El bloqueo político asfixia a las autonomías: Andalucía y Galicia dan la voz de alarma

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, se sumó al arrancar agosto a las quejas del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que alertó de las consecuencias para las comunidades autónomas del bloqueo político y la ausencia de Gobierno. Cuando todo apunta a que España camina hacia una nueva convocatoria electoral, las comunidades con barones del PP dan la voz de alarma por las consecuencias de la inestabilidad política en las haciendas autonómicas.

Fue Feijóo quien abrió la veda al denunciar que Galicia tiene en el aire 700 millones de euros retenidos por el Estado. Añadió una llamada a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que “recapacite” sobre las consecuencias directas de la falta de Gobierno en España y la asfixia a las autonomías. A esa advertencia se sumó el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien señaló que en el caso de Andalucía, el ministerio ha privado a la comunidad de 400 millones de euros en liquidación del IVA. Esa queja fue amplificada por su consejero de Hacienda, que advirtió de la necesidad de que las comunidades conozcan cuanto antes las liquidaciones del sistema de financiación para elaborar sus próximos presupuestos.

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Aunque Feijóo y Moreno son los barones con más peso del PP y los únicos con capacidad para plantar cara a Pablo Casado en Génova, en ningún caso, advierten desde el PP andaluz, se trata de una ofensiva para pedir a la dirección nacional de su partido que replantee su estrategia del 'no es no' ante el nuevo intento de investidura de Pedro Sánchez en septiembre. Se alinean con la posición del PP nacional, pero admiten el daño que la situación está infligiendo y las consecuencias directas de elecciones en noviembre en un momento en que los nubarrones económicos siguen en el horizonte inmediato.

Millones en el limbo

El problema del IVA se remonta a 2017. Ese año, la reforma impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del PP, provocó un efecto contable que llevó a que las comunidades ‘perdieran’ un mes en la liquidación de este impuesto. El llamado ‘mes 13’. Entonces el Gobierno andaluz y su consejera de Hacienda, hoy ministra, María Jesús Montero, del PSOE, ya advirtieron del impacto en las arcas autonómicas.

Ese impacto se nota en este ejercicio, 2019, cuando, como es habitual, se procede a la liquidación de aquella anualidad. El Gobierno en funciones trató de enmendar esa situación en el proyecto de ley de Presupuestos que presentó en el Congreso. Incluía un solución para liquidar ese mes ‘perdido’ a las comunidades, pero ese Presupuesto fue tumbado y se convocaron elecciones. Desde el ministerio, recuerdan que el PP impidió esas cuentas para subsanar este problema. Andalucía recibiría 400 millones de euros. Galicia, 200 millones.

Sin entregas a cuenta

Junto a esas cantidades que están ahora mismo en el limbo y que las comunidades desconocen si pueden tener en cuenta a la hora de elaborar su Presupuesto para 2020, se suma la incertidumbre de las entregas a cuenta. Es el Gobierno quien debe aproximar las cantidades que recibirán las autonomías desde el Estado, su principal fuente de ingresos. La norma es hacerlo vía Presupuestos, pero como está prorrogado el de 2018 no es posible.

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La otra opción, avalada por la Abogacía del Estado, es aprobar esa previsión de ingresos para las autonomías vía decreto-ley, según explican desde el Ministerio de Hacienda. Desde el departamento de Montero, aseguran que si hay investidura en septiembre habrá decreto-ley para que las comunidades puedan conocer sus ingresos sin esperar a nuevos Presupuestos Generales del Estado.

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Desde el ministerio niegan que se estén utilizando los números como un método de presión política a las comunidades, para forzar que los barones del PP aboguen por dar paso a un Gobierno y evitar nuevas elecciones. “No hay ningún chantaje”, sentencian desde Hacienda, asegurando que estas son “las consecuencias no deseadas del bloqueo político” y garantizando que se acelerarán en cuanto haya Gobierno las previsiones de las entregas a cuenta y liquidaciones para 2020, que normalmente se daban a conocer en julio en ejercicios políticos y presupuestarios ‘normales’.

Inseguridad para las cuentas

El consejero andaluz de Hacienda admitió las incertidumbres que se abren sin conocer las entregas a cuenta para 2020. Andalucía podría elaborar su presupuesto del próximo año con una estimación de los recursos que recibirá del Estado, pero el riesgo de que las cantidades no lleguen y haya que reformar las cuentas ante partidas sin disponibilidad eleva la inseguridad. Además, es más fácil incurrir en una desviación del gasto. Bravo admitió las consecuencias de no tener presupuesto y no tener Gobierno, y de continuar con unas cuentas estatales prorrogadas desde 2018, que podrían llegar a los dos años.

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“Cualquier empresa, cualquier inversor, pide seguridad, estabilidad y conocer nuestros recursos. No sabemos qué va a pasar con el mes 13 del IVA y con las entregas a cuenta. Queremos saber cuáles son nuestros pagos”, subrayó el titular andaluz de Hacienda. “Hace referencia la ministra [Montero] a la necesidad de que haya Gobierno, pero esto son números, son cuentas, esto no entiende de política sino de necesidades, de prestar servicios a los ciudadanos, que sea el Gobierno en funciones el que nos haga los pagos a cuenta. Imaginen lo que es hacer un presupuesto sin saber esto”, admitió. Con todo, garantizó que van a cumplir con la regla de gasto y el déficit y a actuar “de manera leal con el Estado”.

El ministerio presiona también a las autonomías vía carta por el exceso de gasto farmacéutico

No es la única advertencia recibida desde Hacienda. El ministerio ha enviado una carta a 11 autonomías, entre ellas Andalucía, para advertir del exceso de gasto farmacéutico y de las consecuencias de que se supere la regla de gasto vinculada a este epígrafe presupuestario. El actual Gobierno andaluz, de PP y Cs con el apoyo de Vox, recordó que esa misiva se refiere a los ejercicios 2017 y 2018 y que entonces eran quienes ahora están en el ministerio los que ocupaban los despachos de la Consejería de Hacienda. Bravo admitió que deberán entregar un informe evaluando este exceso de gasto el 15 de septiembre, previo a una reunión sectorial sobre este asunto, y garantizó que pese a los ajustes que se exijan, el Gobierno andaluz va a cubrir todo el gasto farmacéutico sin restricciones. “No habrá problemas”, aseguró el consejero.