Acuerdo político de España y Portugal con Bruselas: límite al gas sobre los 50 €/MWh

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno a cargo de Transición Ecológica, junto con su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, han anunciado este martes en Bruselas un “acuerdo político” con la Comisión Europea para establecer un precio de referencia al gas durante un año de 50 euros MWh para reducir la factura de la luz, poco después de finalizar un encuentro con Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión a cargo de Competencia.

Han sido semanas de negociación “dura, complicada, intensa”, según ha explicado Cordeiro. “Se trata de un instrumento temporal, de una duración prevista de 12 meses. Iniciando el precio de referencia del gas en torno a los 40 euros y llegando a un precio medio de los 50 euros MWh”, ha señalado por su parte Ribera durante una rueda de prensa conjunta celebrada en la embajada portuguesa. Por lo que en los próximos meses el precio se situará entre los 40 y los 60 MWh, según han explicado ambos ministros.

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“Las líneas maestras del acuerdo están resueltas tras semanas de trabajo técnico”, ha señalado Ribera, que ha explicado que España y Portugal deben completar los cambios que se han acordado durante el encuentro con Vestager. El departamento que dirige la danesa era uno de los más escépticos con la propuesta hispanoportuguesa y querían garantías para asegurarse de que el esquema no pueda ser considerado después como una ayuda de Estado ilegal.

Los negociadores comunitarios querían evitar que el esquema que se adoptara en España y Portugal acabara siendo considerado una ayuda de Estado ilegal, al favorecer que las compañías españolas tengan una energía mucho más barata que la de otros países europeos, por lo que querían tener la cuestión bien atada antes de dar su luz verde. El Gobierno achaca estas dudas a la presión de las energéticas, pero lo cierto es que era una de las principales preocupaciones que expresaban fuentes diplomáticas de los países que eran más reacios a la propuesta hispanoportuguesa, y también era mencionada por fuentes comunitarias antes incluso de que Madrid y Lisboa enviaran su propuesta a Bruselas.

Otro de los elementos más complicados de las conversaciones era la interconexión con Francia: ¿qué ocurriría con la electricidad procedente de España que consumieran los consumidores y empresas francesas? La visión de la Comisión era que debían pagar lo mismo que los consumidores españoles, algo que en un principio el equipo español rechazaba. Finalmente, la visión de Bruselas se ha impuesto, como ha admitido la vicepresidenta.

Al Consejo de Ministros

“Este es el acuerdo concreto que consigue materializar los dos párrafos de conclusiones políticas del Consejo Europeo”, ha explicado Ribera, preguntada por la cumbre europea de marzo de la que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, salió celebrando que los líderes europeos habían admitido la excepción ibérica. En realidad, lo más importante en aquella cumbre europea fueron las palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que explicó que habría un “tratamiento especial” para la península ibérica. Las negociaciones después han sido más duras de lo que esperaba Moncloa, con muchas dudas por parte del Ejecutivo comunitario, que desde el principio consideró que el precio de la primera propuesta española, de 30 euros MWh, era demasiado bajo.

El objetivo ahora es que España y Portugal terminen de hacer los últimos ajustes sobre la propuesta en las próximas horas para que la Comisión Europea pueda dar su luz verde en los próximos días y el esquema pueda ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros del martes 3 de mayo, de manera que la reducción en la factura de la luz se note en la factura de ese mismo mes.