Bruselas desconfía de vincular las pensiones al IPC y el Gobierno promete "otros ajustes"

La revalorización de las pensiones con el IPC se ha convertido en la gran 'patata caliente' para el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno es esclavo de sus palabras en la oposición cuando aseguraba que el poder adquisitivo de los pensionistas tenía que estar asegurado, de modo que tiene complicado dar la espalda ahora a los jubilados. Finalmente ha impuesto este discurso a su Ejecutivo, pero hay diversos responsables políticos que son conscientes de los problemas que genera esta decisión para las arcas públicas.

El FMI puso esta semana los números sobre la mesa: recuperar el IPC para la revalorización de las pensiones elevará el gasto entre tres y cuatro puntos del PIB en las próximas décadas. Con los números actuales esto significa unos 45.000 millones de euros extra, una cuantía que obligaría a una fuerte subida de los impuestos en los próximos años.

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Fuentes del Gobierno reconocen que la Comisión Europea pondría en duda la sostenibilidad de esta medida y pondría pegas a España. De hecho, en su último informe del semestre europeo asegura que "la sostenibilidad del sistema público de pensiones en su diseño actual está asegurada siempre que se permita operar a los distintos mecanismos como está previsto". En otras palabras: si se deroga la reforma de 2013 de Mariano Rajoy, será necesario buscar otras vías de ajuste.

La sostenibilidad del sistema de pensiones está asegurada siempre que se permita operar a los distintos mecanismos previstos

"Ajuste" es la palabra que empleó el viernes la ministra de Economía, Nadia Calviño, para referirse a las pensiones: "Junto a la revisión de la revalorización, tendremos que ver qué otros ajustes son necesarios en el sistema". La ministra es consciente de que tiene que presentar ante Bruselas una reforma que sea sostenible en sí misma. El incremento de los recursos con transferencias de la Administración Central es parte de la solución, pero también es necesario evitar que el gasto se dispare en cuatro puntos del PIB.

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En resumen, si el ajuste del gasto no se carga sobre las pensiones actuales (porque se garantice el poder adquisitivo), será necesario hacerlo sobre las futuras. Es ahí donde entran en juego los ajustes, por ejemplo, "demográficos" que propuso la ministra, aunque no detalló. Son estos ajustes los que tienen coste político y, por ese motivo, nadie en el Gobierno se ha atrevido a abordar. Y por eso el Gobierno no tiene prisa en realizar la reforma del sistema de pensiones.

Junto a la revisión de la revalorización, tendremos que ver qué otros ajustes son necesarios en el sistema

Calviño, que es quien tiene que dar explicaciones de las reformas de España a sus colegas europeos, ha optado por un discurso prudente. La ministra ha asegurado que su planteamiento de la reforma es "holísitica" y que garantizará unas pensiones generosas y sostenibles al mismo tiempo. En otras palabras, cada compromiso de gasto asumido estará respaldado por ingresos creíbles. Pura retórica política, ya que hasta el momento solo ha alcanzado compromisos de gasto, pero nada se sabe sobre quién financiará los ingresos.

El Pacto de Toledo se da una tregua

El 27 de septiembre los partidos políticos anunciaron un gran consenso en el Pacto de Toledo para la revalorización de las pensiones. Lo que en un momento pareció un gran consenso, se reveló finalmente como un acuerdo ambiguo en el que cabe casi cualquier interpretación. De hecho, lo que aceptaron los grupos fue volver al "consenso de la recomendación [...] aprobada en el año 2011".

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Después de cerrar este acuerdo, el Pacto de Toledo se ha dado un periodo de reflexión (de momento van dos semanas y para la próxima solo hay prevista la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado) antes de retomar las negociaciones para abordar las 20 recomendaciones restantes, explica una fuente que participa en las reuniones de la Comisión. Los grupos son conscientes de que lejos de existir un gran consenso, hay una importante fractura que prolongará las negociaciones más allá de 2018.

Veo imposible que este año se puedan cerrar las recomendaciones, todavía quedan temas muy polémicos

"Veo imposible que este año se puedan cerrar las recomendaciones, todavía quedan temas muy polémicos como las pensiones mínimas o la contributividad", explica uno de los portavoces en la Comisión. Esta falta de acuerdo da un respiro al Gobierno que ya sabe que no tendrá que abordar la reforma en las próximas semanas.

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El Ministerio de Trabajo ya ha trasladado a los agentes sociales que prefiere que exista consenso en el Pacto de Toledo antes de comenzar a redactar la reforma en la Mesa de pensiones con sindicatos y patronal. Esto significa que el Ejecutivo consigue retrasar esta polémica reforma, algo que también hizo el Gobierno anterior de Rajoy. Sin duda es más fácil mantener el 'statu quo' de los participantes en el sistema (pensionistas y cotizantes), financiar el déficit con deuda y no imponer ningún ajuste.