El error fatal con la CEOE que le puede costar caro al Gobierno

La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha acostumbrado a decir en las últimas semanas que ahora es cuando comienza la legislatura. Y en verdad que para su ministerio, el de Trabajo, lo es. No solo porque ejerce de interlocutora del presidente Sánchez tras la ‘espantá’ de Pablo Iglesias, sino, sobre todo, porque ahora se juega su futuro político.

Si hasta estos momentos ha aparecido como la cara amable de las ayudas públicas (los ERTE) o de la regulación de las nuevas realidades del mercado laboral (el teletrabajo o los ‘riders’), ahora tendrá que lidiar con la parte mollar del sistema de relaciones laborales. En particular, la reforma de la reforma laboral del PP, el salario mínimo (que en 2021 sigue congelado porque Calviño lo frenó) y, lo que no es menos importante, tendrá que congestionar con el ministro Escrivá la paulatina retirada del manguerazo público para mantener el empleo, que irá desapareciendo al ritmo que marque la evolución de la pandemia.

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M. R. P.

En medio se ha colado un asunto menor, como es la constitución de Conpyme (Confederación Nacional de Pymes), que ha nacido con el patrocinio de la esposa de Pedro Sánchez y de la propia Yolanda Díaz, pero que ha enrarecido de manera innecesaria el clima de entendimiento entre la cúpula de CEOE y Cepyme y el Gobierno, justo en unos momentos clave en las relaciones laborales. Precisamente, cuando se negocia la prórroga de los ERTE y mientras se discute la reforma laboral, además de un asunto capital para los empresarios (también para los sindicatos) como es la reforma de las pensiones.

Aunque la sangre no llegará al río y la CEOE seguirá negociando con el Gobierno como si nada (el diálogo social forma parte de la cultura común entre sindicatos y empresarios desde comienzos de la Transición), se trata de “una torpeza del 40”, como dice gráficamente una dirigente de la patronal. Una torpeza que, sin embargo, tendrá consecuencias, ya que estrecha el margen de maniobra de Yolanda Díaz, cuyo perímetro de actuación (después de que le arrancaran las pensiones y la formación profesional) se mueve entre el no de Calviño y la CEOE a desmantelar la reforma laboral del PP, y el sí de los sindicatos, que en ocasiones hacen piña con los empresarios para aislar al Gobierno en la mesa de negociación, como sucede con el asunto de los ERTE.

Endurecer el discurso

El error Conpyme, sin embargo, le da una baza a Garamendi, que, aunque ha sacado todos los acuerdos en el seno de la ejecutiva de la patronal con práctica unanimidad, tiene que lidiar cada día con muchos empresarios —y no, precisamente, los del Ibex— que esperan un discurso más duro de la CEOE con el Gobierno. Entre otras razones, porque la crisis, aunque la economía vaya a repuntar fuerte en el segundo semestre del año, está ahí, y muchas empresas sufren en carne propia tanto por la debilidad de la demanda interna (por la caída de la renta disponible) como por el aumento del endeudamiento (los fondos del ICO hay que devolverlos). Sin perder de vista una circunstancia política de la máxima importancia, como es la tendencia al alza del PP en las encuestas, lo que alienta a muchos empresarios a ser más exigentes con el Gobierno para acortar los tiempos políticos.

Este escenario es el que sitúa a Garamendi en una mejor posición para negociar, y, a la inversa, debilita a Yolanda Díaz, cuya figura política tenderá a empequeñecer si los acuerdos tripartitos se convierten en bipartitos. Es decir, únicamente con los sindicatos. Sin olvidar que CCOO celebrará su 12º Congreso entre el 21 y el 23 de octubre, lo que significa que hasta entonces no caben grandes acuerdos confederales en el ámbito laboral.

Tradicionalmente, ningún líder sindical ha querido hipotecar su futuro con un acuerdo confederal firmado con el Gobierno de turno inmediatamente antes del cónclave. De hecho, Moncloa se ha comprometido a tener lista la reforma no antes del 1 de enero de 2022. Hasta entonces, mucha liturgia y muchas filtraciones, que es lo que corresponde a cualquier negociación con carácter previo, como le gustaba decir a José María Cuevas.

Tradicionalmente, ningún líder sindical ha querido hipotecar su futuro con un acuerdo confederal antes de un congreso

El nacimiento de Conpyme, además, le da otro argumento a Garamendi para negociar desde posiciones de fuerza, incluso dentro de la propia CEOE. Su ‘enemigo íntimo’ es el presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, que fue quien le cuestionó el acuerdo sobre los ‘riders’ en la junta directiva con poco o ningún éxito, ya que decidió ponerse en contra de las sentencias de los tribunales, que sentenciaron la laboralidad de los ‘riders’. Lo que hizo, por el contrario, fue ponerse a favor de las empresas del sector.

Y el hecho de que Pimec, que ha mantenido una escrupulosa neutralidad en todo el ‘proces’, crezca en el conjunto del Estado con el apoyo de algunas pequeñas patronales, entre otras asociaciones históricamente alineadas con la izquierda y bien conectadas con el PSOE, lo que hace, en realidad, es debilitar a Sánchez Llibre, que siempre ha mirado con cariño la presidencia de CEOE, donde ya trabajó como lobista para Juan Rosell. Y Moncloa, ya se sabe, juega a reforzar el papel de algunos dirigentes del PSC en Madrid, como se ha visto con AENA (Maurici Lucena), Hispasat (Jordi Hereu), Renfe (Isaias Taboas) y, más recientemente, Indra (Marc Murtra). Una especie de catalanización de las áreas económicas de la Administración que de forma indirecta refuerza a Garamendi frente a los díscolos de Foment. El margen de maniobra se estrecha por un error de cálculo.