El bloqueo de la investidura aboca a 13 CCAA a incumplir el objetivo de déficit

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que tumbó el Congreso el pasado mes de enero contenía un incremento de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas de más de 6.000 millones de euros. Una parte de este incremento respondía a las subidas de impuestos que planteó el Gobierno, pero la mayor parte se debe exclusivamente al incremento de la recaudación gracias al crecimiento económico y a la inflación.

Las comunidades autónomas, que esperaban recibir estos recursos, optaron por firmar unos presupuestos generosos, más incluso de lo que permite la regla de gasto. Sin embargo, el bloqueo en la formación de Gobierno a nivel estatal también ha congelado la actualización de las entregas a cuenta. Las comunidades están recibiendo las transferencias prorrogadas de 2018 pero habían presupuestado un incremento de los ingresos superior al 4%, por lo que ahora empiezan las apreturas. Las regiones ya han ejecutado la mayor parte del presupuesto anual, de modo que apenas les queda margen de reacción y sin esos recursos están condenadas a incumplir el objetivo de déficit aprobado por el Parlamento del 0,1% del PIB.

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Si finalmente no reciben la actualización, al menos 13 comunidades autónomas incumplirán el objetivo de déficit para este año, y probablemente terminen incumpliendo todas las comunidades del régimen común. Tanto País Vasco como Navarra no se ven afectadas, por contar con un sistema foral especial.

Canarias es la única comunidad del régimen común que puede librar el cumplimiento del objetivo de estabilidad gracias a la actualización de su sistema de financiación especial firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cambio del voto de Nueva Canarias y Coalición Canaria a sus Presupuestos. La comunidad insular recibió así un incremento de la financiación que ha permitido cumplir con los objetivos de estabilidad desde el año 2017.

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También podría evitar el incumplimiento Galicia, una de las comunidades más saneadas, que ha cumplido durante toda la crisis el objetivo de déficit. De cara a 2019, la comunidad prevé un aumento del gasto algo inferior al 4% (un 2,7% ajustado a términos de la regla de gasto).

La comunidad presupuestó este aumento del gasto teniendo en cuenta que percibiría la actualización de las entregas a cuenta y que el Ministerio de Hacienda ‘perdonaría’ la devolución del mes extra de 2017 por el cambio del IVA por la introducción del Suministro Inmediato de Información (SII). Sin embargo, con más de la mitad del año cumplido, es probable que finalmente no reciba ni las transferencias a cuenta ni la condonación del SII, lo que abocaría a la comunidad a superar el objetivo de déficit.

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El resto de comunidades autónomas, 13, incumplirá la meta de déficit del 0,1%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya estimaba que estas 13 comunidades no se ajustarían si Hacienda no ‘perdona’ la devolución del SII, con un coste para las regiones de 2.500 millones de euros. Si se tiene en cuenta que las entregas a cuenta son muy superiores, de casi 6.000 millones de euros, la interpretación no deja lugar a dudas: todas incumplirán el objetivo de déficit.

Por descontado, el subsector de comunidades autónomas superará claramente el objetivo de estabilidad si no se actualizan las entregas a cuenta. Esos 6.000 millones equivalen a cuatro décimas del PIB, que irían directamente a engrosar el déficit de las comunidades autónomas, lo que provocaría no solo que no reduzcan su déficit sino que lo aumenten. En 2018, cerraron con un desfase presupuestario del 0,23%, lo que significa que este año podrían duplicarlo e irse hasta el 0,5% de déficit.

Las comunidades protestan

El Gobierno sigue utilizando el bloqueo de las entregas a cuenta para presionar a la oposición: la investidura de Pedro Sánchez permitiría actualizar los pagos, de modo que el Estado se pondría al día con las comunidades de forma inmediata. El Ministerio de Hacienda se apoya en un informe de la Abogacía del Estado para argumentar que no puede hacer frente a la actualización de las entregas, una interpretación que ha suscitado muchas dudas.

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En cualquier caso, la situación para las comunidades autónomas no es alarmante. No será la primera vez que superan el objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno sin que eso obligue a hacer recortes en el ejercicio en curso ni que aboque al impago a las regiones. Sencillamente, si superan el objetivo de déficit, pueden acudir al mercado para financiarlo. Como última solución, si no consiguen levantar los fondos en el mercado, pueden solicitar financiación al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como han hecho durante toda la crisis.

El bloqueo de la actualización de las entregas a cuenta no obliga a realizar recortes, en todo caso, forzaría a limitar el crecimiento del gasto público

De esta forma, el bloqueo de la actualización de los pagos no obligaría a hacer recortes en los servicios públicos. Al menos no en 2019. Si incumplen el objetivo de estabilidad, el Ministerio de Hacienda podría forzar a las regiones a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de la misma cuantía en los Presupuestos de 2020 para compensar la desviación. Esto significa que los problemas presupuestarios no se producirían antes de 2020 en ningún caso.

Pero, además, hay un segundo factor importante. La actualización de las entregas a cuenta permite aumentar la transferencia. Esto significa que la prórroga presupuestaria impide aumentar las entregas a cuenta al ritmo que marca la recaudación, pero en ningún caso supone restar recursos de las regiones. De ahí que el bloqueo de la actualización de las entregas a cuenta no obligue a realizar recortes, en todo caso, forzaría a limitar el crecimiento del gasto público.

Las CCAA aprobaron unos presupuestos generosos que provocarán el incumplimiento de la regla de gasto, fijada en el 2,7%

Los presupuestos de las comunidades autónomas tampoco ayudan al cumplimiento del objetivo de estabilidad. Las regiones elaboraron sus cuentas sin sospechar que se bloquearía la actualización de las entregas a cuenta, por lo que fueron generosas con el gasto. Tanto, que todas o casi todas incumplirán la regla de gasto este año, que limita el incremento de los empleos no financieros al 2,7%. Según el último informe de la AIReF, todas las comunidades tienen riesgo de incumplimiento, y en algunas es alto, como es el caso de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

Las dudas técnicas

El informe de la Abogacía del Estado en que se apoya el Gobierno para bloquear la actualización de las entregas a cuenta interpreta que esta medida supone una decisión política, de modo que condicionará la acción del próximo Ejecutivo. Sin embargo, esta interpretación arroja muchas dudas. El reparto de la recaudación de los tributos cedidos está fijado por ley, de modo que no supone una decisión discrecional del Gobierno. En otras palabras: las comunidades tienen que recibir la parte que les corresponde de la recaudación anual, no es una decisión política. En todo caso, la decisión política sería modificar el sistema de financiación autonómica.

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Esto significa que actualizar las entregas a cuenta para transferir a las comunidades autónomas la cuantía que les corresponde podría no suponer una decisión de gobierno. De hecho, el próximo Ejecutivo que se forme estará obligado a pagar a las comunidades la cuantía que fija la ley. No puede no hacerlo. En ese sentido, genera muchas dudas afirmar que la actualización de las entregas a cuenta sea una acción de gobierno. De hecho, se puede interpretar que se trata de una actualización basada en criterios técnicos, como realmente es, por lo que podría ser ejecutada sin problemas por un Ejecutivo en funciones.

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La Agencia Tributaria tiene ya disponibles los datos de recaudación de la primera mitad del año, por lo que sería posible transferir a las regiones la cantidad que les corresponde. Es cierto que no sería un cálculo perfecto, ya que la liquidación del sistema de financiación se cierra con un retraso de dos años, pero sí permitiría realizar unas entregas que se parecerían bastante a la liquidación final. Todo ello sin que medien decisiones políticas, que es lo que no puede realizar un Gobierno en funciones.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP consideran que el informe de la Abogacía del Estado no tiene el empaque suficiente como para privar a las regiones de 6.000 millones de euros de financiación, por lo que han solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para discutir las posibles soluciones ante este bloqueo.