Los combustibles se disparan un 10% tras el fin de los 6.000 millones de ayudas públicas

El fin del descuento de 20 céntimos ha disparado lo que pagan los españoles para llenar el depósito. Los combustibles, que hasta ahora estaban dopados por la rebaja del Gobierno, se encarecieron un 9,5% en enero, después de que la medida expirase con el fin del año. Es la mayor subida mensual de todos los grupos del índice de precios de consumo (IPC), que, sin embargo, cayó un 0,2% respecto a diciembre. Si la ayuda, en la que el Gobierno se ha gastado unos 6.000 millones de euros, se hubiese mantenido, la inflación habría caído más del triple.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística contrastan con la relativa estabilidad del mercado del petróleo, que se mantiene en un rango entre los 80 y los 90 euros desde finales de 2022. Todo apunta, por tanto, a que el nuevo repunte de los carburantes se deba al fin de la subvención que había entrado en vigor el pasado 1 de abril.

El mayor incremento lo sufrió la gasolina, que se dispara un 12,7% en un solo mes, mientras que el gasóleo sube un 10,2%. Sin embargo, si se comparan las cifras con las de hace un año, la primera se anota poco más de un punto, frente a los casi 14 del diésel. Este último ha sido el gran perjudicado por las consecuencias de la guerra en Ucrania y las sanciones al Kremlin: la paralización de su producción en algunas refinerías que necesitaban crudo ruso para el refino restringió la oferta y, por tanto, disparó su cotización en los mercados internacionales y su precio en el surtidor. Las gasolineras también se quedaron su parte, y dispararon los márgenes hasta máximos históricos, según ha corroborado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Boletín Petrolero de la Unión Europea confirma la tendencia: desde el inicio del año, la Super 95 se ha encarecido un 19% y el diésel un 15%. Aunque ambos se encuentran lejos de máximos y son más baratos que antes del descuento, llenar el depósito sigue costando más de 90 euros.

Las limitaciones de la intervención

Si se amplía la imagen, los diferentes componentes del IPC afectados por el encarecimiento de los combustibles también suben. Es el caso de la clase que el INE denomina carburantes y lubricantes para vehículos personales, que se incrementa un 11,3% y aporta más de medio punto al índice de precios de consumo. En otras palabras: si el descuento no hubiese decaído y el precio de los combustibles se hubiese mantenido más o menos estable, como sugiere la evolución de su cotización internacional, la caída mensual de la inflación habría alcanzado las siete décimas.

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Javier Jorrín

Nueve meses después de la entrada en vigor de la ayuda, los carburantes volvieron a ser el lastre del IPC, precisamente la situación que el Gobierno pretendió evitar con la aprobación del descuento. De hecho, el transporte —que engloba a la gasolina y el gasóleo— se encareció más de un 4% y tuvo una repercusión de casi seis décimas en solo 31 días, la mayor de todos los grupos. Este dato contrasta con el de los alimentos, la cuestión que más ha preocupado al Ejecutivo durante los últimos meses: su impacto en la inflación de enero no llega a una décima, después de la rebaja del IVA del aceite y la pasta y la eliminación de este impuesto para los productos básicos, como la leche, el pan o los huevos.

Los vaivenes demuestran la importancia de la intervención pública para embridar el IPC, pero también sus limitaciones. En el momento en que las medidas desaparecen, los precios vuelven a subir, si así lo establece la ley del mercado (oferta y demanda). El problema es que mantener las ayudas indefinidamente supone un coste desorbitado, por lo que el Ejecutivo ha ido centrando su acción en los sectores que en cada momento tenían más incidencia en la inflación y despertaban una mayor sensibilidad en la opinión pública.

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Otro ejemplo es la electricidad, que sigue su tendencia descendente desde la aprobación de la excepción ibérica. De momento, el tope al gas para la producción eléctrica mantiene los precios a raya, pero debería finalizar en mayo si España no logra una prórroga de las autoridades europeas. En ese caso, su precio quedaría de nuevo al albur de las oscilaciones de los mercados internacionales —en estos momentos relativamente estabilizados—, y podría volver a contaminar el IPC, como ocurría hace un año.

De momento, si se compara la situación con la de hace 12 meses, el de los alimentos es el grupo que más se encarece (un 16,5%), en contraste con los productos energéticos, que se desploman un 8,7% gracias a la relajación de los precios mayoristas del gas y la electricidad tras el final del verano.

Los combustibles se disparan un 11,7% respecto a enero de 2022. Durante ese periodo, la subvención estuvo en vigor la mayor parte del tiempo (ocho meses), pero no fue capaz de contrarrestar la implacable fuerza del mercado. Por el camino se quedaron unos 6.000 millones de euros de fondos públicos —según la propia Agencia Tributaria— y las críticas de los principales organismos internacionales por el carácter regresivo de la medida.