El Consejo Económico y Social pide más inversión europea para 'compensar' las reglas fiscales

La Unión Europea puede jugar el papel de madrastra o el de hada madrina. El primero es el que desempeñó durante la Gran Recesión, cuando exigió un ajuste fiscal sin precedentes que dio lugar a los famosos recortes. El segundo lo desarrolló durante la reciente crisis del coronavirus, cuando suspendió las reglas fiscales y los Veintisiete se endeudaron por primera vez de forma conjunta para financiar dos bienes comunes europeos: el fondo SURE, de apoyo a los mercados laborales nacionales, y los fondos NextGenerationEU, enfocados en la inversión. Ahora toca volver a normalidad, con la recuperación de las normas comunitarias en su nuevo diseño. Si eso supondrá o no el regreso de los temidos ajustes a partir de 2025 dependerá del papel que jueguen las autoridades del continente.

Esa es la reflexión del Consejo Económico y Social (CES), el principal organismo asesor del Gobierno en materia sociolaboral, que pone la pelota en el tejado de Bruselas. La institución independiente, en la que están representados sindicatos, empresarios y organizaciones agrarias, pesqueras, de economía social y de consumidores, ha emitido un informe sobre la nueva gobernanza económica europea, en el que demanda a las instituciones comunitarias que suplan el déficit de inversión que se puede producir como consecuencia de la consolidación fiscal obligada por el retorno de las reglas. Donde los Estados, por separado, no van a poder llegar, tendrá que hacerlo Bruselas, para que los planes de ajuste sean compatibles con el refuerzo de las políticas sociales y económicas.

Para ello, los 60 integrantes del CES demandan —el documento se ha cerrado por consenso, como es regla en la institución— que tanto el SURE, ya finalizado, como los fondos NextGenerationEU, que se acabarán de desplegar en 2026, tengan continuidad para financiar bienes públicos europeos en ámbitos como la sostenibilidad o la digitalización. Se trata de un debate muy intenso en el continente durante los últimos meses, principalmente enfocado en la defensa, y que marcará las elecciones comunitarias del próximo 9 de junio. Precisamente, Antón Costas, presidente del CES, presentará el informe ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado antes de esta fecha.

El economista ha explicado este miércoles ante un grupo de periodistas que esa continuidad será necesaria para que el nuevo escenario de consolidación fiscal no ahogue a los Estados y conlleve un recorte de los servicios públicos —como ocurrió durante la crisis de deuda de la década pasada—, causando un descontento que ya resulta palpable en el ascenso que experimentarán los grupos populistas y ultranacionalistas en los comicios comunitarios. De la misma manera, es la única manera de que Europa no se quede atrás respecto a China y Estados Unidos, que han puesto toda la carne en el asador con ambiciosos planes fiscales que sí tienen vocación de permanecer.

"Se introducen incentivos a la inversión, pero insuficientes dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha"

Aunque el CES celebra los avances que supone el nuevo esquema de las reglas, que permite a los Estados presentar su propia senda de consolidación fiscal a cuatro años, extensible en ciertos casos a siete —España lo hará antes del 20 de septiembre—, lamenta que no resuelva del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión, especialmente en los Estados más endeudados, como España. "Se introducen incentivos a la inversión, pero insuficientes dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha", destaca el informe.

Las vías para obtener recursos

Este punto determinará la competitividad del continente y su orientación al crecimiento durante las próximas décadas, como también destacaban los expertos del Observatorio El Confidencial-Mapfre Economics en su tercera reunión, celebrada recientemente. Y es ahí donde la Unión Europea tiene que suplir a los Estados, especialmente en los ámbitos estratégicos, como la transición energética o la digitalización. "Hay que reforzar los mecanismos de apoyo a la inversión a nivel europeo, complementarios a los planes fiscales nacionales", ha resumido Antonio Romero, consejero del CES y responsable del informe.

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Para obtener financiación, se dibujan principalmente tres vías: el endeudamiento mancomunado, que es el que dio lugar al SURE y a los NextGenerationEU, el incremento de los recursos propios para aumentar el presupuesto comunitario (los impuestos sobre el carbono en frontera y sobre el plástico ya están sobre la mesa) y la inversión privada. En este sentido, Costas ha destacado que Europa necesita profundizar en la Unión Bancaria y, especialmente, desarrollar su mercado de capitales si quiere equiparse a sus competidores y lograr otro "momento hamiltoniano", después del que protagonizó la puesta en marcha de los planes de recuperación pospandemia. Esta segunda es la única manera de que el ahorro europeo no termine en fondos de inversión estadounidenses que, a su vez, acaban comprando empresas comunitarias para obtener su control, como denunciaba el informe encargado por la Comisión al ex primer ministro italiano Enrico Letta.

"España tendrá mucho margen para afrontar esos desafíos siempre y cuando la UE ponga en marcha estos bienes públicos. Si continúa con el SURE y el mecanismo de recuperación y resiliencia dará mucho más margen a los países. Si no lo hace, pondrá en una grave situación el equilibrio entre necesidad fiscal y crecimiento sostenible, inclusivo y prolongado en el tiempo", ha concluido Costas. Parte de la respuesta se conocerá el 9 de junio, aunque todo dependerá de las negociaciones posteriores entre la nueva Comisión, el Parlamento y, sobre todo, los Estados, que al final siempre tienen la última palabra.