Trabajo estudia que las empresas que pagan dividendos no puedan aplicar un ERTE

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado que su departamento trabaja en la regulación de la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la desescalada y estudia que, en ese marco, las empresas que pagan dividendos no puedan presentarlos.

En una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, Díaz avanza también que esta semana su ministerio emitirá la orden que regulará cómo pueden acogerse a una prestación las trabajadoras del hogar, una medida, dice, que "era una demanda histórica" y que afecta a 13.000 mujeres.

La ministra explica que el ministerio está estudiando "medidas, nuevas garantías, para que, a causa de los enormes beneficios que reciben por un ERTE, no se puedan acoger empresas que tengan sede en algunos paraísos fiscales o bien empresas que estén repartiendo dividendos".

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Agencias

Díaz argumenta que esa objeción a la presentación de ERTE "es una reflexión que está en el seno de la UE" y que el Gobierno ha planteado "en el diálogo social" con patronal y sindicatos. "Esperamos que tire adelante", confía.

La ministra señala que su departamento ha recibido desde el decreto de estado de alarma expedientes que afectan a cuatro millones de trabajadores, y que el Gobierno calcula que la tramitación de todos ellos costará este año al erario público unos 18.000 millones de euros.

Informa de que en el marco del diálogo social abierto con empresarios y sindicatos se está "a punto" de alcanzar un acuerdo sobre la presentación de expedientes durante la desescalada del confinamiento por la pandemia, y destaca que "el compromiso de patronal y sindicatos es absoluto".

Se estudia que los derechos de paro y los ERTE vayan más allá del decreto de alerta

En ese marco se estudia que los derechos de paro vayan más allá del decreto de alerta y, según Díaz, en el caso de los ERTE de fuerza mayor se trabaja para que "se mantenga la prestación pública para las personas" aunque no reúnan los requisitos. "Reponer estos meses que hayan consumido es mucho dinero público, pero es una inversión en términos sociales", aduce.

Respecto al despido por causas objetivas, afirma que se está trabajando para "un estadio de transición". A pesar de que las medidas tomadas implican subir el gasto público aunque bajen los ingresos, Díaz cree que no es el momento de hablar de subida de impuestos.

"Es el momento -puntualiza- de dar una batalla fuerte por conseguir que la UE entienda que se ha de volcar en la salida de esta crisis, que es social y económica (...). No se trata de subirlos, si no de que unos han de pagar más para que los otros hayan de pagar menos".

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La ministra recuerda que, en estos momentos, "los autónomos, los trabajadores y las pequeñas empresas están soportando la carga fiscal del estado". "En presión fiscal -continúa- estamos siete puntos por debajo de la media europea".

También incide en que "España tardó diez años en salir de la crisis financiera cuando otros salieron en 12 o 18 meses, porque las recetas de austeridad, de aquellos 'viernes de Dolores', como los llamábamos, dificultaron la salida". "Ahora -agrega- hemos de trabajar para elaborar medidas de protección, cuando la gente las necesita, sin reproducir lo que ha pasado en otras crisis".

Es en ese contexto en el que Díaz coloca el papel de piedra angular de la Unión Europea, que en estos momentos, destaca, "ha de demostrar que no se ha de generar más desafección".

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La ministra advierte de que "nos quedan semanas duras en términos de empleo" debido a la "debilidad extrema en la estructura de los contratos temporales". "Y veremos que no somos capaces de acompañar a los precarios en esta crisis de una virulencia enorme", se lamenta.

"No quiero engañar a nadie. Veremos que las contrataciones indefinidas más o menos se mantienen, pero el problema lo tenemos con los jóvenes", que son un 34 por ciento de los afectados, reconoce Díaz.

Es por ello que valora el acuerdo sobre el ingreso mínimo vital, que si bien dejará fuera "a una parte de la precariedad y de la economía irregular", supone un gran avance, pues "como sociedad" se ha decidido que esa renta debe existir.

También esta semana, informa Díaz, se sabrá cuántos trabajadores cobran ya la prestación por desempleo. Las oficinas del servicios público de empleo (SEPE) reconocen al día unos 200.000 expedientes para facilitar ese pago.