De los ERTE a los ERE: la tragedia que amenaza la economía

Lo dijo este jueves con precisión la vicepresidenta Calviño en el Congreso: “Hay que evitar que no se pierda en las próximas semanas lo que hemos ganado en términos de mantenimiento del empleo, protección del tejido empresarial y de las rentas de los trabajadores”.

Calviño se refería a las negociaciones que han mantenido sindicatos, empresarios y Gobierno, con absoluto compromiso de confidencialidad, en aras de no malograr un pacto, ya a falta del visto bueno de los respectivos órganos confederales, destinado a hacer, probablemente, la transición más difícil de la economía española en décadas, y que no es otra que conseguir que los expedientes de suspensión de empleo, los ERTE, no acaben en ERE.

Es decir, en despidos, como sucedió en la anterior crisis. Solo hay que recordar que entre el tercer trimestre de 2008 (quiebra de Lehman) y el segundo de 2009, la economía española perdió 1,4 millones de puestos de trabajo, lo que da idea del desastre laboral que se produjo en apenas unos meses por la escasa utilización de figuras legales como los ERTE, nacidos para amortiguar el golpe inicial.

No es un asunto menor. En la actualidad, con datos de este mismo jueves, algo más de 3,4 millones de trabajadores —sin contar a los autónomos u otros colectivos— se encuentran bajo el paraguas del Estado, y, por lo tanto, si no se hace una transición ordenada, es probable que muchos de esos empleos se pierdan definitivamente, lo que no solo tendría terribles consecuencias sociales, también macroeconómicas.

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Agencias

Una nueva oleada de despidos, como la ocurrida en marzo y, en menor medida, en abril (947.896 ocupados menos como consecuencia de la hibernación económica), presionaría todavía más las cuentas públicas y alargaría la recesión hasta niveles insoportables.

Seis meses

Una vez detenida la hemorragia inicial, lo que se ha pactado —por ahora solo es un preacuerdo— es, ni más ni menos, conocer en qué condiciones quedan las empresas que hoy están en ERTE por causa de fuerza mayor, y que, necesariamente, cuando decaiga el estado de alarma, tendrán que acogerse a las condiciones objetivas que recoge el Estatuto de los Trabajadores para los casos de suspensión de empleo, y que, lógicamente, no prevén los beneficios económicos aprobados por sucesivos decretos leyes.

Ni tampoco, y esto es muy importante para los trabajadores, el compromiso de la empresa de no despedir durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, ya que de lo contrario, tendrá que devolver las ayudas recibidas. Lo que se ha ganado con el preacuerdo es, por lo tanto, tiempo, y también dinero en forma de exenciones en cuotas sociales próximas al 90%. El paraguas, al menos, durará hasta el 30 de junio y luego se verá si se alarga ese plazo.

Muchas empresas, con razón, temen que, si el paraguas se agujerea, es decir, se quiebra la cobertura, estarán obligadas a despedir, total o parcialmente, a sus plantillas, de ahí que lo que está en juego es un asunto trascendental para la economía española.

Desde luego, mucho más relevante que las frivolidades que suelen florecer en el debate político. No en vano, el 90% del medio millón de empresas acogidas a un ERTE lo han hecho al abrigo de la fuerza mayor, y el resto, por causas objetivas. Es decir, motivos económicos, técnicos organizativos o de producción, tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores. Pero ya sin las exenciones que concede el Estado.

¿Cuál es el problema? El más evidente es la existencia de una restricción presupuestaria. El Estado no está en condiciones de pagar durante un largo periodo de tiempo las cotizaciones sociales de 3,4 millones de trabajadores que también cobran la prestación del desempleo sin que, además, corra el marcador del consumo del paro, de ahí que en la negociación la Administración haya intentado minimizar costes. Es decir, separar el grano de la paja para financiar solo las empresas que lo necesitan, y que, en realidad, son la mayoría debido a las características del tejido productivo.

Una labor quirúrgica

Como sostiene alguien que conoce bien los entresijos de lo que se ha negociado, el Gobierno ha tratado de hacer una “labor quirúrgica” para conocer qué empresa realmente necesitará ayuda en los próximos meses —el plazo de los seis meses se prorrogará para algunos sectores— y, por el contrario, qué sector podría reabrir ya sin el paraguas del Estado. O, al menos, con menos ayudas, introduciendo medidas de flexibilidad interna. Evitando fraudes y todo tipo de picarescas, tan habituales en el mercado laboral español. Al menos, hasta el 30 de junio, si prospera el preacuerdo, habrá una especie de 'barra libre'.

El asunto no es fácil. Entre otras cosas, porque los ERTE, que históricamente han sido utilizados por las grandes empresas, en esta ocasión afectan a cientos de miles de pequeños negocios, que temen, además, que si no se hace una buena transición estén obligados a negociar nuevamente con los comités de empresa las condiciones del ERTE que pactaron en su día.

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Es decir, estarían obligados a reiniciar todo el proceso administrativo, lo cual carece de sentido. Y no hay que olvidar que el tamaño medio de los expedientes ya presentados es de 10 trabajadores, lo que da idea de la enorme capilaridad que despliega esa vieja figura de la legislación laboral, que ahora se ha convertido en la estrella de la pandemia.

Esa capilaridad es especialmente significativa en algunos sectores, como en la hostelería, donde la mitad de los establecimientos está en ERTE, mientras que en otros sectores, como la industria, su presencia es menor. En este caso, una de cada cuatro empresas se encuentra en suspensión de empleo. Sectores, por lo tanto, muy diferentes que aconsejan utilizar el bisturí en lugar del mazo legislativo. Pero eso, a partir del 30 de junio, fecha hasta la que el presidente del Gobierno quiere llevar el estado de alarma. Está por ver si el preacuardo se firma bajo el paraguas legal de la excepcionalidad o si se vincula a una ley ordinaria.