El BCE juega al límite de su mandato interviniendo en las primas de riesgo

El Banco Central Europeo (BCE) está a punto de atravesar un territorio ignoto. Si se cumple lo previsto, el próximo día 21, tras su habitual reunión de política monetaria de cada seis semanas, tendrá que desvelar su estrategia antifragmentación de la zona euro. O lo que es lo mismo, qué hará para evitar que las primas de riesgo se ensanchen en caso de que se agrave la situación económica en un contexto de progresivos aumentos de los tipos de interés.

Lo que se sabe por ahora, a la luz de las últimas actas del Consejo de Gobierno del BCE, es que el banco central pondrá en circulación "rápidamente" una nueva herramienta —se especula con que se llamará Mecanismo de Protección de la Transmisión— ante el riesgo de que la fragmentación aumente a medida que se normalice la política monetaria. Es decir, al ritmo que suban los tipos de interés. El primer incremento se producirá, precisamente, en esa reunión.

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Aunque las políticas macroprudenciales —el control del volumen de crédito para identificar riesgos— son la primera línea de fuego antifragmentación, el BCE ya ha anunciado la puesta en marcha de "medidas adicionales" que corren el peligro de ser impugnadas ante los tribunales europeos (no sería la primera vez) porque puede estar excediéndose en su mandato. Entre otras razones, porque el propio BCE ya ha adelantado que impondrá algún tipo de condicionalidad a los países beneficiados por su política de compras de activos públicos. Es decir, que, de alguna manera, influirá en la política fiscal y económica de los gobiernos afectados, un terreno vetado expresamente al BCE, cuyos límites de actuación fueron definidos por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con ocasión del programa OMT en los tiempos de Draghi.

Estabilidad de precios

Aquella sentencia, dictada a raíz de una cuestión prejudicial presentada —precisamente— por el Bundesbank alemán, dejó bien claro que el mandato principal del BCE es la estabilidad de precios, si bien, igualmente, el alto tribunal asumió que entre sus competencias también está el apoyar las políticas económicas de los Estados miembros, aunque siempre que haya perturbaciones en la transmisión de la política monetaria. Es decir, que haya dificultades para que el crédito llegue a los agentes económicos, familias y empresas.

La sentencia, en definitiva, dio la razón al BCE y se la quitó al Bundesbank, pero con algunas consideraciones que pueden ser importantes en este momento. El punto 60 de la sentencia, en concreto, facultó al banco central a comprar deuda en los mercados secundarios siempre que la acción de los gobiernos estuviera supeditada a la aplicación de los programas de ajuste macroeconómico del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o del Mecanismo Europeo de Estabilidad. De esta manera, sostiene la sentencia, el BCE se asegura de que los gobiernos no puedan "desviarse de los programas de ajuste que se han comprometido a aplicar".

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Es decir, lo que interpretó el TJUE es que un programa como lo fue el OMT (Operaciones Monetarias sin Restricciones, según sus siglas en inglés), que nunca llegó a implementarse, estaba dirigido a estabilizar financiación de un Estado siempre que estuviera vinculado a un programa de ajuste con fuertes medidas de política económica, incluyendo, por ejemplo, reformas.

El problema ahora es que los programas de ajuste, los célebres rescates, han desaparecido, por lo que la condicionalidad no la pondría Bruselas, sino Fráncfort, lo cual supone una intervención directa en las cuentas públicas por parte de una entidad cuyo mandato está tasado, aunque en los últimos años —a causa de las sucesivas crisis— se haya hecho una interpretación muy flexible de sus competencias.

Ataques especulativos

Aunque el BCE, a través de algunos de sus consejeros, ha dicho en ocasiones que solo intervendrá comprando deuda de los países con problemas cuando esté justificado, lo cierto es que se trata de una consideración de carácter fiscal o económico, pero no estrictamente monetaria. Joachim Nagel, el presidente del Bundesbank, de hecho, ya ha señalado que es prácticamente imposible saber si el ensanchamiento de un diferencial respecto del bono germano a causa de un ataque especulativo está justificado o no. Puede haber casos claros, pero siempre habrá zonas grises que traspasen los límites competenciales del BCE. Sobre todo si se tiene en cuenta que la intervención del banco central no será proporcional al peso de cada Estado en su capital.

Hay que recordar que el artículo 123 del Tratado de la UE dice textualmente que "queda prohibida la financiación en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas de los Estados miembros". Por lo tanto, no se pueden monetizar los déficits, aunque de alguna manera se esté haciendo por la puerta de atrás.

Opinión

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Es más, aquella sentencia consideró que el BCE debe respetar el principio rector según el cual las finanzas públicas deben ser "sólidas", lo que introduce una discrecionalidad en el análisis que antes quedaba resuelto por el hecho de que es la UE, en el marco de su propia política económica y de la recomendaciones del semestre europeo, quien fija los límites de déficit o endeudamiento o, incluso, quien propone reformas económicas estructurales que por su propia naturaleza entran de lleno en el ámbito de lo político.

Ahora, sin embargo, ya no existen planes de ajustes, ni siquiera están en vigor las reglas fiscales, suspendidas al menos hasta 2024, y serían los banqueros centrales quienes decidan qué países merecen el rescate monetario y quienes no. Y, sobre todo, decidan qué condicionalidad se impone. Otra posibilidad que han apuntado algunas fuentes es que sea la Comisión Europea quien haga el análisis y luego sea el BCE quien aplique la nueva herramienta anti primas de riesgo, en estrecha coordinación con Bruselas, con el objetivo de evitar una futura sentencia en contra del tribunal de Luxemburgo.