UGT y CCOO se manifiestan contra la patronal y evitan desgastar al Gobierno

Madrid, 10:30 de la mañana. En la Casa de América, líderes empresariales, sindicales y políticos de todo el mundo se dan cita en la segunda jornada de Global Deal, un encuentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que convierte a la ciudad en la "capital mundial del diálogo social", según presume el Ministerio de Trabajo. Un kilómetro y medio más abajo, en Atocha, UGT y Comisiones Obreras convocan a sus huestes para presionar a los empresarios, que hasta ahora se han negado a una revalorización de los sueldos que preserve el poder adquisitivo. "Salario o conflicto", rezan las pancartas. Es jueves. En función del extremo del paseo del Prado donde se coloque, el observador pensará que España constituye un remanso de paz y concertación social o un polvorín a punto de estallar por la inflación.

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Los sindicatos aguarán la fiesta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que inauguró este miércoles el foro internacional con un repaso de los 14 acuerdos alcanzados durante la legislatura, avalados con su presencia —y sus palabras— por el propio secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Nada más lejos de la intención de las centrales. La protesta se dirige contra la patronal CEOE, y no contra una ministra que no oculta su simpatía por la reivindicación de los representantes de los trabajadores. "Es urgente subir salarios", ha llegado a decir la titular de Trabajo durante las últimas horas.

Comisiones y UGT dan por rota la negociación colectiva en busca de una demostración de fuerza que los cargue de argumentos para exigir las subidas salariales, mientras la CEOE mide sus movimientos a unas semanas de las elecciones para elegir al nuevo líder de la patronal. El diálogo para la renovación del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) —que sirve como referencia para los convenios sectoriales y lleva casi dos años caducado— se encuentra en vía muerta desde el pasado 5 de mayo. Sin embargo, los canales de comunicación entre empresarios y trabajadores han permanecido abiertos durante todo este tiempo. Nadie quiere dar por enterrado el diálogo social, pero lo cierto es que la patronal se ha desligado de los últimos acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año o, más recientemente, el nuevo estatuto del becario.

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El Gobierno puede subir las pensiones y los sueldos de los funcionarios a través de las cuentas públicas, mientras que para revalorizar el SMI basta con un real decreto. Es más, ya lo ha hecho en los dos primeros casos, y está previsto que lo haga en el tercero. Pero las remuneraciones del sector privado dependen del acuerdo de los sindicatos y los empresarios. Y ahí está el problema que sacará a la calle este jueves a miles de trabajadores, para culminar un mes de movilizaciones que arrancaron, precisamente, con las protestas ante las sedes de la patronal en las principales capitales de provincia. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya dejó claro durante la presentación de este otoño caliente —que tuvo lugar hace unas semanas— cuál era el motivo de las protestas: "La intransigencia de una patronal que solo piensa en ganar cada día un poco más".

Los salarios solo han aumentado una media del 2,6%, mucho menos que la inflación

Sin embargo, la situación es mucho más compleja. La Central de Balances Trimestral del Banco de España revela que, durante el primer semestre, las compañías redujeron sus márgenes un 0,2%. Es decir, no están aprovechando la inflación para ensanchar sus ganancias, aunque la heterogeneidad resulta notable entre los diferentes sectores. El problema es que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores es mucho mayor: las remuneraciones medias solo aumentaron un 2,6%, mucho menos que la inflación, que cerró ese periodo en el 10,2%. Dicho de otra forma: todos se están apretando el cinturón, pero los trabajadores mucho más que los empresarios.

Lo certifica el mismo Banco de España que pide un pacto de rentas que abarque a todos —también a funcionarios públicos y pensionistas, hasta ahora ajenos—, pero que, de una forma u otra, ya se está produciendo. Según Comisiones Obreras, los salarios de más de 3,5 millones de trabajadores siguen congelados ante la imposibilidad de la renovación de los convenios colectivos, mientras que otros tantos, que no están acogidos a esta figura, estarían en la misma situación. Mientras no se renueve el ANC, es más difícil que millones de empleados, especialmente en los sectores menos sindicalizados, puedan experimentar alzas salariales relevantes. Este es el gran argumento de los sindicatos para pedirle a la patronal que se avenga a un acuerdo para mantener el poder adquisitivo, que los empresarios rechazan en una situación tan difícil como la actual, con un aumento de costes sin precedentes y a las puertas de una recesión técnica.

Cualquier alternativa pasa por una senda plurianual de subidas —como se ha hecho en la función pública— que muy difícilmente compensará las alzas de los precios. Con una inflación del 7,3%, el Banco de España subraya que la pérdida de poder adquisitivo es el precio a pagar para ahuyentar los efectos de segunda ronda; es decir, una espiral de subidas salariales que alimente la espiral inflacionista. Lo volvió a recordar este mismo miércoles el gobernador, Pablo Hernández de Cos, que durante las últimas semanas ha alertado del agotamiento de ese pacto de rentas implícito a medida que se van firmando nuevos convenios colectivos. Algunos, como los del metal, son muy ambiciosos, pero ni siquiera así escapan a la moderación salarial: mantener el poder adquisitivo es solo un eslogan imposible en los tiempos que corren (salvo para los funcionarios).

El poder de convocatoria de los sindicatos, que hasta ahora ha sido muy escaso, medirá su fuerza para afrontar las negociaciones con la nueva directiva de la patronal que emane de las elecciones del próximo 23 de noviembre. Durante los últimos meses, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha ido alejándose del pactismo que caracterizó la primera parte de la legislatura, en medio de fuertes presiones de los sectores más duros de la patronal. La sintonía entre el empresario y Yolanda Díaz, que permitió engrasar el diálogo social, ha desaparecido, y dificulta los nuevos acuerdos. Fuentes de la CEOE desligan ambos acontecimientos y recuerdan que el presidente está dispuesto a llegar a pactos en el tiempo que queda para los comicios, donde parte como favorito frente a la candidata apadrinada por la patronal catalana, Virginia Ginda.

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Los sindicatos son conscientes de la situación y han aprovechado la coyuntura para lanzarse a la calle antes de regresar a la mesa. Es lo mismo que están haciendo todas las centrales europeas, en un incremento de la conflictividad que ha llegado a paralizar el Reino Unido por una huelga de ferrocarriles o Francia por otra en las refinerías. En medio de la mayor espiral inflacionista de las últimas cuatro décadas, los próximos meses podrían provocar una escalada similar en España como protesta contra el empobrecimiento generalizado. Pero, de momento, nada hace presagiar una huelga general: esas se hacen contra el Gobierno, y los sindicatos prefieren apuntar hacia otro lado.