Pone en riesgo la reducción del déficit

El gasto público crece más que los ingresos por primera vez desde 2012

En el último año, el gasto público ha aumentado 1.400 millones por encima de los ingresos, algo que no ocurría desde que España empezó a reducir el déficit

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
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El gasto público de España ha aumentado en 24.944 millones de euros en los últimos 12 meses, según los últimos datos publicados por el INE. Se trata del mayor incremento del gasto público en una década, superior al 5%, lo que evidencia que la fase de contención del gasto ha quedado atrás en esta etapa de la recuperación. El gasto público ha acelerado tanto que ya está creciendo a un ritmo superior a los ingresos, lo que significa un incremento del déficit, que será uno de los principales retos para el próximo Gobierno.

En este periodo (cuarto trimestre de 2018 y los tres primeros de 2019) los ingresos públicos han crecido en 23.542 millones de euros (todos los datos corregidos de estacionalidad y calendario). Esto significa que el incremento del gasto ha sido 1.400 millones de euros superior al aumento de los ingresos. Las políticas de gasto adoptadas en el último año y medio, que incluyen la subida de las pensiones por encima de la inflación, del salario de los funcionarios, mejoras en protección social o sanidad, han provocado un auténtico salto del presupuesto.

Es la primera vez que el gasto público crece más que los ingresos desde el año 2012, cuando España comenzó a reducir el déficit tras el rescate del sector financiero. La consecuencia es que la necesidad de financiación de las administraciones públicas ha dejado de reducirse para volver a aumentar, aunque sea de forma puntual. Todavía queda por delante el último trimestre del año para conocer cómo cierra España el ejercicio.

La necesidad de financiación de las AAPP superó el 3% del PIB en los últimos trimestres (el segundo y el tercero de 2019), algo que no había ocurrido desde 2017. Estos datos complican de forma significativa el cumplimiento de los objetivos de estabilidad que se fijó el Gobierno. Su intención es recortar el déficit público desde el 2,5% de 2018 hasta el 2% al cierre del año. Sin embargo, con un déficit trimestral superior al 3% del PIB desde abril hasta septiembre, será muy complicado que pueda corregirse en los tres últimos meses del año.

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El ritmo de los ingresos sigue siendo elevado, aunque ha perdido algo de dinamismo en los últimos meses. Dos son los motivos: el primero, la desaceleración de la economía y de la inflación, que modera los ingresos tributarios. El segundo, que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en junio de 2018 incluyó rebajas de impuestos que han tenido impacto presupuestario.

La consecuencia es que los ingresos públicos se han ralentizado en los últimos meses y, si al inicio del año crecían por encima de los 27.000 millones (acumulado de cuatro trimestres), ahora avanzan en 23.500 millones. Sin esta ralentización, la situación financiera de España habría seguido mejorando incluso a pesar del aumento del gasto público. En cualquier caso, se trata de un ritmo elevado en comparación con la serie histórica, fomentado también por la subida de las bases de cotización a la Seguridad Social aprobada en enero de 2019.

Por su parte, el gasto público experimentó una gran aceleración a partir de la primavera de 2018. Hasta entonces, crecía a ritmos de 8.000 millones de euros al año, y desde entonces se ha disparado por encima de los 24.000 millones. Tal aceleración solo sería sostenible con una economía en pleno pico de crecimiento del PIB y de la inflación. Pero España ya pasó esa fase y desde 2016 está desacelerando.

Esto significa que España tendrá que reducir el avance del gasto público o acelerar la recaudación si quiere retomar la senda de ajuste del déficit. A partir de este año, los objetivos que fije Bruselas de estabilidad no solo serán un compromiso para el Gobierno español, sino que serán de obligado cumplimiento por mandato constitucional. La reforma de la Constitución de 2011, impulsada desde las instituciones europeas, obliga a ajustar los presupuestos anuales a los objetivos fijados por la UE a partir de 2020. Cumplir con los objetivos ya no será una opción, sino una obligación.

El peso de los ingresos en el PIB ha aumentado en el último ciclo económico (el año base para comparar la situación actual es 2002, como recomienda la AIReF) en algo más de un punto del PIB. Esto significa, a precios actuales, unos 12.000 millones de euros extra. Sin embargo, el gasto ha crecido mucho más rápido, hasta el punto de que es actualmente 3,5 puntos del PIB superior al de 2002.

Es así como se ha quebrado el equilibrio de las cuentas públicas y es necesario encontrar un nuevo punto de encuentro entre ingresos y gastos. La tarea no será sencilla, ya que el envejecimiento poblacional está en el origen de esta fractura y seguirá ampliándola en los próximos años. Los 17.000 millones de déficit estructural del sistema público de pensiones son el gran reto que tiene que resolver España.

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