Ribera se reúne con Vestager en Bruselas para desatascar la negociación energética

Las negociaciones de la Comisión Europea con los Gobiernos de España y Portugal para el establecimiento de un precio de referencia para el abaratamiento de la factura eléctrica en ambos países están siendo mucho más duras y complicadas de lo que los líderes de la Península Ibérica tenían previsto cuando el pasado 25 de marzo, tras un largo Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, se comprometió a que hubiera un “tratamiento especial” para ambos países en la cuestión energética.

Unos días después, los Gobiernos de España y Portugal presentaron una propuesta para establecer el precio de referencia del gas en los 30 euros/MWh y comenzó un tira y afloja entre los técnicos de ambos países y los de la Comisión Europea. Fuentes comunitarias consultadas por El Confidencial mostraron sus reservas y sus dudas respecto a los planes españoles incluso en la misma noche en la que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su homólogo luso, Antonio Costa, celebraban ese “tratamiento especial” en la sala de prensa española del Consejo Europeo. Explicaron que no habría automatismos, que habría que discutir los detalles, ver posibles consecuencias secundarias.

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Y, efectivamente, las conversaciones están siendo complejas y difíciles. Tanto como para que Teresa Ribera, vicepresidenta a cargo de Transición Ecológica, viaje este martes a Bruselas junto a su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, para reunirse con Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Competencia. Porque buena parte de las reservas del Ejecutivo comunitario a las ideas de Madrid y Lisboa tienen que ver con la competencia.

Los negociadores comunitarios, que consideran que el límite de los 30 euros/MWh es demasiado bajo, temen que si, por ejemplo, una acerera en España disfruta de unos precios de la energía más baratos que una en Alemania la segunda parte pueda llegar a denunciar la medida como una ayuda de Estado ilegal. Esta era, de hecho, una de las preocupaciones que expresaban algunas fuentes diplomáticas de los países que eran más reticentes a las propuestas españolas antes del último Consejo Europeo, como por ejemplo Alemania o Países Bajos. En Bruselas consideran que antes de dar el visto bueno a la propuesta hay que tener bien atada esta cuestión.

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En el Ejecutivo comunitario dan por hecho que los Gobiernos español y luso van a tener que aceptar cambios importantes en su propuesta para que salga adelante. En la cuestión del precio, Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, ya admitió que se trataba de una posición de partida. Pero las conversaciones tienen muchos flecos y variables. Los equipos del ministerio de Ribera y de la Comisión Europea llevan en un constante diálogo desde hace semanas, en un tira y afloja permanente con el que intentar aterrizar una propuesta que sea aceptable para ambos lados. Y en ese engranaje el departamento de Competencia que dirige Vestager juega un papel fundamental, porque si en algún momento se determinara que el esquema hispanoportugués es una ayuda ilegal de Estado significaría que ambos países, probablemente años después, tendrían que tomar medidas para revertirlo, incluyendo, por ejemplo, compensaciones a las eléctricas.

Otra de las inquietudes de la Comisión Europea es la cuestión de la energía que pasaría a Francia: ¿pasaría también con el precio reducido por la medida española? En Bruselas no observan otra posibilidad, y se considera que la diferencia tendría que ir a costa de España, no de Francia, y eso está generando roces en las conversaciones. Curiosamente, este mismo martes Vestager se reunirá también con Benoît Coeuré, que es desde enero de 2022 el presidente de la Autoridad de la Competencia en Francia, aunque fuentes de la Autoridad explican que la cuestión de la propuesta hispanoportuguesa no está incluida en la agenda de la reunión con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.