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Las empresas temen ya las tensiones políticas por las autonómicas y municipales de 2023
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Las empresas temen ya las tensiones políticas por las autonómicas y municipales de 2023

Grandes compañías empiezan a advertir de manera formal a sus inversores de que el superciclo de elecciones al que se enfrenta España es uno de sus principales riesgos específicos, dadas sus consecuencias económicas

Foto: Imagen de un colegio electoral durante las elecciones autonómica de Madrid en 2021. (EFE/David Fernández)
Imagen de un colegio electoral durante las elecciones autonómica de Madrid en 2021. (EFE/David Fernández)
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Las empresas empiezan ya a temer las consecuencias que para sus negocios se puedan derivar de los comicios que se celebrarán la próxima primavera. "España tendrá durante el año 2023 elecciones municipales y autonómicas y esto puede generar ciertas tensiones políticas en las regiones donde se llevarán a cabo las elecciones" advierte a sus inversores Solaria.

La empresa del Ibex 35, una de las principales patrocinadoras del foro de debate político Nueva Economía Fórum, ha añadido esta advertencia en un programa de deuda enviado a los compradores de su deuda. La empresa de renovables incluye este aviso dentro de los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la compañía. Concretamente, entre los factores de riesgo derivados de la situación económica actual.

placeholder Fotografía de un parque solar fotovoltaico. (EFE/Vincent Jannink)
Fotografía de un parque solar fotovoltaico. (EFE/Vincent Jannink)

Las compañías de energías renovables se juegan buena parte de sus aspiraciones y negocio en los permisos que tienen que conceder tanto las administraciones regionales como locales, de ahí que unas elecciones siempre supongan una fuente de incertidumbre. Máxime en un momento donde cada vez existen más grupos locales que se están oponiendo a las grandes infraestructuras de energías limpias por su impacto sobre el terreno. El presidente de Aragón señaló recientemente que su territorio tendrá en pocos meses un impuesto específico a las renovables, algo que ya han impuesto otros territorios en el pasado como Galicia o Cataluña.

Los temores crecen en un momento de alta tensión a todos los niveles y cuando la polarización y la división política son cada vez mayores, tal y como destacó en su discurso de Navidad el rey Felipe VI. Para las empresas, y sobre todo para las que tienen una fuerte componente de regulación, los riesgos asociados a la política son algo muy a tener en cuenta.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), felicita a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (i). (EFE/Kiko Huesca)

En este sentido, compañías como Naturgy, MásMóvil o Amper están advirtiendo a sus inversores del impacto que pueden tener por el impuesto a las grandes fortunas que acaba de aprobar el Parlamento, un gravamen que decidió introducir el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Otra empresa de renovables como Greenalia también ha dejado negro sobre blanco sus advertencias respecto de los riesgos derivados de la regulación de los poderes públicos. Concretamente, aludía recientemente a los "riesgos en los cambios de los parámetros retributivos del sector de energías renovables". En este sentido, la firma de energías limpias transmitía a sus inversores sus reparos sobre la minoración de ingresos a las plantas de producción de energía que se incluyó en el Real Decreto-ley 17/2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

Dicho decreto también minora los ingresos de las renovables. Según Greenalia, "la medida ha suscitado opiniones variadas y descontento en el sector empresarial, el cual alega que se trata de una medida inconstitucional que debe ser revocada o modificada, al intervenir en la generación regular de ingresos de empresas inmersas en un sistema de libre mercado".

"La medida ha suscitado descontento en el sector empresarial, que alega que es inconstitucional, que debe ser revocada o modificada"

"Por este motivo, aún existe una significativa incertidumbre en relación con el devenir de la nueva normativa y su posible derogación o modificación, la cual influye de forma determinante en las estimaciones de ingresos de las empresas del sector", sostiene la compañía.

No es de extrañar, ante este panorama, que las empresas teman en parte el devenir político para su negocio futuro y ahí el macrociclo electoral de 2023, que incluye municipales, autonómicas y probablemente generales a finales de año, es clave. No en vano, gran parte de las renovables que se están instalando ahora en España se están desarrollando en territorios como Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana, regiones que tendrán que pasar por las urnas en unos meses.

Dependiendo de quién acabe gobernando, estas empresas podrían ver sus intereses afectados de una u otra manera. Hay partidos más partidarios del desarrollo de renovables y otros que ponen más reparos. No en vano, el avance de las energías limpias está difiriendo mucho de unos territorios a otros, precisamente por el distinto impulso que están dando sus administradores. Aunque aún faltan meses para que se celebren los comicios, los partidos ya están tomando posiciones y lanzando sus propuestas para tratar de conseguir el poder.

Las empresas empiezan ya a temer las consecuencias que para sus negocios se puedan derivar de los comicios que se celebrarán la próxima primavera. "España tendrá durante el año 2023 elecciones municipales y autonómicas y esto puede generar ciertas tensiones políticas en las regiones donde se llevarán a cabo las elecciones" advierte a sus inversores Solaria.

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