Galicia y Castilla y León no tocarán el impuesto de patrimonio pese a la ofensiva fiscal del PP

La maniobra con la que Juanma Moreno ha inaugurado el curso político ha alimentado la competencia fiscal entre comunidades autónomas, y no solo entre las que tienen diferente color político. La eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía, en línea con el modelo de la Comunidad de Madrid, aviva la disputa impositiva dentro del propio PP. El efecto contagio llegó pronto a la Región de Murcia, pero no ha afectado a otros dos territorios donde gobiernan los populares. Castilla y León y Galicia no se plantean implementar cambios en el gravamen a las grandes fortunas, mientras que Fernando López Miras seguirá la estela de Ayuso y Moreno y suprimirá el mencionado gravamen en los presupuestos regionales de 2023.

El presidente murciano ya bonificó el año pasado al 100% el controvertido tributo para aquellos contribuyentes que invirtiesen en proyectos de interés regional. Ahora se compromete a abordar la eliminación completa del impuesto de patrimonio en los próximos meses, aunque vincula la tardanza en abordar el proyecto al hecho de que la Región de Murcia sea la comunidad más afectada por el actual sistema de financiación autonómica, un melón que ni la Moncloa ni Génova se atreven a abrir. "Si recibiésemos lo mismo que el resto de regiones, podríamos haberlo hecho antes", justifican.

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Murcia se subió este miércoles a la ofensiva fiscal que abanderan tanto Andalucía como Madrid, una estrategia alentada desde Génova y criticada duramente por el PSOE. Para remediar "la pérdida de poder adquisitivo de las familias", López Miras aprobará este jueves en Consejo de Gobierno una deflactación del 4,1% del IRPF en el tramo autonómico. Además de la 'revolución fiscal' que plantea la supresión del impuesto de patrimonio, el presidente andaluz aprobó también una rebaja del IRPF en los tres primeros tramos de renta para reducir el impacto de la inflación, que en su caso será del 4,3%, con lo que se calcula una caída de la recaudación de 125 millones de euros.

Sin embargo, Castilla y León no se plantea cambios en el gravamen, al menos en el corto plazo, y mantendrá la obligación fiscal para rentas superiores a 700.000 euros. Fuentes regionales confirman que la región, gobernada por Alfonso Fernández Mañueco, no sucumbirá a la presión por la oleada de medidas fiscales de sus compañeros de partido, aunque aseguran "aplaudir" el paso adelante de Juanma Moreno. El Ejecutivo regional ya eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones en 2021. Además, Mañueco aprobó el pasado jueves un nuevo paquete de hasta siete rebajas fiscales, entre las que se incluye una rebaja del tipo mínimo del IRPF autonómico del 9,5% al 9%, y con las que se promete un ahorro de hasta 2.500 millones de euros en esta legislatura.

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En el entorno del líder autonómico, reconocen que la baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid, bandera política de Isabel Díaz Ayuso, "roba" inversión a Castilla y León y "nos obliga a desarrollar una política fiscal atractiva" que se comprometen a aumentar de forma progresiva. "Estamos en esa carrera", aseguran, con lo que reconocen una rivalidad latente entre las propias comunidades del PP. "Madrid nos está llamando a la competencia, pero eso no tiene por qué ser negativo", porque "fomenta que podamos seguir bajando impuestos", argumentan.

Galicia es la otra comunidad que también seguirá un camino diferente al de sus homólogos en Andalucía, Madrid y Murcia. Alfonso Rueda, que recibió el encargo de dirigir la Xunta de manos del propio Alberto Núñez Feijóo, ya avanzó que en su estrategia impositiva priorizaría una reducción de impuestos dirigida a las rentas más bajas y no tocaría el de patrimonio, que actualmente se encuentra bonificado en un 25% en la región. "Tenemos nuestra propia senda fiscal", inciden en el equipo del nuevo mandatario gallego.

En todo caso, y a su modo, la 'revolución fiscal' del PP también llegará a Galicia. La Xunta prevé poner en marcha "nuevas medidas para ayudar a las familias y a las personas más vulnerables", entre las que destaca la equiparación fiscal de padres con dos hijos a las familias numerosas, lo que implicará una deducción de unos 250 euros en el tramo autonómico del IRPF, o la rebaja del primer tramo de este mismo impuesto, que pasará del 9,4% actual al 9%.

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Aunque Génova ha convertido la batalla fiscal en un ariete contra el Gobierno, la máxima que trasladan en el equipo de Feijóo es "dejar manos libres" a sus barones autonómicos para tomar medidas en función de las "particularidades" de cada territorio, también en el terreno impositivo. Con todo, desde la dirección nacional sí han animado a sus presidentes autonómicos a aprovechar sus competencias para "seguir bajando impuestos", porque "está en el ADN" del PP. El que pronunció estas palabras fue el actual coordinador general de Génova, Elías Bendodo, que aprovechó una intervención ante los medios para denunciar que el socialismo saliese "en manada" a criticar al PP por querer "reactivar la economía".

Para contrarrestar la ofensiva de Génova y evitar una competencia desleal entre comunidades autónomas que derive en una huida de las grandes fortunas a las regiones gobernadas por el PP, el Gobierno ha abierto la puerta a incrementar la presión fiscal sobre "los que más tienen". Aunque no ha concretado si el Ejecutivo valora la creación de nuevas figuras que complementen el impuesto a las energéticas o la banca, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, sí ha hecho un llamamiento a luchar contra el 'dumping' fiscal en que, a su juicio, incurren las comunidades del PP. "Se sacrifican 120 millones de recaudación para la sanidad, la educación o la dependencia para favorecer a 17.000 personas o al 0,2% de los ciudadanos en Andalucía", lamentó.