El Banco de España inspecciona por primera vez el éxodo rural de las entidades bancarias

El éxodo rural de los bancos entra en la agenda del Banco de España. El supervisor español ha hecho una petición de información a las principales entidades del país en las últimas semanas para saber cómo están abordando este movimiento, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial. Es la primera vez que el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos pone en el foco este asunto, tras años centrado en que los bancos sean más rentables, eficientes y solventes.

Entre los datos que se ha pedido a las entidades figura el número de oficinas y cajeros por poblaciones y municipios, y cómo están abordando el servicio a sus clientes en localidades que han abandonado. Los ofibuses y los acuerdos con Correos son algunas de las alternativas que predominan en el sector.

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Este requerimiento de información ha sorprendido a los bancos, ya que el Banco de España hasta ahora no había mostrado preocupación por este frente, sino todo lo contrario: apostaba por que las entidades recortaran costes para ser más rentables.

Las fuentes consultadas alejan la consulta del supervisor del movimiento que ha generado Carlos San Juan, con su campaña 'SoyMayorNOidiota'. El mal servicio ofrecido por las entidades ha generado la protesta de los clientes de más edad y que el Ministerio de Economía exija medidas, que se materializarán este lunes con una actualización del protocolo para evitar la exclusión financiera. Sus detalles se conocerán este lunes en un encuentro organizado por Economía junto a las patronales bancarias, la asociación Asufin y el propio San Juan.

Desbandada

A la espera de los últimos datos, las entidades financieras cerraron entre 3.000 y 3.500 oficinas en España durante 2021, en torno a un 15% de las que tenían al comienzo del ejercicio. Estas cifras reflejan el efecto de las fusiones alentadas por el supervisor —CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank— y los recortes extraordinarios puestos en marcha por otros bancos como Santander, BBVA e Ibercaja.

Los recortes son todavía de mayor calibre mirados a más largo plazo: se ha cerrado casi un 60% de las oficinas que había en el sector financiero antes de que estallara la crisis financiera, lo que se traduce en 27.000 sucursales menos.

Muchas de estas oficinas se han cerrado en municipios donde solo quedaba una sucursal, de modo que se ha acentuado la exclusión financiera. Desde las entidades, explican que el riesgo es para muchas de las que han quedado como las 'últimas de Filipinas' en pequeños municipios, enfrentándose a choques con la Administración local por cerrar cuando ya habían salido de ahí varios bancos. Esto explica que algunos grupos estén priorizando ser los penúltimos en salir de estas localidades donde el negocio es menos rentable.

El peligro para las entidades —y también de cara al supervisor— es que este movimiento genere un riesgo reputacional a las entidades, cuya imagen no acaba de despegar desde la pasada crisis financiera. El entorno no ayuda, los bancos se ven presionados por supervisores e inversores para ajustar costes y mejorar rentabilidad, pero la opinión pública y el Gobierno les pide lo contrario. Difícil papeleta para los banqueros.