, pero latitudes más amplias.

Las razones se antojan diversas, y van desde la seguridad de suministro hasta la prevención de los daños socioeconómicos de una posible quiebra. Los sectores, también: lo que este verano ha comenzado por la energía puede acabar con el rescate de la industria química alemana, en un intento por detener el efecto dominó que amenaza con contagiarse a toda la economía, hasta provocar una recesión.

Sin embargo, el fenómeno de fondo siempre es el mismo. Si el liberal Macron se ha vuelto gaullista es porque el Estado está de vuelta. Y esta vez los primeros movimientos apuntan a que no lo hace para aplicar un control de daños, como acabó ocurriendo con las ayudas de la pandemia, sino para transformar el modelo: de la eficiencia y el beneficio, a la autonomía estratégica y la seguridad de suministro. Solo queda una duda: ¿quién será el siguiente?