La renta disponible de los hogares españoles cayó un 3,3% en 2020, el peor dato de Europa

España es el país europeo en el que más duro ha golpeado la crisis económica del coronavirus. Hay dos causas que lo explican. La primera es la dependencia que tiene el país del turismo internacional: perdió nada menos que 72.000 millones de euros por el parón en la llegada de viajeros. La segunda es la mala calidad del empleo, con mucho trabajo temporal, que se destruye sin trabas legales y un porcentaje elevado de economía sumergida.

El resultado fue una profunda recesión, la mayor registrada en tiempos de paz, con una intensa pérdida de empleo. Si bien los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) consiguieron minimizar la destrucción de puestos de trabajo, no pudieron evitar que la renta disponible de los hogares españoles cayera un 3,3% a lo largo del año 2020. Se trata del peor dato de toda Europa para los que Eurostat ya ha publicado los datos.

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Al contrario de lo que ocurrió en España, la mayoría de los países europeos consiguieron compensar la caída de los ingresos salariales con las prestaciones públicas, de modo que al final del año la renta de los hogares en la eurozona no solo no cayó, sino que fue un 0,5% superior a la del año 2019. De esta forma, los Estados consiguieron evitar que las familias sintieran la crisis del coronavirus. Si bien el efecto no es homogéneo en (en todos los países hubo hogares ‘ganadores y perdedores’), la realidad es que en Europa la mayor parte de las familias fueron inmunes a la crisis.

En España no se logró este objetivo y la renta de los hogares terminó cayendo un 3,3%. El único país que se aproxima a España es Italia, que registró un descenso de la renta disponible del 2,8%, y en Austria cayó un 1,6%. En el extremo opuesto destacan los Países Bajos, donde la renta de las familias creció un 3,8% a pesar de la crisis. Un dato que es consecuencia de la resistencia de la economía del país a las crisis así como los esfuerzos del Estado por compensar la caída de las rentas salariales con mayores prestaciones públicas.

Sin embargo, en España el esfuerzo del sector público por proteger las rentas de las familias fue muy intenso, lo que explica el volumen del déficit público alcanzado en 2020, del 10,1% del PIB sin contabilizar las ayudas financieras. El gasto en transferencias sociales de España creció nada menos que un 13,9% a lo largo del año 2020, lo que supone el segundo mayor aumento de toda Europa solo por detrás de Irlanda, país en el que las macromagnitudes están alteradas como consecuencia de su competencia tributaria, que lo convierte casi en un paraíso fiscal.

El crecimiento de la protección social en España es consecuencia de la magnitud de la crisis y de los esfuerzos realizados por mantener la economía de las familias inmune a la recesión. En total, las transferencias sociales a las familias (incluye las pensiones) crecieron en 30.000 millones de euros, un aumento nunca antes registrado. El resultado es que el Estado soportó el 33,2% de la renta de los hogares, esto es, uno de cada tres euros de la renta disponible de los hogares fue proporcionado por las transferencias de los diferentes mecanismos protección social (excluye las transferencias en especie).

Se trata del dato más elevado nunca registrado y da buena imagen del esfuerzo presupuestario realizado por el Estado. Eso sí, este dinero no saldrá gratis, sino que se ha acumulado como deuda pública, que supera ya el 120% del PIB.

El esfuerzo en la protección social realizado por el Estado contrasta con la caída de la renta disponible de los hogares, ya que el Estado fue incapaz de contrarrestar el fuerte descenso de las rentas del trabajo. La remuneración de asalariados cayó un 5,4%, lo que supone la pérdida de más de 31.000 millones de euros en salarios. Este descenso multiplica por 2,6 al registrado en el conjunto de la eurozona. Sirva como comparativa que en Alemania la masa salarial se redujo en menos de 5.000 millones de euros. Solo Italia registró un dato peor que el de España con un desplome salarial de casi el 7%.

En España, el Estado no pudo cubrir toda esta caída de las retribuciones por dos motivos. El primero es que la protección social no mantuvo el 100% del salario perdido, sino un porcentaje menor y decreciente en función de la renta del trabajo de cada cotizante. Y el segundo motivo, más relevante que el primero, fue la destrucción de empleo de la economía sumergida, que en España es una de las más voluminosas de Europa. Estos trabajadores informales fueron despedidos sin derecho a una indemnización ni a una prestación pública, lo que provocó una caída del 100% de los ingresos en muchos casos.

Esta situación se vio agravada por los graves problemas para implementar el ingreso mínimo vital (IMV), tanto por el retraso en su puesta en marcha (no entró en vigor hasta junio), como por las complicaciones burocráticas surgidas desde entonces. El resultado es que una buena parte de la población, en su gran mayoría clases bajas, perdieron todos sus ingresos y se quedaron sin protección social. Esto explica que las grietas del ‘escudo social’ hayan sido de tal magnitud en España.