Los números le bailan al Gobierno: faltan 6.000 millones para cuadrar el déficit

Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 se antojaban muy delicados para el Gobierno. Primero porque tiene que reducir el déficit de la Administración Central en más de 13.000 millones de euros, un ajuste superior al realizado conjuntamente en los tres últimos años. Segundo, porque tiene que financiar la subida del gasto pactado con Unidos Podemos. Y tercero, porque tiene que asumir 850 millones del déficit de la Seguridad Social. Estos tres factores juntos hacen que el boceto de presupuestos presentado el viernes por el Gobierno genere muchas dudas.

El problema reside principalmente en que el incremento de la recaudación. A pesar de los números ambiciosos que ha plasmado el Ministerio de Hacienda en su proyecto de presupuestos, sigue siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades que tendrá en 2019 la Administración Central.

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Los ingresos tributarios previstos para el Estado, una vez realizadas las transferencias correspondientes a los tramos autonómicos, se elevarán en 13.300 millones el próximo año respecto a la liquidación de 2018. Esto significa que sería, aproximadamente, la cuantía justa que permitiría al Estado cumplir con su objetivo de déficit, ya que tiene que corregir su desfase en algo más de 13.000 millones.

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El problema es que, además, el Estado se ha cargado de un importante incremento del gasto para financiar las políticas acordadas, como son la subida del salario de los trabajadores públicos, la subida de las pensiones no contributivas o la dependencia. En total, el gasto no financiero del Estado se incrementará en 5.300 millones de euros el próximo año. Esta cuantía no tiene contrapartida en los ingresos, de modo que cargará sobre el déficit, imposibilitando el cumplimiento del objetivo de la Administración Central.

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Por si fuera poco, el Gobierno ha reconocido finalmente que el veto de PP y Ciudadanos a la nueva senda de estabilidad afectará al Estado en algo más de 2.000 millones de euros. Esto es así porque, además de la décima extra de déficit que habría tenido la Administración Central, equivalente a 1.200 millones, el Estado tendrá que financiar también una parte del déficit de la Seguridad Social. En concreto, se hará cargo de 850 millones, ya que solo así considera probable que la Seguridad Social pueda cumplir con la senda de déficit, una cuestión que también genera muchas dudas. Lo hará mediante una transferencia extraordinaria que se suma a los más de 13.000 millones que tendrá que destinar a financiar las pensiones mínimas, complementos a mínimos, etc.

Esta partida 'extra' que no figuraba en las cuentas de 2018, significa pasar una parte del déficit a la Administración Central, lo que complica todavía más el cumplimiento de los objetivos. "Hemos tenido que adaptar esta transferencia a última hora como consecuencia del veto de PP y Ciudadanos", explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, este cambio no se ha visto compensado con un recorte similar en otra partida ni con nuevos impuestos, de modo que cargará sobre el déficit ya previsto.

De esta forma, el Estado tendrá un desfase adicional de unos 6.000 millones que no está compensado con nuevos impuestos. Las empresas públicas estatales podrán contrarrestar una parte de este desfase con sus dividendos, pero en ningún caso se aproximará a la cuantía necesaria. Además, los ingresos no tributarios del Estado (básicamente tasas) caerán en casi 700 millones de euros, dificultando todavía más el cumplimiento del objetivo de déficit.

Los impuestos no cuadran

El Gobierno tiene un segundo problema con los ingresos públicos: el cálculo de la recaudación impositiva se antoja demasiado ambicioso. En primer lugar, por las dudas que ya han mostrado tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como la Comisión Europea respecto al poder recaudador de las nuevas figuras tributarias: el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto sobre servicios digitales.

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Por ejemplo, Hacienda prevé ingresar 1.200 millones con el impuesto digital ('tasa Google') una cuantía que la AIReF considera que tendrá una desviación de entre 700 y 200 millones de euros. En cuanto al impuesto financiero ('tasa Tobin'), podría sufrir un desfase de hasta 400 millones.

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Pero, además de los problemas de cálculo, existe un segundo problema y es el muy posible retraso en su aprobación. Estos son impuestos de nueva creación, por lo que no pueden ir en la ley de presupuestos y tendrán que tramitarse en una iniciativa diferente. El Consejo de Ministros los aprobará el próximo viernes (18 de enero) para remitirlos posteriormente a las Cortes. Esto significa que tardarán varios meses en aprobarse, por lo que su entrada en vigor se retrasará un tiempo, si es que finalmente salen adelante. Conviene recordar que PP y Ciudadanos ya han bloqueado numerosos proyectos del Gobierno en la Mesa del Congreso y podrían repetir la jugada con estos impuestos (no podrán hacerlo con los presupuestos, porque tienen prioridad otorgada por la Constitución).

Por último, existe un problema de concepto respecto a la recaudación con el IVA derivada de la entra en vigor del SII (Suministro Inmediato de Información) en 2018. El ajuste técnico que ha introducido el Ministerio de Hacienda para este tributo hace que en 2019 vaya a generarse un mes extra de recaudación correspondiente a diciembre de 2018. La ministra de Hacienda explicó que este mes extra servirá para compensar el posible retraso en la aprobación de los nuevos impuestos.

Hay un problema básico que la ministra no tuvo en cuenta: el déficit público se mide en términos de contabilidad nacional y no en caja

Sin embargo, hay un problema básico que la ministra no tuvo en cuenta: el déficit se mide en términos de contabilidad nacional, que se rige por el criterio de devengo y no de caja. Esto es muy sencillo: la parte del IVA que se ingresó en enero de este año ya está contabilizada como diciembre del pasado ejercicio en términos de contabilidad nacional, porque se cuenta el momento en el que se asume la deuda tributaria y no cuando se liquida. De ahí que el efecto del SII no tendrá ningún efecto en términos de déficit en 2019, al contrario de lo que explicó la ministra.

Todos estos factores, sumados, dificultan que el Estado pueda alcanzar los 13.000 millones extra de recaudación que ha presupuestado el Gobierno. A falta del informe correspondiente de la AIReF, que arrojará más luz sobre las cuentas de Sánchez, por el momento, han generado más dudas que certezas.