Los ayuntamientos enfilan el 28-M con la mayor capacidad de gasto en 40 años

Si ha visto que en sus calles las aceras están levantadas, hay nuevas rotondas o el alcalde o alcaldesa de turno no para de hacer inauguraciones, no le sorprenda. No es que el primer edil esté tirando de deuda para ganar las elecciones o haya empezado a cavar un imponente agujero fiscal que tendrá que pagar el siguiente inquilino de la corporación.

Esto es así porque su ayuntamiento atraviesa, salvo excepciones, la mejor coyuntura económica de la democracia. Hasta el punto de que, según datos del Banco de España, los consistorios han acumulado depósitos en los bancos por valor de 36.600 millones de euros. Es decir, en solo seis años han duplicado sus reservas bancarias. Si quisieran reducir sus deudas a cero, tendrían dinero más que suficiente.

Su ayuntamiento atraviesa, salvo excepciones, la mejor coyuntura económica de la democracia

Nunca antes, ni siquiera durante las numerosas crisis que ha vivido la economía española en las últimas cuatro décadas, las corporaciones locales han estado tan saneadas desde el punto de vista financiero. Algo que, lógicamente, tiene trascendencia electoral. Un dato lo pone negro sobre blanco, su deuda —algo más de 22.280 millones de euros— representa ya apenas el 1,7% del PIB, muy lejos del 4,3% que llegaron a acumular en 2012, en plena segunda recesión de la economía española.

Nada menos que el 94% de ese endeudamiento está comprometido a largo plazo, lo que indica, igualmente, que, pese a la escalada de los tipos de interés, tampoco el endurecimiento de la política monetaria iniciada por el BCE, que continuará en los próximos trimestres, puede afectarlos de forma inmediata. Su deuda, de hecho, esos 22.280 millones de euros, es ya muy inferior a lo que los ayuntamientos, diputaciones y cabildos tienen depositado en el banco (36.600 millones).

Punto muerto

Otro dato refleja con nitidez su situación financiera. Algunos grandes ayuntamientos con más de 300.000 habitantes, como los de Alicante o Las Palmas, han logrado rebajar a cero su deuda, lo que significa que en los últimos años no han tenido que pedir dinero para afrontar sus pagos. Al revés, han puesto el marcador en punto muerto. Un municipio como el de Bilbao, históricamente muy poco endeudado, debe apenas 30 millones de euros. Parece lógico, en este sentido, que en ocasiones se haya acusado a los ayuntamientos de estar sobrefinanciados, ya que sus activos son muy superiores a sus pasivos financieros.

Ninguno de los tres municipios son una rara avis. Según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), los ayuntamientos acabaron el año pasado con un superávit fiscal equivalente al 0,2% del PIB, pero es que en 2024, según la misma fuente, el excedente puede alcanzar el 0,6% del PIB. Es decir, una décima más que este año, lo cual es algo más que significativo, teniendo en cuenta que desde 2020 la economía ha ido acumulando crisis tras crisis (pandemia, cuellos de botella, interrupciones en las cadenas globales de suministros o alta inflación). La AIReF estima, en concreto, que este año las 24 corporaciones locales más grandes (incluidas las diputaciones y los cabildos insulares) alcancen un superávit fiscal conjunto de más de 1.500 millones de euros, tres veces superior al comunicado por las propias corporaciones.

El ayuntamiento más endeudado continúa siendo el de Madrid —no solo por el tamaño, sino también por las cuantiosas deudas generadas durante la era Ruiz-Gallardón, por su política e inversiones—. En total, 1.983 millones de euros, aunque muy lejos de los 7.733 millones que llegó a adeudar en 2012 en plena crisis económica, lo que le llevó a realizar un duro ajuste económico. La subida del IBI impulsada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy explica en parte la mejora de la salud financiera de los municipios.

El segundo ayuntamiento más endeudado es el de Barcelona, 786 millones, pero al igual que sucede con el de la capital, su deuda se ha reducido prácticamente a la mitad en una década. Ayuntamientos muy importantes como los de Sevilla, Valencia o Málaga tienen, igualmente, deudas poco relevantes respecto de su capacidad para obtener ingresos, en particular los derivados del IVA (impuesto sobre el valor añadido).

Esto se debe, precisamente, a que el IBI (impuesto de bienes inmuebles) es inelástico a la coyuntura económica, ya que los valores catastrales no varían aunque cambie de forma importante la situación económica. Hay que tener en cuenta que el IBI representa el 65,2% de los ingresos fiscales, siendo los municipios de Extremadura los que tienen un mayor porcentaje (70%), mientras que el menor peso corresponde a los navarros (52%). Su eficacia recaudatoria se sitúa en un 89%. A finales de 2020, nada menos que 4.671 ayuntamientos y tres diputaciones de régimen común no tenían deuda alguna.

Cambio de escenario

Es decir, se pagan los mismos impuestos independientemente de cómo vaya la economía, salvo las revisiones periódicas que hace el catastro. Obviamente, siempre hay algún impacto, pero en todo caso es mucho menos significativo respecto de lo que ocurre en otras administraciones, más condicionadas por el contexto macroeconómico. De hecho, en los últimos años han podido reducir hasta mínimos históricos la deuda de sus empresas públicas, que ahora se sitúa en cerca de 2.600 millones de euros, la tercera parte que en 2010, lo que da idea de cómo ha cambiado el escenario presupuestario.

Lo que dicen los datos del Banco de España, en todo caso, es que los ayuntamientos menos endeudados son los que a la vez son capitales de provincia, apenas la tercera parte del total, lo que parece reflejar el importante peso que tiene la vivienda en su cuenta de resultados.

Esto es así porque mientras que los gastos globales crecen a un ritmo del 2%, los ingresos lo hacen al 7%, lo que da un enorme margen de maniobra a los alcaldes para aprobar nuevas inversiones, que históricamente, como han acreditado muchos estudios, se multiplican en periodo preelectoral. Aun así, en 2022 los ayuntamientos de Madrid, Murcia, Córdoba, Valladolid y Gijón y las diputaciones de Valencia y Sevilla cerraron, según la AIReF, con déficit. Este año, sin embargo, tendrán superávit, ya que no se verán perjudicados por las liquidaciones positivas correspondientes a 2020, el año del covid. No hay que olvidar que este año la financiación de las corporaciones locales crecerá un 5%, hasta los 23.035 millones, lo que supone un aumento de 1.100 millones sobre 2022.