SINDICATOS Y EMPRESARIOS SE OPONEN

Bronca por los 2.300 millones de formación que Educación quiere ‘robar’ a Trabajo

El traspaso de competencias de la FP laboral —ahora en Trabajo— a Educación ha creado un fuerte malestar. Sindicatos y CEOE se oponen porque son fondos de la Seguridad Social

Foto: Yolanda Díaz y Isabel Celaá. (Imagen: E. Villarino)
Yolanda Díaz y Isabel Celaá. (Imagen: E. Villarino)
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El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz sigue en proceso de adelgazamiento. Perdió con el nuevo Gobierno las competencias sobre la Seguridad Social y la política de migraciones y ahora, si nada lo remedia, se quedará sin los fondos de la formación profesional para el empleo, que serán traspasados al Ministerio de Educación de Isabel Celaá.

En total, un presupuesto de 2.283 millones que hoy se integran en las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y que se nutren de las cuotas que pagan en las nóminas trabajadores (0,10%) y empresarios (0,60%). Pese a ello, y a que se trata de cotizaciones que proceden del ámbito laboral, el Gobierno traspasó en su última reestructuración las competencias de formación profesional a Educación, lo que ha encendido las alarmas en los agentes sociales, toda vez que se trata de cuotas pagadas en el seno de las empresas.

Con ese objetivo, Educación creó una Secretaría General de Formación Profesional con rango de subsecretaría que ahora espera fondos para poder operar y no ser una cáscara vacía. La anterior dirección general se ocupaba de la formación profesional reglada (académica), pero era ajena a la estrictamente laboral, que tiene unas características muy distintas, ya que está en el corazón de la acción formativa en las empresas.


La reclamación de esas transferencias se materializó el pasado 23 de enero, cuando el subsecretario de Educación y FP, Fernando Gurrea, envió una carta a los responsables del SEPE en la que les pedía las “competencias, los fondos y el traspaso de personas”. Y en un tono algo críptico les recordaba que el Gobierno había aprobado la transferencia, lo que por supuesto se conocía. “Entendiendo que no se cuestiona la cesión de la competencia”, sostenía la comunicación interna, “se trata de establecer un tránsito ordenado”, se decía. Es más, se subrayaba que “los traspasos de funciones y servicios, así como los recursos necesarios, son procesos para el pleno ejercicio de las competencias de las que cada órgano será titular”, poniendo como ejemplo lo que ha ocurrido en universidades, ciencia o innovación.

Jurisprudencia

La primera reunión se produjo el pasado 5 de febrero y en ella se quedó en que el Ministerio de Trabajo daría una respuesta que ha llegado hace unos días. En la respuesta del 11 de febrero se recuerda, sin pelos en la lengua, la "reiterada JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL [en mayúsculas] que entiende que la formación profesional entra en el ámbito de la legislación laboral".

Es por eso por lo que Trabajo argumenta que una modificación de esa naturaleza exigiría “un acuerdo previo tanto en el marco del diálogo social como en el de las CCAA”. Igualmente, habría que reformar la Ley de Empleo y la del año 2015 que modificó el sistema de gestión de la formación, pero siempre en el ámbito del SEPE, y, por lo tanto, del Ministerio de Trabajo.


Sindicatos y empresarios han puesto pie en pared y quieren llevar este asunto a la mesa en la que se negocia la reforma laboral, que se reúne el próximo viernes. Y es que las políticas activas de empleo han sido, históricamente, materia laboral. Como sostienen fuentes empresariales, el SEPE y la Fundae “deben seguir gestionando esos fondos” porque son cotizaciones a la Seguridad Social, ya que se trata de un dinero finalista. En CEOE, lo que se teme es que al trocearse la formación profesional acabe en manos de las comunidades autónomas, cuando se trata de un asunto, por la naturaleza de las cotizaciones, que tiene que ver con la legislación laboral básica.

Frente a lo que ocurrió en el pasado, los agentes sociales no tienen hoy ninguna responsabilidad en la gestión de esos fondos (hay concurrencia de cualquier empresa privada para poder impartir los cursos), pero sí en la gobernanza a través de los consejos de administración del SEPE o de la Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), un órgano tripartito en el que también está el Gobierno central.

El traspaso tendrá, incluso, difícil encaje constitucional, toda vez que la propia Carta Magna (artículo 40) obliga a los poderes públicos a fomentar políticas que garanticen la formación de los trabajadores, pero en el marco de los principios de política económica y social. Es más, el Tribunal Constitucional ha incluido en diferentes sentencias como contenido propio en materia laboral, además del contrato de trabajo o la duración de la jornada, la formación profesional ocupacional, la formación continua y las acciones de estímulo a la contratación laboral en sus distintas modalidades.

Formación dual

Como dicen fuentes empresariales, lo que hay que hacer para favorecer la formación dual es establecer una relación estrecha entre la FP reglada (Educación) y la de empleo (Trabajo). Entre otras cosas, porque las empresas (sobre todo las tecnológicas y las más digitalizadas) necesitan formar a sus plantillas en sus propios centros de trabajo.

Es decir, la formación de los trabajadores, en su opinión, debe incardinarse en el ámbito de las relaciones laborales. Sobre todo si se tiene en cuenta que su financiación depende de cotizaciones que forman parte de los fondos de la Seguridad Social. Algo que explica que históricamente la formación en el ámbito de la empresa se vertebre a través de la negociación colectiva, donde están sentados los representantes de los trabajadores y de las distintas patronales. De hecho, a la mesa del diálogo social se sientan los altos cargos del Ministerio de Trabajo, pero no los de Educación, lo que explica la preocupación de los agentes sociales.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en la mesa con sindicatos y patronal. (EFE)
La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en la mesa con sindicatos y patronal. (EFE)

La Ley de Empleo, igualmente, obliga a los poderes públicos a impulsar la cooperación del servicio público de empleo y de las empresas “en aquellas acciones de políticas activas y cualificación profesional que estas desarrollen y que puedan resultar efectivas para la integración laboral, la formación o recualificación de los desempleados”. Es decir, la formación de los trabajadores queda integrada en las políticas laborales, que es ahora lo que el Gobierno quiere cambiar sin el acuerdo de sindicatos y empresarios.

Como aseguran fuentes que conocen bien la materia, la pretensión sería lo mismo que dar un bocado a la caja única de la Seguridad Social, toda vez que se trata de cotizaciones que se ingresan en el sistema público de protección social, y que ahora se gestionarían por un departamento ajeno al área laboral. De hecho, se subraya, esto podría allanar el camino para transferir las políticas activas de empleo (ahora en el Presupuesto del Estado) a las comunidades autónomas, como reclaman el PNV y ERC. Precisamente, los socios del Gobierno.

De los casi 2.300 millones de euros que se destinan a formación profesional a cargo del SEPE, hay créditos que se transfieren directamente a las comunidades autónomas, mientras que otros resultan de la gestión directa del Servicio Público de Empleo Estatal. En ambos casos, se incluyen acciones tanto para ocupados como para personas en búsqueda de empleo o desocupadas.

Como se sabe, en el último debate de investidura fallido de Pedro Sánchez, el ahora vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reclamó los fondos destinados a formación profesional. Entonces, el presidente del Gobierno no accedió a las transferencias, y ahora lo que ha hecho es quitarle la competencia a la ministra de Trabajo, procedente de Izquierda Unida.

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