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Los grandes patrimonios preparan el blindaje frente a un golpe fiscal del Gobierno
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ANTE UN POTENCIAL IMPUESTO A LOS RICOS

Los grandes patrimonios preparan el blindaje frente a un golpe fiscal del Gobierno

La guerra fiscal entre comunidades y el anuncio del Gobierno de un nuevo tributo han llevado a que vuelvan las modificaciones en las estructuras fiscales de los ricos

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/Hidalgo)
María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/Hidalgo)
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El debate sobre el impuesto al patrimonio vuelve a la palestra, como ya ocurrió hace 12 meses, o cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. En este caso, tras la guerra fiscal entre comunidades autónomas y el anuncio del Gobierno de un nuevo tributo temporal para los ricos a partir de 2023. Los fiscalistas de despachos de abogados y bancas privadas tendrán otra vez un final de año movido.

La ministra María Jesús Montero dijo este jueves que trabajan en una “fórmula temporal” para que las grandes fortunas contribuyan a la recaudación con una ayuda adicional, como con los impuestos extraordinarios a la banca y a las eléctricas. No dio más detalles. Ni siquiera dijo si será un nuevo impuesto o establecerá un mínimo a la tributación por patrimonio, exenta al 100% en Madrid y, desde 2023, en Andalucía. En cualquier caso, los fiscalistas están acostumbrados a asesorar a grandes fortunas para minimizar el impacto de este tributo, así como en donaciones y sucesiones. Creen que es difícil que salga adelante, al contar con el rechazo de varios gobiernos autonómicos (Ayuso amenazó con ir al Constitucional), pero aconsejan a sus clientes prepararse.

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/J. J. Guillén)

En 2020, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, hubo 218.991 declarantes en el impuesto sobre el patrimonio, de los que 189.613 pagaron cuota al eliminar los 19.508 de Madrid, que tienen que presentar la declaración aunque estén exentos. El patrimonio medio declarado fue de 3,5 millones de euros. Los contribuyentes están obligados a declarar si tienen un patrimonio neto superior a 700.000 euros o cuando el valor de bienes y derechos supere los dos millones.

“Los grandes patrimonios siempre son muy sensibles a cualquier posible modificación de la norma fiscal. Ante la incertidumbre y constantes rumores de cambios normativos, la tendencia actual supone una revisión total de la situación patrimonial de los clientes y su reorganización de cara a anticiparse y minimizar impactos ante inesperados cambios legislativos”, arguyen Cristina Mayo y Javier Úbeda, socia y asociado principal de FinReg360. Una tendencia que, prosiguen, “se observa incluso en aquellos clientes que residen en comunidades autónomas donde la situación legislativa ha sido más estable, como Madrid”.

Se trata de una vieja historia. Ante las puertas del próximo año, que será electoral, vuelven los mismos mensajes. Y los mismos miedos por parte de los grandes patrimonios, con el añadido de que la ofensiva de la Moncloa, con Unidas Podemos presionando para que el tributo sea permanente y no temporal, como señaló Montero, va no solo por Madrid, sino también por Andalucía.

Hace un año, el Gobierno pareció emprender el camino a establecer un mínimo impositivo por el impuesto sobre el patrimonio a nivel nacional, para obligar también a las grandes fortunas de Madrid a tributarlo. El Ejecutivo de Ayuso respondió con un proyecto de ley de autonomía fiscal que servía de amenaza.

En realidad, todo quedó en amenazas, pese al apoyo técnico del comité de expertos designado por Hacienda, que elaboró un libro blanco de diagnóstico de la fiscalidad en España con recomendaciones como la de imponer la tributación por patrimonio en Madrid. Pero con la invasión rusa y la guerra de Ucrania, el documento quedó aparcado en un cajón.

Esta semana, la Junta de Andalucía reabrió el debate, y Murcia estudia seguir los mismos pasos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció la supresión de patrimonio con una bonificación del 100%, siguiendo el modelo madrileño, y animó a los empresarios catalanes a moverse a Andalucía. Toda una declaración de guerra fiscal. Pero por ahora, según algunos fiscalistas consultados, las muestras de interés han llegado desde grandes patrimonios andaluces que en su día se movieron a Madrid con el incentivo fiscal. Es decir, la Junta podría estar atacando a la Comunidad de Madrid más que a Cataluña.

Competencia fiscal

En cualquier caso, habrá contribuyentes que van a convertirse en residentes en Andalucía por el potencial turístico y residencial, opina Javier Vinuesa, socio de Gómez Acebo & Pombo. “Hasta ahora, muchos no lo hacían porque el coste de dicho impuesto, por pequeño que fuera, era muy disuasorio”, explica. “El debate que se ha producido tras el anuncio de la medida no es muy técnico y, en ocasiones, está muy sesgado. Nuestros clientes llevan ya tiempo planificando posibles cambios en la imposición patrimonial”, añade.

Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (EFE/José Manuel Vidal)

En Madrid, muchos grandes patrimonios han obviado estos procesos en los últimos años, aunque ya hubo fortunas preparándose por si acaso en 2021, y en el tramo final de 2022, hay interés renovado por hacerlo. El problema es que si se establece un nuevo tributo, no está claro que apliquen las mismas características y exenciones que en patrimonio, donde un clásico es la empresa familiar. Si más del 50% de los activos de la sociedad en la que la familia tiene más del 5% está enfocado en una actividad productiva, el 95% de los activos afectos se reduce de la base imponible de patrimonio. Lo mismo ocurre con las sociedades de capital riesgo, otra fórmula habitual, si al menos el 60% de los activos está invertido. Asimismo, se utiliza el conocido como escudo fiscal, minimizando rentas anuales en la estructura patrimonial, dado que la suma de tributación de IRPF y patrimonio no puede sobrepasar el 60% de la base imponible de la renta.

“Estamos recomendando seguir atentos al cumplimiento de los requisitos para la exención en el impuesto sobre el patrimonio para empresas y sociedades familiares”, apunta Joaquín Cuesta, socio de Cuatrecasas. “No solo por la eventual posibilidad de que haya una recentralización de competencias y establecimiento de unos mínimos en el impuesto sobre el patrimonio, sino también porque esos requisitos habilitan para la aplicación de las reducciones correspondientes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y la no tributación en el impuesto sobre la renta de las donaciones de dichas empresas o sociedades con los requisitos oportunos”.

El experto indica que esta semana “ha vuelto a ponerse encima de la mesa una posibilidad [obligatoriedad nacional de tributar por patrimonio o un impuesto específico] que parecía olvidada tras intentos pasados fallidos”. Aun así, mientras que el consenso de expertos fiscales consideraba factible hace un año este proceso, ahora lo ve más complejo. Tanto por tiempos, ante el próximo periodo electoral, como por el endurecimiento de las posturas de algunas comunidades autónomas. “Sin embargo, dada la fuerte carga ideológica que se le pretende atribuir a este impuesto (con independencia de su relativamente reducido impacto en recaudación), no puede descartarse de forma absoluta”, advierte Cuesta.

Foto: El presidente de Murcia, Fernando López Miras, en Madrid. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

En la misma línea, Patricia García, socia de Avantia, aconseja “estar especialmente atentos y tener planificado y controlado el patrimonio ante posibles cambios”, especialmente ante el contexto actual de crisis económica. “Nuestra recomendación es la revisión y adaptación de las estructuras patrimoniales actuales ante una posible reintroducción del impuesto sobre el patrimonio (o similar) en la Comunidad de Madrid, ya que existe la posibilidad que el Estado fuerce su reintroducción, por ejemplo, estableciendo un nivel de tributación mínima estatal, o un tributo nuevo, como está ocurriendo con las energéticas o el sector bancario”, apostilla.

Constantino Vidal, socio de Zadal, recuerda que es un tema “recurrente”. “Seguramente, a lo largo de todo este año que falta para las elecciones veremos muchos movimientos en un sentido y en otro. Intuyo que la solución legislativa para armonizar patrimonio o establecer mínimos no es nada fácil y que muy probablemente acabe en el Tribunal Constitucional, lo que, en definitiva, es malo para todos: por el tiempo que transcurre, por los recursos consumidos y por la inseguridad jurídica que se genera mientras no se resuelva”, agrega.

Debate político y económico

El expresidente Zapatero reintrodujo el impuesto sobre el patrimonio en 2011, ante la crisis económica que disparó el déficit y la deuda. En Madrid, el Gobierno de Aguirre aprobó una exención del 100% que se mantiene, y que ahora seguirá Andalucía. El debate económico y político ha seguido en los últimos años.

Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (EFE/Raúl Caro) Opinión

Los detractores suelen recordar que España es una excepción a escala internacional teniendo impuesto sobre el patrimonio, junto a Noruega y Suiza, si bien hay otros países que gravan la riqueza de otras formas. El mencionado libro blanco de los expertos fiscales recordó que en Luxemburgo existe para la riqueza neta de personas jurídicas, y que países como Francia, Italia, Portugal o Bélgica “gravan la titularidad de determinados activos”. El documento propone armonizar patrimonio rebajando el máximo al 1%, frente al 3,5% al que se llega actualmente en algunas regiones, y aconseja reconsiderar las deducciones como la empresa familiar o la vivienda habitual.

“No parece aceptable jurídicamente que el trato fiscal de la riqueza difiera tanto entre CCAA pertenecientes a un mismo Estado, pues ello puede derivar en un tratamiento muy diferente a contribuyentes en circunstancias muy semejantes”, argumenta Francisco Conde, socio de Garrido Abogados, en línea con el equipo de expertos fiscales que coordinó el catedrático Jesús Ruiz-Huerta.

El debate sobre el impuesto al patrimonio vuelve a la palestra, como ya ocurrió hace 12 meses, o cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. En este caso, tras la guerra fiscal entre comunidades autónomas y el anuncio del Gobierno de un nuevo tributo temporal para los ricos a partir de 2023. Los fiscalistas de despachos de abogados y bancas privadas tendrán otra vez un final de año movido.

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