El ahorro en desempleo e intereses paga la subida a pensionistas y funcionarios

Primer objetivo conseguido. El Gobierno se marcaba como una prioridad colar el mensaje de que los Presupuestos que ha presentado en el Congreso son 'muy sociales' y lo ha conseguido ampliamente. En palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “son los Presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas y de los trabajadores con rentas medias y bajas”. La realidad es que, lejos de hacer un esfuerzo presupuestario para mejorar su situación, se ha dedicado a 'repartir' entre estos colectivos el ahorro logrado en los intereses de la deuda y prestaciones por desempleo. Ese 'juego de trileros' ha sido suficiente para vender la sensibilidad social del Gobierno.

La realidad es que el gasto público como porcentaje del PIB seguirá cayendo en 2018 y se alejará todavía más de la media de países de la Unión Europea. En concreto, el tamaño del sector público se reducirá hasta el 40,5% del PIB, según figura en la estimación de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que la media europea está en el entorno del 46%. La distancia es tal que supera los 60.000 millones de euros, esto es, la mitad del gasto corriente del Estado. Con un sector público menguante, es complicado que las administraciones públicas puedan realizar una verdadera política de redistribución social.

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El gasto del Estado se incrementará en 2018 un 1,6%. Un aumento que apenas alcanzará al IPC, lo que significa que en términos reales se mantendrá congelado. Una subida tan limitada no supone ningún esfuerzo social para el país. Lo que hace el Ministerio de Hacienda es utilizar el margen presupuestario que consigue gracias a los estabilizadores automáticos, para aumentar otras partidas.

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Los dos grandes estabilizadores son el desempleo y los intereses de la deuda. El Estado se ahorrará en 2018 algo más de 1.100 millones de euros en prestaciones de desempleo gracias al fuerte ritmo de creación de empleo. La partida de desempleo recoge un ahorro de 616 millones, pero hay que restarle los 500 millones presupuestados para la garantía juvenil —ya que no es en sí misma gasto en desempleo—, que en 2017 no se ejecutó. En cualquier caso, este ahorro también supone reducir gasto social, aunque luego se destine a otra partida 'social'.

El ahorro de los estabilizadores automáticos es lo que permite al Gobierno 'vender' estos Presupuestos sociales

La otra partida que generará un importante ahorro es la de los intereses de la deuda. La caída de los tipos de interés propiciada por la política expansiva del Banco Central Europeo permite reducir la partida destinada al servicio de la deuda en 624 millones de euros. Entre las dos partidas, el Estado conseguirá un ahorro de algo más de 1.700 millones. Cuantía que prácticamente iguala el incremento del gasto para la revalorización de las pensiones y el salario de los trabajadores públicos.

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La subida de las pensiones más bajas y las de viudedad tendrá un coste de 1.097 millones de euros, de los cuales unos 600 millones se financiarán con cargo a los PGE (principalmente, como complementos a mínimos) y los 400 millones restantes se pagarán con cargo a las cotizaciones sociales (estos cálculos no incluyen el coste de las nuevas pensiones, ya que en su caso no es ninguna revalorización). En cuanto a la subida del sueldo de los funcionarios y el inicio del proceso de equiparación del salario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos, tendrá un coste de 316 millones de euros.

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De esta forma, el ahorro de los estabilizadores automáticos es lo que permite al Gobierno 'vender' estos Presupuestos sociales. La reducción del déficit se logrará con el incremento de los impuestos que tendrán que pagar los trabajadores. En concreto, la recaudación del IRPF del Estado (una vez descontada la cuota autonómica) crecerá un 9,9%. Esto significa que la rebaja de impuestos de 2.200 millones de euros para las rentas bajas y las familias con dependientes no conseguirá reducir la carga tributaria sobre los trabajadores.

Serán las rentas medias que superen los 18.000 euros anuales las que sostendrán la principal parte de la corrección del déficit en 2018

Serán las rentas medias (que superen los 18.000 euros anuales) quienes sostengan la principal parte de la corrección del déficit en 2018. Esto no significa que suban los tipos impositivos, sino que, como subirán las rentas salariales (por los nuevos puestos de trabajo que se crean y por el incremento de la retribución), el Estado recaudará más. Además, como los tipos del IRPF van por tramos, la presión fiscal sobre las rentas salariales es creciente a medida que aumentan.

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La recaudación del IRPF crecerá el doble que la del impuesto de sociedades, lo que confirma que serán los trabajadores quienes sostengan la corrección del déficit. En concreto, los ingresos tributarios de sociedades aumentarán un 4,8%, mientras que los del IRPF se incrementarán el 9,9% ya mencionado. El aumento de la presión fiscal permitirá al conjunto de las administraciones públicas elevar sus ingresos hasta el 38,3% del PIB, cuatro décimas más que en 2017. Esto significa que los ingresos públicos crecerán incluso más rápido que la economía, que avanzará un 4,3% este año, una cifra nada desdeñable, ya que es la más alta desde 2007.

El gasto inevitable

El gasto social está 'condenado' a subir en los próximos años (en términos absolutos, no como porcentaje del PIB). Esto es así porque el simple envejecimiento de la población genera presiones sobre el gasto público, tanto para el pago de pensiones como para la financiación de la Sanidad. En 2018 se emplearán 144.834 millones para el pago de pensiones, lo que supone el principal incremento presupuestario del año. En total, la partida se incrementa en algo más de 5.000 millones de euros.

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La mayor parte se financiará con los ingresos por cotizaciones, que crecerán un 3,9% hasta quedarse a las puertas de los 115.000 millones de euros. Un porcentaje de esta subida se debe al incremento de las bases máximas de cotización, esto es, la parte de la renta salarial por la que se tiene que pagar a la Seguridad Social. La base máxima para el Régimen General y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se incrementa en un 1,4% en los Presupuestos, hasta los 3.803,7 euros. En el caso del RETA, también se incrementa la base mínima de cotización, que sube un 1,4%, hasta los 932,7 euros.

El Gobierno ha decidido mantener congelado el Iprem (indicador público de rentas con efectos múltiples), indicador que se emplea como referencia para la cuantía de las becas, ayudas, subvenciones o las prestaciones por desempleo. Este indicador gestiona una buena parte del gasto social, pero el Ejecutivo ha optado por mantenerlo congelado después de que en 2017 lo subiera un 1%. Así, el Iprem seguirá en 537,84 euros mensuales o 6.454 euros al año en 12 pagas.