La inflación y el miedo a la recesión desatan la alarma en el sector de la alimentación

Sector primario, industria transformadora y gran distribución temen que la actual deriva inflacionista conduzca a un escenario de recesión como el vivido entre 2008 y 2009. Después de acumular 12 meses con tensiones de precios en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, el decalaje en la traslación de esos incrementos de costes a los bienes de consumo final viene aflorando de manera progresiva desde el pasado abril. Hace unas semanas, el precio de productos de temporada como sandías y melones (hasta un 200% más caros) se convirtió en el símbolo de la subida de la cesta de la compra y en el indicador de alerta sobre lo que puede venir.

El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas supera al índice general de precios desde abril. El encarecimiento general del coste de la vida no se había trasladado en la misma proporción a la cesta de la compra. Los grandes distribuidores habían amortiguado esa presión sacrificando parte de su margen para evitar una caída del consumo, pero ese colchón ha desaparecido. Y lo inevitable puede terminar ocurriendo. En época inflacionista, como explica la consultora Kantar, los consumidores ajustan con base en la limitación de su presupuesto: adquieren menos de lo mismo (reducen cantidad), retrasan el gasto posible y buscan sustitutos más económicos (cambio de marca).

Desde hace meses, los diferentes actores de la cadena alimentaria vienen reclamando medidas al Gobierno para tratar de mitigar el impacto inflacionista de algunos factores, como por ejemplo el transporte. Las organizaciones agrarias —Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias— y las asociaciones empresariales FIAB, Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cedecarne, Fedepesca... advirtieron de manera preventiva del grave impacto que supondría un nuevo paro del sector del transporte por carretera en junio. Al final, quedó en un amago, pero en solo un año, los costes de transporte para la distribución se han incrementado en 200 millones de euros.

Hay muchos factores detrás de la inflación creciente y poca reacción por parte de la Administración, como lamentan desde el mundo empresarial. En la cadena alimentaria, la industria de la alimentación y bebidas representa casi el 20% del consumo de energía manufacturera del país, mientras que sus costes energéticos pesaban menos del 10% del coste total de producción, un porcentaje que, sin embargo, se ha multiplicado por tres, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas (pequeñas y medianas) incapaces de trasladar a sus productos esas subidas sin afectar a los niveles de ventas, ni con margen suficiente para asumir todo el sobrecoste.

Hace unos días, Javier Sierra, consejero de Agricultura de España ante Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (Ginebra), aseguraba que "la crisis obedece a la tríada de altos precios de los combustibles y alimentos y el desequilibrio social y económico subyacente", un contexto crítico que durará en el tiempo mientras haya inflación alta y la guerra continúe. En ese contexto, Teresa Ledesma, responsable de Inteligencia de Mercado de Kantar, asegura que esa suma de elementos "comienza a hacer mella en la confianza de los consumidores y ya estamos observando efectos en las perspectivas económicas a largo plazo".

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Por si fuera poco, la presión de precios también afecta al mercado de productos básicos para la industria alimentaria como girasol, maíz, cebada o trigo, base para la elaboración de muchos productos, a consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el bloqueo a la exportación de cereales. Los mercados mayoristas de Burgos, Badajoz, Lleida, Albacete, Valladolid, León, Barcelona y Sevilla están registrando subidas de precio de entre el 40% y el 80% en estos cultivos respecto a la campaña anterior, según datos públicos del Ministerio de Agricultura, por lo que seguirá habiendo presión inflacionista en toda la cadena de valor hasta el consumidor.

Este efecto es transversal y cada semana afecta además a productos diferentes, sea o no intensivo en el consumo de fertilizantes, cuyo precio también se ha disparado. Lo mismo que ha ocurrido con la sandía y el melón está pasando también con el tomate o el pimiento verde, cuyos precios en origen se han disparado ante la demanda de otras regiones, como Alemania y Países Bajos, sin cosecha propia por el incremento de costes energéticos. Esta situación ha multiplicado hasta por tres el kilo de estas hortalizas, dando lugar a rupturas o incumplimientos de contrato entre agricultores y fabricantes locales para revender las cosechas a los compradores internacionales.

La situación genera cada vez más incertidumbre sobre cómo será el futuro inmediato. De acuerdo a las cifras oficiales, la inflación en origen (campo) es del 31%, mientras que la de fabricantes es del 16%, la del sector alimentación y bebidas no alcohólicas es del 13% y la del índice general es de solo un 10%. Esta deriva puede prorrogarse durante los próximos trimestres, una vez que el efecto amortiguador generado por la distribución ha desaparecido. Y sin ese último dique de contención, como reconocen desde una de las patronales de gran consumo, ya no hay margen de reacción por parte de las empresas, motivo por el que han subido el tono de sus demandas a Moncloa.

Por todo esto, la asociación de fabricantes FIAB advierte también sobre el impacto negativo que la actual coyuntura representa para la competitividad de empresas y empleo. Mientras, por el lado del consumidor afirman que "la reactivación alcanzada tras la crisis del covid se ha frenado ante la situación actual. La inflación está absorbiendo el ahorro logrado por los hogares en estos meses y, de nuevo, el consumo se contendrá. Este es un escenario más que probable para los próximos meses. La industria alimentaria necesita apoyo directo para reconducir los costes de la energía y evitar cualquier medida regulatoria o fiscal que reste competitividad al sector o a las familias".

Ante esta tormenta perfecta, los impuestos vuelven a ser un objetivo común entre todos los grupos de la cadena alimentaria. En el caso del tomate, cuya tensión de precios se arrastra desde abril, un 20% de su coste final responde a cargas impositivas. Pero hay frentes concretos, como el movilizado por una docena de organizaciones del sector agroalimentario, la industria, la distribución y los envases para pedir el retraso al menos de un año, hasta enero de 2024, de la entrada en vigor del nuevo impuesto al plástico, cuya "complejidad requiere un desarrollo reglamentario muy detallado", o al consumo de gases fluorados de efecto invernadero.

El pasado mes de marzo, el líder de la distribución presentó sus resultados anuales. Y aunque las cuentas de Mercadona lucieron músculo, con ventas récord de más de 27.000 millones de euros, su beneficio descendió más de un 6% como consecuencia del impacto sufrido por el incremento del coste de las materias primas y el transporte. La compañía fundada y presidida por Juan Roig solo subió de media los precios un 2% en 2021, una cuantía demasiado baja para mantener márgenes. Si el más grande ha notado el impacto, por debajo todos verán castigados sus números en una proporción similar o incluso mayor, como explican desde una multinacional del sector.

Aunque la inflación y la demanda no guardan una correlación proporcional al ser productos básicos, "los españoles no optan por comprar menos alimentos y bebidas, sino que reducen antes gastos en otros productos y servicios", según un reciente informe de Kantar. Sin embargo, la sensación de desconfianza ya está afectando a la compra, pese a que todavía "solo un 35% de los consumidores busca activamente ajustar su gasto", lo que se traduce en la compra de productos de categorías más baratas, provocando un efecto 'downtrading' que "todavía no es muy pronunciado, pero que podría llegar a reducir el gasto de los hogares hasta un 10%, con el consiguiente impacto para el sector".

En un documento reciente, Bankinter habla de la probabilidad de que Europa entre en recesión. Lo hacía al describir la existencia de factores coincidentes en el tiempo como la resistencia de la inflación a remitir, las rápidas subidas de tipos de los bancos centrales, el reciente debilitamiento de los indicadores adelantados e intermedios, la progresiva revisión a la baja de las expectativas sobre los resultados empresariales y el improbable final a corto plazo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que hace imposible encontrar a tiempo otros proveedores alternativos de materias primas y energía, de manera que una inflación de oferta se convierte en una inflación de demanda.

Esta permeabilidad de oferta (materias primas de todo tipo) y demanda (en procesos intermedios y finales) se produce cuando el 'shock' de inflación no se controla en sus primeras fases, como ahora. Los bancos centrales están decididos a subir tipos, aunque perjudiquen el ciclo económico, pues en caso contrario se encontrarían con una espiral inflacionista complicada de resolver a corto plazo. En el mejor de los casos, podría estabilizarse en verano, pero los retrocesos son improbables. Bankinter no ve la inflación por debajo del 3% antes de 2024. Por todo ello, el ciclo económico europeo puede desacelerarse de forma seria a partir de otoño, como ya contempla el propio Gobierno.