Trabajo alcanza un preacuerdo para ampliar los ERTE a falta del visto bueno de la CEOE

La reapertura de la actividad económica comienza el próximo lunes, y ha llegado el momento de determinar cómo será la retirada de las ayudas del Gobierno cuando comience la recuperación. La medida estrella de todas las aprobadas por el Ejecutivo para combatir la crisis económica ha sido, sin duda, la financiación de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo): se llevarán más de 30.000 millones de gasto público este año y ya afectan a 3,5 millones de trabajadores. Después de una semana de largas negociaciones, el Ministerio de Trabajo alcanzó a última hora del jueves un principio de acuerdo (consulte aquí el documento íntegro) con los sindicatos y las patronales para prorrogar la aplicación de los ERTE hasta finales de junio mientras se levantan las restricciones a la actividad económica y el estado de alarma.

El acuerdo tendrá que ser ratificado este viernes por las ejecutivas de las distintas organizaciones sociales, por lo que todavía no está cerrado. Es precisamente la ejecutiva de la CEOE, que se reúne el viernes a las 9:00, quien podría poner los últimos problemas. La patronal ha sido quien ha tensionado las negociaciones en los últimos días, ya que reclamaba que las ayudas se mantengan después del final del estado de alarma para que la retirada de los ERTE sea escalonada. El objetivo del Gobierno es que los agentes sociales ratifiquen el acuerdo a primera hora del viernes para que pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del viernes y así se publique en el BOE el fin de semana y esté listo antes de que comience la desescalada.

TE PUEDE INTERESAR

La España a dos velocidades por el colapso económico

Javier G. Jorrín

La propuesta del Gobierno contempla que los ERTE de fuerza mayor se prorrogarán durante toda la fase de desescalada, hasta el 30 de junio, explican fuentes del diálogo social. Sin embargo, la prórroga de sus efectos no será homogénea, sino que se aplicará en función de los sectores y las actividades para que acompañen al ritmo desigual de la desescalada. En el caso de las actividades que todavía tengan restricciones a la actividad mantendrán las condiciones actuales de los ERTE. Por el contrario, las empresas que puedan retomar su negocio ordinario verán recortadas sus ayudas en las exenciones de cotización a la Seguridad Social.

El preacuerdo también contempla la posibilidad de extender los ERTE más allá del 30 de junio, aunque estos casos serán más restringidos. La intención del Gobierno es que estos ERTE pasen de ser de fuerza mayor a ser de causas organizativas, económicas o técnicas. Esta diferencia es significativa, ya que los ERTE de fuerza mayor cuentan con ayudas públicas que no tienen el resto. En concreto, las empresas cuentan con una exoneración en la cotización a la Seguridad Social por sus trabajadores del 75%, que asciende hasta el 100% en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores.

[España necesitará dos décadas y un fuerte ajuste para devolver la deuda al nivel de 2019]

Esta ayuda pública supone un gran ahorro para las empresas. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el coste de esta rebaja de cotizaciones superará ampliamente los 6.000 millones de euros durante estos primeros meses de aplicación. La CEOE se resiste a perder esta ayuda directa en forma de menores cotizaciones sociales, una situación que ha tensionado las negociaciones en los últimos días.

Para las empresas, es fundamental que se mantengan estas ayudas públicas mientras se recupera la normalidad económica y que se levanten de forma paulatina. Solo así podrán estimular la recuperación asumiendo de forma progresiva nuevos costes salariales. “Es imprescindible contar con las ayudas públicas a las empresas”, explica una fuente de la CEOE.