Las CCAA despedirán a miles de sanitarios con el menor déficit en 15 años

Los datos son contundentes, y lo que reflejan es que las comunidades autónomas, mientras ultiman el despido de miles de sanitarios —la cifra definitiva se conocerá cuando se cierre el año—, atraviesan, paradójicamente, por su mejor situación presupuestaria en años.

Habría que remontarse a 2006 para encontrar un ejercicio fiscal tan favorable como va a ser 2021. Fundamentalmente, por las fuertes transferencias que ha hecho la Administración central a las regiones para hacer frente a los costes adicionales generados por la pandemia. En particular, una transferencia de 13.466 millones que se ha materializado en octubre para financiar gastos esenciales. Principalmente sanidad y, en menor medida, educación. Igualmente, se han transferido 6.765 millones de la Línea Covid para ayudas directas a autónomos y empresas, cuyo resultado es incierto por la complejidad burocrática en su tramitación. Otros 625 millones se han transferido para prestaciones básicas de servicios sociales y sanitarios para los programas de farmacia.

Estas transferencias, además de otros fondos adicionales de menor cuantía, explican que las administraciones regionales hayan obtenido un superávit de 12.379 millones de euros hasta octubre, lo que representa un 1% del PIB. Sin contar esa transferencia del Gobierno central, que tiene un carácter extraordinario, el déficit de las CCAA se situó en el primer semestre de este año en el 0,2% del PIB (en términos de necesidades de financiación según el protocolo de Maastricht).

A final de año, según las previsiones de Fedea, el déficit se situará solo, en unas circunstancias como las actuales, en el 0,6% del PIB. Es decir, en línea con la referencia aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (0,7%), mientras que para 2022 se prevé que el desequilibrio fiscal descienda hasta el 0,6% del PIB. Ahora bien, si se cumplen sus previsiones, nueve CCAA (Extremadura, Madrid, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias y Navarra) cerrarán este año con superávit. En el lado contrario están la Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, que acabarán con déficit.

Pinchazo de la burbuja

Como se ha dicho, habría que remontarse a hace 15 años para encontrar una situación fiscal tan favorable. Ese año, en plena burbuja inmobiliaria, el desequilibrio entre ingresos y gastos representó el -0,1% del PIB. Es decir, a años luz del -5,2% que alcanzaron en 2011, cuando se hundieron sus ingresos tras haberse pinchado el mercado de la construcción.

Esta es, de hecho, una de las diferencias de la actual crisis respecto de la anterior. Si en la pasada las regiones tuvieron que enfrentarse a fuertes desequilibrios fiscales, en esta ocasión ha sido la Administración central quien ha corrido con los gastos asociados a la pandemia, lo que tiene que ver, entre otras razones, con la distinta naturaleza de ambas convulsiones económicas. En la primera, se produjo un desplome de los ingresos tributarios, mientras que en la actual lo que se han disparado son los gastos, que han sido financiados con deuda pública comprada en su totalidad por el Banco Central Europeo a coste cero, de ahí que su salud presupuestaria apenas se haya resentido.

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Aunque las reglas fiscales de la Unión Europea están suspendidas al menos hasta el año 2023, la previsión del Gobierno es que el déficit alcance este año el 0,6%, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media desde que comenzó el siglo (1,9%), lo que refleja su verdadera situación financiera.

A la Administración central, sin embargo, le sucede justo lo contrario. Ha salido a socorrer a las regiones, lo que explica que su endeudamiento haya crecido en nada menos que 24,4 puntos de PIB entre el cierre de 2019, al comienzo de la irrupción del coronavirus, y el segundo trimestre de este año, hasta el 109,7% del producto interior bruto. Por el contrario, la deuda de las comunidades autónomas apenas ha crecido en 3,2 puntos, pese a que las regiones tienen asumidas las competencias de sanidad y educación, partidas que representan conjuntamente alrededor de dos terceras partes de su presupuesto de gastos.

Recortes de plantillas

La ‘saneada’ situación financiera de las regiones respecto a otros periodos históricos contrasta, sin embargo, con su intención de eliminar miles de puestos de trabajo creados de forma coyuntural para actuar contra la pandemia.

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Inicialmente, según las distintas fuentes que se consideren, se estimó que entre 20.000 y 25.000 contratos perderían su vigencia el próximo 31 de diciembre, pero es probable que esa cifra, ante el colapso en la atención primaria en muchos lugares por el enorme aumento en el número de contagios, se revise a la baja a la vista de la evolución de la pandemia. Tan solo en Andalucía, los sindicatos llegaron a estimar que serían no renovados alrededor de 8.000 trabajadores eventuales. El sindicato CSIF calculó en noviembre, igualmente, que 7.500 contratos serían no renovados en Madrid, y lo mismo sucede en todas las regiones españolas, como Aragón, Comunidad Valenciana o Asturias. Algunas fuentes sindicales han llegado a barajar la cifra de 50.000 contratos no renovados.

España, según el último informe de la OCDE, destina a gasto sanitario una cantidad muy por debajo de la media de la organización, donde hay países altamente desarrollados y otros menos avanzados. La media son 4.087 dólares per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo, pero en España, en 2019, apenas se alcanzaron los 3.600. Es decir, menos de la mitad que en Austria, Bélgica, Canadá, Francia o Alemania, y en línea con Italia (3.653 dólares per cápita). España tiene más médicos que la media por cada 1.000 habitantes, pero un número muy inferior de enfermeras (5,9% frente a 8,8% en la media de la OCDE). El número de cámaras hospitalarias por 1.000 habitantes, igualmente, es inferior (tres frente a 4,4).