Las diferencias con Portugal y las eléctricas retrasan la aplicación del plan para bajar la luz

El Gobierno se está encontrando con problemas adicionales para poner en marcha el plan para rebajar el precio de la luz. Dicho mecanismo consiste en imponer un tope al precio del gas, que está disparando el precio de la electricidad. Es una medida aprobada por el Consejo Europeo en marzo y justificada por el carácter excepcional de isla energética de España y Portugal.

Sin embargo, fuentes al corriente de las negociaciones creen que el mecanismo no entrará en vigor al menos hasta la segunda semana de junio, lo que supone un exceso de unos 10 días con respecto a la previsión que hizo el Ejecutivo a mediados de mayo, cuando estimó que dicho plan estaría funcionando a principios de junio. La dilación hace que los potenciales ahorros también se retrasen, en un entorno de precios récord de la electricidad que están disparando la inflación y poniendo en jaque la recuperación económica.

Tras aprobarse en el BOE el nuevo esquema regulatorio el 14 de mayo, que permitirá bajar la factura eléctrica, se han producido una serie de vicisitudes que están alargando los plazos. En primer lugar, cabe destacar el retraso por parte de Portugal en hacer llegar a la Comisión Europea toda la documentación necesaria para que esta dé su visto bueno definitivo.

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El mercado español y el portugués tienen diferencias sustanciales. La más destacada es que mientras en Portugal los clientes adscritos a la tarifa regulada tienen un precio cubierto por cuatrimestres (y representan una porción poco significativa), el precio regulado en España, denominado PVPC, está indexado a 'pool' y cuentan con él más de 10 millones de familias, una circunstancia que le ha permitido ser la tarifa más competitiva durante años, pero que desde que se inició la crisis energética es la que más se ha encarecido.

Portugal aprobó un decreto ley de apenas seis páginas, mientas que el Ministerio para la Transición Ecológica elaboró un texto normativo de más de 63 folios. La cuestión no es baladí y ya han surgido las primeras discrepancias. Ha habido empresas que entienden que las prórrogas a los contratos en Portugal estaban exentas de pagar la subvención al gas para generar electricidad, lo que implicaría un sobrecoste para los consumidores españoles y por consiguiente se diluiría parte del ahorro al que se aspira en la factura.

Dicha interpretación fue descartada por el Gobierno de Portugal, que se está mostrando en sintonía con el español. Sin embargo, ERSE, el homólogo luso de la CNMC, que tiene importantes atribuciones en materia de regulación energética, no estaría tan en línea con lo anterior y podría ser quien habría estado tratando de exonerar del pago del gas a determinados consumidores lusos.

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Esta circunstancia obligó a que el propio ministro de Medio Ambiente y Acción Climática, Duarte Cordeiro, saliera al paso en declaraciones a El Confidencial y advirtiera de que los decretos deben ser simétricos. Además, se comprometió a aclarar lo que fuera necesario ante la Comisión Europea para evitar diferencias a ambos lados de la frontera. Esta y otras cuestiones están llevando a Portugal a entregar su documentación ante Bruselas mucho más tarde que el Ministerio para la Transición Ecológica, que ya hizo llegar todo su plan tras la aprobación en el BOE el 14 de mayo.

Antes de lograr que la Comisión Europea validara preliminarmente este mecanismo a finales de abril, ya surgieron diferencias entre ambos países. España quería que los contratos a plazo también pagaran desde el inicio el mecanismo para compensar el gas, y al lograr un mayor reparto de este coste obtener un ahorro más profundo en los usuarios de tarifa regulada. Sin embargo, Portugal se opuso dada su estructura de mercado, al considerar que se verían más perjudicados, lo que ya extendió los plazos de aceptación.

OMIE pide más explicaciones a las empresas

Pero esta no es la única piedra en el camino que se está encontrando el plan. Al margen de la aprobación comunitaria, de forma paralela, el propio BOE obligaba a las empresas eléctricas a entregar todas las coberturas ante el regulador para saber cuántos contratos en España están libres del pago de la compensación para el gas. De nuevo, aquí está habiendo problemas que pueden demorar los plazos.

OMIE, el gestor del mercado eléctrico ibérico ante el que deben responder las empresas, está haciendo requerimientos de subsanación de información a todas las grandes compañías eléctricas. Parte de los reportes que están haciendo no sirven a ojos del supervisor, de ahí la solicitud de más información, ya que estas estarían teniendo discrepancias sobre qué contratos a plazo están excluidos y cuáles no, sobre la base de las exigencias de acreditación. Fuentes empresariales explican que "lo que han pedido son subsanaciones de errores". La información a entregar es muy compleja, aseguran, y añaden que los criterios no siempre están bien definidos en el real decreto-ley, y han pedido a cada empresa que se corrijan distintas cosas.

OMIE, el gestor del mercado eléctrico, ha lanzado requerimientos de subsanación de información a todas las grandes compañías eléctricas

Mientras para algunas compañías el problema es la indefinición de la nueva normativa, otras fuentes al tanto de las negociaciones creen que las compañías tratan de maximizar el número de contratos excluidos del pago, una discrepancia que, además de alargar los plazos, buscaría repartir entre menos clientes dicho ajuste para el gas, lo que reduciría el potencial de ahorro de un plan al que se opusieron las compañías. OMIE estaría dando 72 horas a cada empresa para que responda.

Desde los reguladores, no tienen claro que, tal y como sostienen las empresas, la mayoría de sus contratos sean a plazo a niveles por debajo de 67 euros por MWh, lo que les haría pasar por debajo del radar de los recortes implementados en los últimos meses por el Gobierno. Justifican esta desconfianza en el elevado nivel de beligerancia a las nuevas normativas y las quejas de los grandes consumidores industriales, que pese a todas las supuestas ofertas a bajos precios, siguen pidiendo al Gobierno que acelere la intervención y obligue a las empresas a vender su energía a niveles baratos. Según señalan, no acaban de recibir estas supuestas ofertas baratas.

Hasta 13 de junio para convalidar

Sea como fuere, al periodo de entrega de los contratos ante OMIE de cinco días le precedían otros siete días para hacer alegaciones, que terminarían este martes. Estos reportes deben de estar claros antes de que el Colegio de Comisarios en Europa dé su plácet definitivo. No obstante, este no se espera hasta dentro de unos 10 días.

El tiempo se está agotando, ya que el Gobierno, de forma paralela, necesita tener lista dicha aprobación para a su vez someter al Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley 10/2022 que contiene la norma. Esta convalidación tiene un mes de plazo, por lo que como máximo debería sustanciarse todo antes del próximo 13 de junio, fecha tope para consagrar la normativa en las Cortes.