Subir las pensiones con el IPC cuesta 1.900 millones que alejan el objetivo de déficit

Finalmente los jubilados pueden cantar victoria. En especial los jubilados de Bilbao, que llevan meses manifestándose por una subida de las pensiones equivalente al IPC. El Gobierno popular se resistió todo lo que pudo, pero finalmente ha claudicado para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El PNV ha sido el encargado de torcer el brazo de Mariano Rajoy, que ha pasado de asegurar que no había dinero para subir más las pensiones a aceptar el 'IPC para todos'.

Rajoy no mentía cuando decía que no había dinero para hacerlo y, si finalmente se va a hacer, será cargando a la Seguridad Social y al Estado con más déficit público del esperado. Subir todas las pensiones con el IPC tiene un coste de 1.900 millones de euros. Una parte de este coste ya está incorporado en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentó el Gobierno, ya que recogía la revalorización del 0,25% y una subida adicional para las pensiones más bajas y las de viudedad. Pero el grueso de la partida será gasto adicional que pesará sobre las cuentas que ha presentado el Ejecutivo.

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Este incremento del gasto supone un duro golpe a los objetivos de estabilidad que aprobó el Congreso hace casi un año. El Gobierno está obligado a rebajar el déficit público desde el 3,1% del PIB hasta el 2,2%, un ajuste de nueve décimas que ya parecía complicado antes de este acuerdo. El FMI estimaba que el déficit este año se iría hasta el 2,5% del PIB, mientras que la AIReF se situaba más cerca del 2,3%. El problema es que ahora el Gobierno tendrá que añadir en el entorno de una décima más para financiar esta subida.

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El Gobierno se encuentra ante la tesitura de compensar esta subida con un ajuste del gasto en otras partidas, con una subida de los impuestos o bien, cargar el gasto al déficit y seguir aumentando la deuda del conjunto del país. El objetivo fijado por Bruselas para este año es que la deuda pública termine el año en el 97,6% del PIB. Si se tiene en cuenta que en 2017 la deuda pública cerró en el 98,3%, el margen es de apenas siete décimas del PIB. Un objetivo complicado, ya que este año el déficit superará claramente el 2%.

El Gobierno ha mantenido un hermetismo total en cuanto al coste efectivo que supondrá subir las todas las pensiones un 1,6% y tampoco ha informado cómo se financiará. Hasta Ciudadanos, su principal socio, ha preguntado al Gobierno en privado y en público cómo piensa financiar esta partida. La mayor parte de las prestaciones afectadas son las contributivas, por lo que lo normal es que se paguen con cargo a la Seguridad Social.

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El margen financiero de la Seguridad Social es ya muy limitado. El Tesoro prestará este año 15.000 millones al Sistema para pagar las pensiones y, además, retirará 3.800 millones del Fondo de Reserva, hasta dejarlo con menos de 5.000 millones. En definitiva, el acuerdo con el PNV resultará positivo para los pensionistas, pero obligará a un ajuste inesperado en los Presupuestos de 2018. Un apaño de última hora que dificultará los objetivos de estabilidad pactados con Bruselas y aprobados por el Congreso de los Diputados. Eso por no hablar de la regla de gasto, que la Autoridad Fiscal (AIReF) ya estimaba que incumpliría antes de este acuerdo.

Las pensiones y los votos

Cristóbal Montoro repitió en numerosas ocasiones durante su defensa de los Presupuestos que es fundamental sacar las pensiones del debate político y que para eso está el Pacto de Toledo. La realidad es que el Gobierno se ha saltado el Pacto de Toledo y, de paso, también lo han hecho sus 'socios de presupuestos'. Primero fue Ciudadanos, quien anunció una subida de las pensiones más bajas del 2%. Después fue el propio Montoro quien se colgó la medalla con una subida de hasta el 3%. Ahora ha sido el PNV quien ha 'marcado el gol decisivo' con una revalorización total del 1,6%. Todo esto al margen del Pacto de Toledo y del diálogo social.

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Las pensiones se han convertido así en la 'zanahoria presupuestaria' de Montoro para convencer a la oposición y a los votantes. Mercancía electoral que ayuda poco o nada a realizar un debate serio sobre el futuro de la Seguridad Social. El acuerdo de Rajoy con el PNV pilló por sorpresa a los Ministerios de Hacienda y de Empleo, que ni siquiera tenían cerrado el cálculo del coste de subir las pensiones un 1,6%.

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Pero todo ha servido para cerrar el apoyo de los nacionalistas vascos. Hasta un acuerdo de última hora que exigirá un gasto superior al coste de actualizar el cupo como hizo el Gobierno el año pasado y que pone en riesgo los objetivos de estabilidad. Y eso a pesar de que el Ejecutivo ha presentado las cuentas públicas con más de seis meses de retraso. Ahora toca esperar a la letra pequeña para ver qué fórmula utiliza Hacienda para pagar esta factura y conocer de dónde saldrá el dinero.