No quieren repetir la experiencia de 2018

Sindicatos y patronal reclaman al futuro Gobierno que respete el diálogo social

Los agentes sociales quieren participar en las grandes decisiones que tendrá que adoptar el próximo Ejecutivo y que afectan al mercado laboral y al futuro de las pensiones

Foto: El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. (EFE)
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. (EFE)
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En diciembre de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 900 euros en 14 pagas. Este incremento estaba pactado previamente con Unidas Podemos, pero no contaba con el respaldo de los agentes sociales, a quienes no se consultó la subida. Sindicatos y patronal protestaron entonces por la decisión unilateral del Gobierno de ignorar el diálogo social en una materia tan relevante como el salario mínimo.

El nuevo Gobierno de coalición que surgirá la próxima semana del acuerdo del PSOE y Unidas Podemos ya viene con la hoja de ruta marcada para los próximos cuatro años. Sin embargo, los agentes sociales han aprendido la lección y no quieren quedarse al margen de las decisiones que afecten al mercado laboral y a los pensionistas.

Tanto los sindicatos como la patronal están reivindicando ante Pedro Sánchez la importancia del diálogo social y su papel institucional como representantes de las empresas y los trabajadores. Las palabras de Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, no dejan lugar a dudas. En su opinión, la agenda reformista “no puede ser una decisión unilateral del Gobierno, sino que tiene que contar con una negociación y el máximo consenso social posible”.

Los sindicatos están ilusionados con el futuro Gobierno progresista y las patronales están preocupadas, pero ambas partes están de acuerdo en defender su papel institucional. Ambos quieren que todas las decisiones pasen antes por el diálogo social, incluida la subida del salario mínimo, que es competencia exclusiva del Gobierno.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. (EFE)
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. (EFE)

“Es importante que la sociedad no sea espectadora de los cambios, la UGT quiere formar parte del cambio”, señaló el miércoles Álvarez, “a partir de este momento queremos dialogar, discutir, negociar y, si es posible, acordar con el Gobierno”. Se puede decir más alto, pero no más claro.

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CCOO y UGT necesitan urgentemente colgarse alguna medalla después de una década de recortes sociales y aumento de la precariedad en España. La pérdida de apoyo que han sufrido también es la consecuencia de los escasos resultados que han obtenido hasta ahora. Por ese motivo, esta legislatura es una gran oportunidad y no quieren perder la posibilidad de participar en los cambios que se avecinan.

“Lo primero que tiene que hacer el nuevo Gobierno es convocar a los agentes sociales”, señaló tras la investidura de Sánchez el secretario general de CCOO, Unai Sordo. En su opinión, el diálogo social tendrá que ser uno de los pilares básicos que sostengan la próxima legislatura. “La participación de los agentes sociales en este proceso es no solo exigible desde un punto de vista democrático sino funcional, teniendo en cuenta la temperatura política del país”, apunta CCOO.

La participación de los agentes sociales no solo es exigible sino funcional, teniendo en cuenta la temperatura política del país

Para la CEOE, el diálogo social también será imprescindible, aunque en su caso lo que pretende es limitar los cambios en la reforma laboral. En 2019, la patronal bloqueó la contrarreforma laboral apoyándose en la debilidad de la izquierda en el Congreso y las tensiones entre las formaciones que apoyaron la moción de censura. En esta ocasión, el Gobierno cuenta con un apoyo más sólido, aunque se mantiene la debilidad.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha mostrado a Sánchez su voluntad de diálogo de cara al inicio del nuevo Gobierno, pero no aceptará una contrarreforma laboral que derogue los cambios introducidos en 2012 por el Partido Popular.

Este es precisamente el gran riesgo para los sindicatos: que la patronal bloquee cualquier acuerdo en el diálogo social. De hecho, ya han puesto la tirita antes de la herida y han reclamado que, si es necesario, se adopten las medidas sin la participación de la CEOE, igual que en 2012 el PP no tuvo en cuenta el concurso de los sindicatos.

Huir de la crispación

Sindicatos y patronal también han coincidido en su voluntad de fomentar el diálogo y huir de la crispación que ha mostrado el Congreso de los Diputados durante el debate de investidura. “Nos estamos empezando a acostumbrar a hablar de lo que nos separa y no de lo que nos une”, lamentó el miércoles Garamendi en una entrevista en TVE. En su opinión, España “necesita tranquilidad” para evitar que este escenario de crispación vaya en aumento.

Tampoco los sindicatos apoyan este escenario de tensión en el seno del Congreso. “Hay que huir de la crispación y de la polarización, y buscar escenarios de diálogo para corregir la desigualdad y la precariedad”, señala Sordo. “CCOO hace un llamamiento a poner un cordón sanitario a la crispación”.

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Los agentes sociales quieren recuperar el clima de diálogo que lograron en la primavera de 2018, cuando firmaron el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que supuso un importante impulso para el diálogo social y permitió una importante subida de salarios desde entonces. Ese marco de entendimiento es el propicio para poder alcanzar los “grandes consensos”, en palabras de Garamendi, que necesita España para lograr un crecimiento económico más justo, pero también más intenso.

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