El tope al gas entrará en vigor el 15 de junio, 45 días después de la previsión del Gobierno

El rostro de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, relataba el alivio de un proceso largo y tortuoso, pero que finalmente ha llegado a buen puerto. La Comisión Europea dio luz verde este miércoles al mecanismo para establecer un precio máximo del gas utilizado en la producción de energía eléctrica. Es la plasmación de la ya célebre excepción ibérica, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, António Costa, presentaron tras el Consejo Europeo del pasado 26 de marzo como la fórmula mágica para hacer frente a los récords de la energía. Entonces el precio del gas rondaba los 100 euros el megavatio/hora y el de la luz fluctuaba entre los 200 y los 300, en una montaña rusa de imprevisibles consecuencias.

Dos meses y medio después, con el gas en mínimos previos a la guerra en Ucrania y la luz estabilizada por debajo de los 200 euros —lo que sigue siendo el cuádruple del año pasado—, la teoría se ha plasmado en un papel que permitirá rebajar el recibo entre un 15 y un 20% para los más de 10 millones de españoles acogidos a la tarifa regulada. Es la mitad de lo anunciado por el Ejecutivo inicialmente y llega con 45 días de retraso. "Ha llevado un poco más de tiempo del que pensábamos", reconoció Ribera este miércoles en una rueda de prensa tras conocer el sí de Bruselas.

La vicepresidenta tercera había prometido tras el primer aval comunitario, el pasado 26 de abril, que la medida empezaría aplicarse a principios de mayo. Sin embargo, la primera subasta con el gas 'topado' no tendrá lugar hasta el próximo martes, 14 de junio. Al día siguiente, los consumidores podrán empezar a notar el ahorro, siempre que el real decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado 13 de mayo sea convalidado este jueves por el Congreso de los Diputados.

Pese a todo, la satisfacción en el Ministerio de Transición Ecológica era evidente, después de las numerosas dificultades que han llegado a poner en riesgo el proceso en varias ocasiones. La subida de los futuros del gas ibérico durante las últimas semanas indican que el mercado apostaba por que la medida descarrilase, víctima de los férreos requisitos de competencia que caracterizan a Bruselas, la ambigüedad del legislador portugués o la falta de colaboración de las empresas del sector. No ha sido así, y los consumidores peninsulares —también los franceses— se beneficiarán de unos precios de la electricidad más bajos que los del conjunto de Europa, gracias a la mayor generación de energías renovables y la escasa interconexión con el resto del continente. Y eso que la excepción ibérica durante las últimas semanas ha sido la contraria a la esgrimida por el Ejecutivo: el gas español es, ahora mismo, más económico que el de la media de la Unión Europea.

El coste final recaerá sobre los consumidores, pero Ribera ha reiterado que será muy inferior al ahorro del 'pool'

Los detalles conocidos este miércoles reflejan pocas novedades y, si acaso, aclaran las últimas dudas que se habían mantenido hasta el final. La Comisión Europea ha avalado el establecimiento de un límite máximo inicial de 40 euros por megavatio hora para el gas utilizado en la producción eléctrica, que irá subiendo cinco euros mensuales a partir del próximo enero, hasta alcanzar los 70 euros/MWh. El mecanismo estará vigente durante los próximos 12 meses y situará el precio medio en unos 50 euros, 20 más que el objetivo inicial con que el Gobierno negoció en Bruselas el pasado abril. Hasta ahí, todo ha seguido el guion establecido en el real decreto.

Una de las incógnitas que todavía permanecían era cuánto iba a costar la jugada. Finalmente, la compensación a las centrales de ciclo combinado —que serán remuneradas por el conjunto de la demanda para que no produzcan a pérdidas— asciende a 8.400 millones de euros. Bruselas explica que la medida se va a financiar a través de las rentas de congestión obtenidas por Red Eléctrica gracias al comercio transfronterizo de electricidad con Francia —una suerte de 'peajes' que hasta ahora se dedicaban a pagar el mantenimiento de la infraestructura—, así como de “un gravamen impuesto por España y Portugal a los compradores”. En otras palabras: el coste final acabará recayendo sobre los consumidores, aunque Ribera reiteró que será muy inferior al ahorro del 'pool' en el mercado mayorista de la luz. En un principio se habló de que el mecanismo permitiría rebajar el precio medio de la electricidad hasta los 130 euros/MWh. Sin embargo, ahora el Gobierno prefiere no hacer cábalas, consciente del desgaste político que supuso la promesa de Pedro Sánchez sobre la factura de la luz de 2021.

TE PUEDE INTERESAR

Bruselas obliga a España a reformar la tarifa regulada para avalar el tope al gas

Marcos Lema Juan Cruz Peña

Otro de los interrogantes era cómo se iban a repartir esos costes entre España y Portugal. Finalmente, nuestro país financiará las tres cuartas partes de la medida (unos 6.300 millones), pero el mecanismo será idéntico a ambos lados del Guadiana. Según explicó Ribera, el decreto del Gobierno luso ha retrasado el OK de Bruselas, después de que El Confidencial publicase que su redacción ambigua podría dar pie a que las prórrogas de los contratos a plazo quedasen exentas de financiar la compensación. La ministra ha aclarado que esos contratos sí están incluidos, por lo que la diferencia del montante entre ambas naciones se debe al mayor tamaño del mercado español. En ningún caso, remarcó Ribera, los consumidores españoles pagarán más que los portugueses por la misma rebaja del 'pool'. "Queda proporcionado", zanjó.

La primera subasta del mercado mayorista que incorporará el nuevo mecanismo tendrá lugar el próximo martes, 14 de junio, para casar los precios horarios del día siguiente. La última será el próximo 31 de mayo de 2023. Sin embargo, todas las cábalas dependen de que el real decreto sea convalidado por el Congreso de los Diputados este mismo jueves, lo que sirvió a Ribera para situar la pelota en el tejado del Partido Popular: "Confío en que ahora que ya saben que tiene el aval de la Comisión lo respalden".

Efectivamente, Bruselas ha acabado por ceder a la insistencia de Moncloa para tratar de forma diferencial a España y Portugal, pese a la oposición inicial de varios Estados miembros, liderados por Alemania. La Comisión señala en su comunicado que la excepción ibérica “se diferencia de otras formas de intervención de precios por las circunstancias particulares del mercado eléctrico mayorista ibérico”, bebiendo así del principal argumento que utilizó Pedro Sánchez durante el Consejo Europeo de marzo: que la península Ibérica tenía la particularidad de ser una isla energética. “La limitada capacidad de interconexión de la península Ibérica, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad, así como la elevada influencia del gas en la fijación de precios de la electricidad, han supuesto una perturbación especialmente grave para las economías española y portuguesa”, admite el Ejecutivo comunitario.

TE PUEDE INTERESAR

La excepción ibérica llega cuando España paga el gas más barato en relación con la UE

Juan Cruz Peña

“La medida temporal que aprobamos hoy permitirá a España y Portugal bajar los precios de la electricidad para los consumidores que se han visto muy afectados por la subida de los precios de la electricidad debido a la invasión rusa de Ucrania. Al mismo tiempo, se preservará la integridad del Mercado Único”, precisó Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de Competencia. “Además, da tiempo a España y Portugal para promulgar reformas que aumentarán la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en línea con los objetivos del Green Deal, y, en última instancia, mitigará aún más los efectos de la crisis energética en los consumidores finales”, añadió la danesa.

Un largo camino

El departamento que dirige Vestager ha sido el que más problemas ha puesto al esquema de los gobiernos español y portugués, y de hecho Ribera tuvo que viajar el 26 de abril a Bruselas junto a su homólogo luso, José Duarte Cordeiro, para intentar resolver las dudas que tenía el equipo de la vicepresidenta. Tras esa reunión, ambos anunciaron un “acuerdo político” con la Comisión Europea, pero la luz verde final ha tardado todavía más de un mes en llegar.

Aquella fue solamente una de las tres veces que el Gobierno celebró un acuerdo con Bruselas, a pesar de que eran solamente etapas dentro del proceso. La primera vez fue el 26 de marzo, tras el Consejo Europeo en que Von der Leyen reconoció la necesidad de un “tratamiento especial”, a pesar de que la propuesta tenía todavía que convertirse en algo sólido. La segunda vez fue el propio 26 de abril, tras la reunión de Ribera y Duarte Cordeiro.

TE PUEDE INTERESAR

España plantea usar la excepción ibérica para librarse del mínimo de almacenamiento de gas

Cotizalia EFE

Una tercera vez llegó pocos días después, el 9 de mayo. António Costa anunció ante algunos periodistas portugueses que la Comisión Europea había dado luz verde a los planes que su Gobierno y el español habían enviado en los días previos, teniendo en cuenta las dudas expresadas por Vestager. El Ministerio de Transición Ecológica confirmó esa luz verde, pero la Comisión Europea tuvo que aclarar que no había ninguna decisión formal: lo que había hecho era mostrar su conformidad con los planes recibidos, pero todavía no había ninguna decisión.

Finalmente, esta ha llegado el 8 de junio, aunque no saldrá gratis. Como casi siempre, Bruselas introduce una contraprestación: a cambio del tope, España tendrá que modificar el diseño de la tarifa regulada de la luz para reducir su volatilidad. El Gobierno gana un año gracias a un parche, pero la verdadera reforma solo llegará cuando el recibo que pagan el 40% de los consumidores españoles deje de depender de los vaivenes horarios de un mercado que se ha vuelto loco desde el pasado verano.