Iberdrola y Endesa romperán contratos a sus clientes si el Gobierno subasta su energía barata

Más presión para el Gobierno. Iberdrola y Endesa, primer y segundo productor de electricidad en España, se guardan la potestad de romper contratos sin indemnizar a grandes clientes si finalmente el Ministerio para la Transición Ecológica, como se comprometió vía BOE, convoca una subasta para forzar a las grandes eléctricas a que pongan a disposición del mercado su producción inframarginal, con bajos costes de generación (nuclear e hidráulica, principalmente). Mientras, por el otro lado, los grandes consumidores industriales piden al Ejecutivo que lance ya esta puja: "Es vital aprobar las subastas de energía de tecnologías inframarginales (nuclear, hidroeléctrica y renovables), pendientes desde 2021", advertían hace unos días AEGE, ACE y Granceess, asociaciones empresariales que representan el 25% del consumo eléctrico nacional.

La eléctrica presidida por Sánchez Galán ya está incluyendo una cláusula en contratos de grandes consumidores que señala que "Iberdrola podrá resolver el contrato sin que proceda indemnización alguna al cliente, si como consecuencia de la celebración de las subastas obligatorias de contratos de compra de energía a largo plazo prevista en el artículo 3 del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, Iberdrola se viera privada de la energía prevista para atender el presente contrato".

En línea con lo anterior, fuentes conocedoras de la posición de Endesa señalan sobre estas cláusulas que "en las próximas semanas se tendrán que incluir también, puesto que pronto se empezán a colocar en nuevos contratos con clientes para los años 2023 y siguientes la producción hidro-nuclear-renovable que aún no está comprometida para esos periodos futuros". "Puesto que la regulación vigente prevé que se lleven a cabo este tipo de subastas, se trata de un riesgo real que hay que gestionar", justifican estas fuentes, y advierten de que "el contenido de la cláusula se expresará en términos similares al del resto de compañías que ya lo está haciendo".

Las compañías incluso van un paso más allá. Según explican, existen muchos contratos previos a la regulación anunciada el pasado mes de septiembre que también se verían afectadas. Es decir, que tanto Iberdrola como Endesa podrían romper contratos firmados previamente a largo plazo, aunque no dispongan de cláusula específica. Según argumentan, toda su energía ya está comprometida con sus clientes a medio y largo plazo. Por eso, si el Gobierno les obliga a poner el 25% de su energía de base en una subasta, entenderán que se produce una expropiación forzosa de sus bienes y, como consecuencia de lo anterior, podrán romper contratos dado que, según su criterio, lo ejecutarían debido a una causa de fuerza mayor.

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Mientras, la gran industria consumidora de electricidad pide al Gobierno que convoque ya esta subasta de energía inframarginal, que acumula cuatro meses de retraso, para acceder a luz a costes asequibles que no comprometa su proceso productivo.

En este contexto de hostilidad y enfrentamiento entre las diversas partes afectadas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, viaja este martes a Bruselas para reunirse con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, de cara a validar los planes de España y Portugal que permitan abaratar el precio de la luz.

Como ya avanzó este medio, uno de los mayores escollos para el Gobierno vienen de las posibles ayudas de Estado ilegales que podrían implicar que España pueda ofertar una luz más barata y fuera del mercado común europeo a sus empresas industriales que compiten en el mercado exterior.

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También al cliente residencial en mercado libre

La cuestión no solo afecta a grandes clientes, sino que también el consumidor doméstico se está viendo afectado. Según los recientes contratos firmados en mercado libre, Iberdrola advierte de que "por medio del Real Decreto-ley 17/2021, el Gobierno de España ha aprobado un mecanismo que contempla la posibilidad de obligar coercitivamente a Iberdrola España SAU y/o sus sociedades dependientes a vender hasta el 25% de su capacidad de generación en unas subastas, privándole en ese caso de la posibilidad de destinar esa cantidad de electricidad al suministro de sus clientes, aunque dicho suministro estuviera ya comprometido. Es por ello que se incluye una nueva cláusula 3.4 que habilita a Iberdrola a rescindir el contrato en el caso de que Iberdrola España SAU y/o sus sociedades dependientes deban participar en esas subastas y no pueda acceder a una fuente de aprovisionamiento alternativa".

Esta cláusula 3.4 alerta de que en el caso de que "la participación obligatoria en las subastas reguladas en el Real Decreto-ley 17/2021 incremente el coste de aprovisionamiento de energía de Iberdrola Clientes, Iberdrola Clientes podrá incrementar el precio de este contrato en la misma proporción en la que se incremente el coste medio de aprovisionamiento de Iberdrola Clientes como consecuencia de esas medidas regulatorias. En caso de que Iberdrola Clientes, actuando de manera razonable, no sea capaz de encontrar una fuente de aprovisionamiento alternativa, podrá resolver este contrato, mediando notificación al cliente con un preaviso mínimo de un (1) mes, sin que proceda indemnización alguna al cliente".

Cuatro meses de retraso en la subasta

El Gobierno acumula un retraso de cuatro meses para convocar esta subasta de energía inframarginal, y no ha comunicado ninguna previsión aún, aunque mantiene su intención de sacarla adelante. Según el Real Decreto-ley 17/2021, esta puja debería haberse celebrado antes del cierre del año pasado, por lo que se está incumpliendo al mandato legal que el propio Gobierno anunció.

Fuentes del sector consultadas por este medio aseguran que el Ministerio para la Transición Ecológica pretendía celebrar esta subasta tras lograr un acuerdo con las eléctricas, algo que por ahora no ha conseguido. Es más, las fuentes consultadas señalan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se justifica en no cumplir con la medida ante determinados actores del sector interesados en la misma precisamente por las consecuencias que podrían generarse en el mercado, vista la amenaza que negro sobre blanco están poniendo las grandes suministradoras de esa energía inframarginal.

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La cuestión supone una fuente de presión para el Ejecutivo, ya que hay diversos actores del sector, como comercializadoras pequeñas y grandes clientes industriales, que están esperando a que se convoque dicha subasta, ya que la falta de disponibilidad de energía barata está suponiendo un lastre para sus negocios. En el caso de las comercializadoras independientes, que tienen que comprar la energía que posteriormente venden, se están viendo cada vez más asfixiadas. Prueba de lo anterior es que en el último trimestre de 2021 se produjo un cambio de tendencia en la captación de clientes histórico, tal y como avanzó El Confidencial.

Las grandes eléctricas recuperaron clientes en detrimento de las pequeñas, algo que caminaba en sentido contrario desde hace una década, tras la liberalización de la comercialización eléctrica. Por su parte, la gran industria se sigue quejando de los precios altos y las asociaciones como AEGE piden al Gobierno que legisle ya para que puedan disponer de energía a precios asequibles que no comprometan sus procesos productivos. Algunas grandes fábricas han anunciado paros en los últimos meses, dado el alto precio de la energía.

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Esta no es la primera vez que al menos Iberdrola advierte de que rompería contratos por cambios regulatorios. En septiembre, envió cartas a sus clientes para advertirles de que no podría mantener las condiciones pactadas si el departamento liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, detraía los conocidos como beneficios caídos del cielo ('windfall profits') de contratos acordados previamente. Finalmente, el Ejecutivo dio marcha atrás con este recorte en un segundo real decreto e Iberdrola no cumplió con su amenaza.

Tanto Iberdrola como Endesa han manifestado públicamente que tienen toda su producción comprometida con sus clientes, por lo que si el Gobierno les fuerza a poner parte de la misma en la subasta no podrían cumplir con los contratos de suministro firmados con sus usuarios. Su argumentación en las últimas semanas es que dichos cambios regulatorios perjudican a clientes que han sido previsores y ya han firmado contratos a largo plazo. Utilizan esta justificación no solo para la subasta inframarginal, sino también para las potenciales consecuencias del tope al gas propuesto por España y Portugal a la Comisión Europea.

Dicha regulación se encuentra en negociación y aún pendiente de concreción. Aunque el Consejo Europeo habilitó a Sánchez para regular con base en la excepción ibérica que supone un menor nivel de interconexión, diversos países (Alemania, Holanda y los nórdicos, principalmente) así como las propias eléctricas tratan de influir sobre los técnicos de Bruselas para que dicha regulación no salga en los términos propuestos por el Ejecutivo español.

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Según especificaba la normativa del Gobierno, la subasta de tecnología inframarginal sería de casi 16 TWh. De los mismos, Iberdrola tendría que aportar 7,3 TWh, Endesa se vería obligada a subastar más de 6,7 TWh, mientras que Naturgy suministraría 1,4 TWh y EDP 0,36 TWh.

Pese a no haber cumplido los plazos, el Ministerio para la Transición Ecológica sigue diciendo públicamente que tiene intención de convocar dicha subasta. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, dijo en febrero a 'El Periódico de la Energía' que "queremos lanzar este año las subastas de energía inframarginal".

Casi tres meses después de este anuncio, la crisis energética sigue golpeando a los consumidores y disparando la inflación, principal problema económico actualmente en España, pero por ahora no se ha dado ninguna previsión ni fechas de cuándo se llevará a cabo esta subasta que demandan la industria y las pequeñas comercializadoras. Se trata de un esquema similar al que ya aplica desde hace tiempo Francia, conocido como Arehn, por el que la 'utility' EDF ofrece su producción nuclear inframarginal al resto de operadores.