El Gobierno admite que incumplirá su promesa de contener la luz para 10 millones de hogares

A falta de más de un mes para que termine el año, el Gobierno ya admite que la promesa de Pedro Sánchez de que el recibo de la luz se mantenga en niveles de 2018 no podrá cumplirse para los usuarios acogidos a la tarifa que regula el Gobierno, denominada precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa históricamente más recomendada por asociaciones de consumidores, expertos del sector o los propios responsables de la Administración.

De esta manera, alrededor de 10 millones y medio de hogares, cerca del 40% del total, pagarán una factura de electricidad en 2021 superior a la de hace tres años, por lo que tendrán que hacer un esfuerzo económico récord para hacer frente a este suministro básico.

Así se desprende de las explicaciones dadas por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, quien computa las bajadas de impuestos aplicadas a aquellos clientes de luz con contratos firmados en el mercado libre, muchos de los cuales no están vinculados, como sí ocurre con el PVPC, al mercado mayorista (este martes es el segundo día más caro de la historia) y, por tanto, no han sufrido en ningún momento la crisis energética, para que cuadre el pronóstico del presidente del Gobierno.

Solo de esta manera el Ministerio para la Transición Ecológica puede justificar que 2021 termine al nivel de 2018, tal y como detalla la responsable de la política energética en una tribuna titulada "Cumplir con la palabra dada", publicada por 'El Periódico de España'.

Esta visión no es compartida por las asociaciones de consumidores. Este mismo lunes, Facua señalaba que "la luz en diciembre tendría que ser negativa para que el presidente Sánchez lograse cumplir su compromiso de igualar las tarifas de 2018 descontando el IPC". "Al usuario medio habría que devolverle casi 15 euros para que cuadrasen las cifras. El Gobierno no ha tomado las medidas que prometió", sostiene la asociación.

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Un ex alto cargo de la Administración con responsabilidades en materia energética señala que cuando el presidente del Gobierno dijo en una entrevista en el diario 'El País' en septiembre que la luz estaría al terminar el año en los niveles de 2018 tras su plan de choque, todo el mundo estaba pensando en que la batería de medidas tomadas serviría para aliviar a los usuarios perjudicados, que son los que se encuentran en la tarifa regulada por el BOE, y no a aquellos que acuden al mercado libre.

"Lo paradójico de esta situación", explica, "es que usuarios con tarifas planas han visto aliviado su recibo por la menor carga de impuestos y costes fijos. Por el contrario, los que están en el PVPC, pagarán más. No parece lógico que ahora el Gobierno se jacte de que cumple con la palabra dada compensando la rebaja de tarifas a consumidores habitualmente más pudientes cuando tiene un 40% de usuarios (10,5 millones de hogares), normalmente aquellos con menos recursos, a los que no llegará la promesa del Ejecutivo".

No aclara cómo cuadrará el déficit

Aagesen advierte de que, sumados todos los contratos, el promedio estará en niveles de 2018 en 2021 gracias a medidas como la suspensión del 96% de los cargos (subvenciones a renovables, generación extrapeninsular, deuda, etc.), establecido en el Real Decreto 17/2021, que entró en vigor en septiembre. Dicha normativa preveía pagar esa partida con un golpe a las eléctricas de 2.600 millones de euros entre septiembre y marzo de 2022.

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Sin embargo, tras rectificar y excluir a los contratos que no internalizan la subida del gas, dicho recorte a la hidráulica y la nuclear ha quedado prácticamente neutralizado. Según la última liquidación de Red Eléctrica, Endesa ha esquivado el 100% del golpe e Iberdrola ha sufrido un impacto residual, según los datos proporcionados por las propias compañías.

Tras la rectificación del Gobierno, el recorte a la hidráulica y la nuclear ha quedado prácticamente neutralizado, según las eléctricas

De esta forma, la secretaria de Estado de Energía no ha aclarado de dónde saldrán los fondos para cubrir el potencial agujero que permitirá aliviar parte de la factura después de dar marcha atrás con el hachazo a las eléctricas. El Ministerio para la Transición Ecológica, en cualquier caso, no tendrá que retratarse hasta que no se hagan las liquidaciones definitivas del año 2021, que se producirán en noviembre de 2022 y junio de 2023. Parte se cubrirá ampliando en 900 millones los fondos para el sistema eléctrico procedentes de las subasta de emisión de los derechos de emisión de CO₂, que se han extendido hasta los 2.000 millones.

Pero en el mercado creen que no será suficiente, con lo que el departamento que dirige Teresa Ribera aún tendrá que ingeniárselas para pagar la parte no cobrada a los usuarios por dichos costes fijos, dado que la ley del sector eléctrico no permite incurrir en déficit. En el sector, las fuentes consultadas creen que habrá que consignar una partida de los presupuestos generales del Estado para tapar dicho agujero, pero por ahora el Gobierno prefiere no pronunciarse.

Pese a todo, explican fuentes del mercado, Sánchez logró neutralizar parte del malestar social que se estaba gestando durante el verano por el precio de la luz, incluido el de su socio de gobierno, Unidas Podemos, por lo que incumplir esa promesa para 10 millones y medio de familias ahora puede tener un menor coste político que si se hubieran producido manifestaciones durante el otoño.