El aval de Bruselas al tope del gas y la fórmula inexacta del INE aliviarán el golpe del elevado IPC

España está en disposición de embridar en parte el dato oficial de inflación, actualmente uno de los peores de toda Europa (+9,8% en marzo). El aval concedido por Bruselas este martes al plan energético del Gobierno de Pedro Sánchez para bajar la luz, unido a la muestra inexacta que toma el INE para calcular el impacto de la electricidad, amortiguará la escalada del IPC en los próximos meses y, por consiguiente, suavizará el impacto de precios de determinados bienes.

La cuestión no es menor, el dato que ofrece el Instituto Nacional de Estadística es la referencia para actualizar precios de algunos gastos básicos como los alquileres, las pensiones o multitud de convenios de empresa.

Como ya avanzó El Confidencial en octubre de 2021, el organismo adscrito a Economía solo considera en la cesta global de consumo los contratos de luz regulados, conocidos como PVPC, para reflejar el impacto de la componente de electricidad en el IPC, que actualmente es la que más contribuye a la escalada de la inflación.

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El PVPC está vinculado directamente con el mercado mayorista, que desde hace meses está entre cuatro y seis veces por encima de su precio habitual (en marzo rozó los 300 euros MWh, cuando en la última década estaba en unos 50 euros MWh de media).

La escalada récord del PVPC, sin embargo, no refleja el comportamiento global del mercado eléctrico, ya que en esta tarifa regulada solo está alrededor del 40% de usuarios (10 millones de contratos), mientras que el otro 60% no considerado está con contratos en mercado libre (18 millones de contratos), muchos de los cuales no solo no han subido sino que han bajado gracias a las rebajas de impuestos y cargos implementadas por el Gobierno.

El INE se comprometió a reformar la fórmula de cálculo de la componente eléctrica en el IPC en enero de 2022. No obstante, posteriormente decidió aplazar 'sine die' esta actualización. Es más, fuentes de las eléctricas con las que trabaja el propio organismo de estadística en esta cuestión aseguran que no habrá cambios hasta 2023. Esto significa que este año seguirá contando únicamente los contratos regulados.

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Ya en enero, el INE precisó que "cualquier cambio metodológico que se introduce en el IPC puede producir un sesgo en la medición de las tasas anuales a lo largo del primer año de su incorporación. Por tanto, el objetivo es incorporar los cambios metodológicos de forma que afecten en la menor medida posible a los resultados del IPC". CaixaBank Research elaboró posteriormente un informe en el que advertía de la desviación del dato oficial de inflación debido al cálculo erróneo que inflaba artificialmente algunos precios.

Pero aquí está la clave de la cuestión. Gracias al tope al gas a 50 euros de media el MWh el próximo año (actualmente ronda los 90 euros por MWh), el mercado mayorista de electricidad caerá drásticamente y por consiguiente también caerá el PVPC, vinculado directamente a dicho mercado conocido como 'pool'. Esta bajada también se trasladará mucho más rápidamente al actual IPC que si el INE hubiera cambiado la fórmula de cálculo y hubiera incluido los contratos en mercado libre como se comprometió, lo que ofrecería una imagen más real del impacto de la electricidad sobre la inflación.

Hay que tener en cuenta que el 'pool' está actualmente por encima de los 200 euros por MWh la mayoría de días y los expertos calculan que con el tope al gas este nivel caerá por debajo de los 150 euros por MWh, límite que no se superará. Esta intervención del mercado eléctrico por 12 meses hará que el impacto en el IPC se suavice durante los próximos meses, ya que el Gobierno quiere activar este plan ya en mayo.

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La reducción del IPC se notará aún más a partir del verano y hasta final de año, ya que en 2021 los precios se dispararon en la segunda mitad del año y el efecto base hará que el dato de IPC caiga. Esta caída no sería tan pronunciada de haber cambiado el INE la metodología y haber incluido los contratos de mercado libre, que fluctúan mucho menos debido a que muchos no están indexados al 'pool'.

De esta manera, la muestra errónea que toma el INE, y que reconoció que debería cambiar, puede servir para desinflamar más el actual sobreestimado IPC, primer problema político y económico que se está encontrando el Gobierno. Todo ello contribuirá, por ejemplo, a que el presupuesto en pensiones, primera partida del gasto del Estado, disminuya más de lo que lo haría si no se diera la confluencia del tope al gas y la fórmula inexacta del INE. Lo mismo ocurrirá con alquileres o salarios pactados bajo convenio.

Un escenario que contribuirá a evitar en parte los temidos efectos de segunda ronda (contener la inflación subyacente que no incluye energía y alimentos frescos). Es decir, a que la fuerte subida del IPC contagie menos al resto de la economía, que provoca una pérdida de poder adquisitivo generalizada y contribuye al malestar social por el empobrecimiento sobrevenido derivado de la alta inflación.