PSOE y UP limitan la subida de impuestos y se quedan sin margen para el gasto social

El programa de gobierno que presentaron el lunes los líderes del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, recoge un ambicioso proyecto social para España de cara a los próximos cuatro años. Las 51 páginas del acuerdo están repletas de políticas sociales destinadas a mejorar la inversión y el gasto público en la lucha contra el cambio climático, educación, sanidad, vivienda pública, infraestructuras, despoblación, igualdad, protección social… medidas que requieren de una importante dotación presupuestaria a la que los dos partidos han renunciado.

La subida de impuestos de cara a la próxima legislatura será, básicamente, la que recogieron los dos partidos en el proyecto de presupuestos que el Gobierno de Sánchez presentó hace un año ante las Cámaras y que fue rechazada por la mayoría del Parlamento. Esto es: subida del IRPF para las rentas más altas (menos del 0,8% de los contribuyentes), lucha contra el fraude, fiscalidad verde (que no afecte a pymes ni autónomos) y subida de impuestos para las grandes empresas. En esta ocasión incluso han renunciado a la subida del impuesto sobre el patrimonio que sí incluyeron en el proyecto de PGE para 2019.

Según la propia estimación del Ministerio de Hacienda la previsión de recaudación anual de la subida de impuestos se sitúa en unos 5.200 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal fue más prudente y limitó a 4.900 millones la previsión de ingresos para un año completo. Es cierto que el propio ciclo económico generará más recaudación por el crecimiento económico, pero el aumento normativo son estos 5.000 millones.

A esta cuantía habría que añadirle los ingresos relativos al aumento de las bases mínimas de cotización que acompañarán a la subida del salario mínimo interprofesional hasta llevarlo al 60% del salario medio (nada dice el acuerdo de los topes de cotización). Esta subida del SMI, que sería no inferior al 25%, elevará la recaudación de la Seguridad Social en no menos de 1.000 millones de euros anuales.

La subida de impuestos, básicamente a las empresas, podría elevar los ingresos hasta el 40% del PIB, pero difícilmente podrá ir más lejos

Esta subida de impuestos, básicamente a las empresas, podría elevar los ingresos totales de las AAPP hasta el 40% del PIB, pero difícilmente podrá ir mucho más lejos. Esto significa que apenas se cerrará la brecha de recaudación de más de cinco puntos con la media de la Unión Europea y dejará un margen muy limitado para las ambiciosas políticas públicas que las dos formaciones han incorporado a su acuerdo de gobierno.

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Si España consigue elevar la recaudación hasta el 40% del PIB, todavía tendrá un elevado déficit público. La previsión del Ejecutivo es que el país cierre el año con un gasto público superior al 41,3%. Esto significa que los nuevos ingresos todavía no conseguirán cuadrar las cuentas, de modo que será necesario un esfuerzo mayor para controlar el desfase presupuestario vigilando el crecimiento del gasto público.

La Comisión Europea ha pedido un esfuerzo fiscal a España del 0,65% del PIB para el próximo año, unos 8.000 millones de euros. Esto supone una cuantía superior a la subida de impuestos, lo que significa que también será necesario apretarse el cinturón. Pero no solo es la Comisión quien exige sacrificios, la propia Constitución Española recoge que, a partir de 2020 (como consecuencia de la reforma del Gobierno de Zapatero de 2011), será necesario cumplir con los márgenes establecidos por Bruselas. Esta suma de factores provoca que el margen presupuestario de cara a los próximos años quede muy reducido.

La reforma fiscal del PSOE

En materia fiscal ha sido el PSOE quien ha impuesto su programa limitando la subida de impuestos para que afecte básicamente a las empresas. Las principales bolsas de bases imponibles se mantendrán al margen de la subida fiscal (IVA e IRPF), de modo que el potencial recaudatorio de las nuevas medidas será reducido. El objetivo será proteger a las clases medias de la subida de impuestos, al menos de forma directa.

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Al mismo tiempo, el nuevo gobierno entrará en el cargo con unos compromisos de gasto que recortan mucho más el margen para realizar políticas sociales discrecionales. El gasto en pensiones tiene una inercia de más de 3.000 anuales solo como consecuencia del envejecimiento y la tasa de reemplazo (la pensión media de las altas es muy superior a la de las bajas). A esta cuantía se sumará la revalorización con el IPC, que añadirá unos 700 millones de euros adicionales cada año.

El Gobierno tendrá que aplicar un ajuste de 8.000 millones y parte con un compromiso de gasto en pensiones y salarios públicos de 7.000 millones

También está comprometida una nueva subida del salario de los funcionarios del 2% que acordó el Gobierno de Rajoy con los sindicatos de la función pública. Además, PSOE y Unidas Podemos quiere completar la equiparación del salario de los policías y los guardias civiles. En total, los salarios públicos tendrán un coste adicional de unos 3.300 millones de euros. Si hay que realizar un ajuste estructural de 8.000 millones y ya hay un compromiso de elevar el gasto en pensiones y salarios en 7.000 millones, ¿qué margen queda para otras políticas sociales?

Las dos formaciones quieren subir el IPREM, subir el gasto en educación hasta el 5% del PIB (con un coste de unos 13.000 millones de euros), recuperar la sanidad universal, invertir en parque público de vivienda, dinamizar la economía de la España vacía, un gran ‘Green New Deal’, mejorar la financiación autonómica, elevar la inversión en I+D por encima del techo de gasto…