El plan del Gobierno para abaratar la energía choca con las recomendaciones del Banco de España

El malestar provocado por la crisis energética y el paro de los transportistas ha obligado al Gobierno a poner en marcha un gran paquete de estímulo fiscal para recuperar la calma social. Este gran plan nacional, desgranado el lunes por el presidente Pedro Sánchez, tiene como medida estrella una “bonificación mínima” para la compra de combustible de 20 céntimos por cada litro de combustible.

Se trata de una medida muy relevante que, aunque el Gobierno no ha cuantificado aún, se llevará una parte muy significativa de los 6.000 millones de euros de las ayudas públicas del plan. No hay más que comparar que las mismas ayudas solo para los transportistas tendrán un coste de más de 450 millones de euros. Si se extiende esta ayuda a todos los consumidores, ya sean empresas o particulares, el presupuesto de las mismas será muy relevante. Para comprender la magnitud de las cifras, 6.000 millones de euros equivalen al doble del presupuesto destinado al ingreso mínimo vital durante un año completo, con la diferencia de que estos fondos solo durarán tres meses. Esto muestra el gran esfuerzo fiscal que supone este plan y, por tanto, la necesidad de que sea exitoso.

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La ayuda directa a la compra de combustibles está diseñada para llegar “a todos los ciudadanos”, como señaló Sánchez el lunes, y choca con la primera de las recomendaciones que hizo el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al Gobierno hace una semana. El gobernador reconocía la necesidad de poner en marcha estímulos fiscales a nivel nacional, pero urgía a evitar el ‘café para todos’.

“Es importante que la política fiscal nacional haga uso de su capacidad para actuar de forma muy granular y focalizada, y centre sus esfuerzos en apoyar a los hogares, empresas y sectores que más se están viendo afectados por esta combinación de perturbaciones”, señalaba De Cos en su discurso. En otras palabras, las medidas deberían ser quirúrgicas para que los recursos públicos no vayan a empresas o familias que pueden soportar esta subida de los costes. De hecho, algunos hogares tienen sus rentas vinculadas a la inflación, como es el caso de los jubilados, de modo que no necesitarían ayudas adicionales para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Pero el motivo por el cual el gobernador reclamaba medidas ‘quirúrgicas’ era la vulnerabilidad de las cuentas públicas españolas. “El carácter selectivo que debe adquirir el apoyo de la política fiscal se justifica también por la necesidad de minimizar el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios en un escenario en que estos han aumentado de manera muy significativa durante la crisis [del coronavirus]”, explicaba De Cos. La deuda pública escaló en 25 puntos del PIB por la pandemia, hasta situarse en el entorno del 120% del PIB. Una subida que deja ya poco margen fiscal para repetir grandes alardes presupuestarios.

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De Cos pedía que el esfuerzo se centrara especialmente en los hogares más vulnerables, que fueron los perdedores durante la pandemia y ahora vuelven a ser duramente golpeados por la crisis energética. En su lugar, el Gobierno ha optado por dar las mismas ayudas a todos los combustibles, de modo que quienes capturará las ayudas serán las rentas que más combustibles consuman. Esto significa que una buena parte de las ayudas irá directamente a las rentas altas, que viven en las afueras y utilizan sus vehículos personales para desplazarse, en ocasiones de gran potencia y consumo. Por el contrario, las rentas bajas que se desplacen en transporte público se quedarán al margen de estas ayudas.

El Banco de España pedía que el diseño de las medidas fuese justo al revés, ya que los que más tienen pueden soportar el coste adicional que implica la subida de los hidrocarburos. Estos hogares harían un esfuerzo adicional y no consumirían el escaso margen fiscal del que dispone España. Porque los 6.000 millones que se ponen en marcha ahora se consumirán en apenas tres meses. Sin embargo, no hay ninguna certeza de que el ‘shock’ de precios esté superado en junio, de hecho, es probable que se prolongue durante varios meses más.

¿Qué pasaría en ese caso? Los 6.000 millones de ayudas del Gobierno se habrán agotado, y quedará un margen fiscal aún más escaso. Por eso “debe evitarse un impulso fiscal generalizado”, señalaba entonces el gobernador. Sin embargo, el Gobierno ha optado por un impulso generalizado para recuperar la calma social. Lo que sí ha hecho el Gobierno es focalizar mayores ayudas sobre los sectores más golpeados por la crisis energética. Además de los transportistas, el Gobierno ha aprobado algo más de 340 millones en ayudas a la agricultura, la ganadería y la pesca. Y también la reestructuración de la deuda de los avales del ICO para las empresas de los sectores más afectados.