CATALUÑA Y PAÍS VASCO BLOQUEAN LA APROBACIÓN DE LOS PGE 2018

Hacienda suprime la sección 31 y restringe el margen para negociar los Presupuestos

El margen de negociación de los Presupuestos de 2018 se estrecha. Y no solo por Cataluña y País Vasco. Hacienda ha suprimido una sección que servía para negociar con la oposición

Foto: Sesión de control al gobierno de Mariano Rajoy. (EFE)
Sesión de control al gobierno de Mariano Rajoy. (EFE)

La economía ha entrado en una nueva fase. En 2018, si se cumplen las previsiones, España saldrá del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) —déficit público equivalente al 2,2% del PIB— y, al mismo tiempo, logrará por primer vez desde la Gran Recesión superávit primario. Es decir, sin contar el gasto en el servicio de la deuda (31.572 millones de euros en gastos financieros). Lo que no está nada claro es si ese escenario se logrará con los Presupuestos aprobados o, por el contrario, la propia inercia de la economía —los ingresos crecerán casi el triple que los gastos— conseguirá esos objetivos.

La política interna de dos comunidades autónomas —País Vasco y Cataluña— continúa bloqueando la aprobación de los Presupuestos. Y aunque el Gobierno dispone todavía de algo más de tres semanas para negociar, nada indica que pueda tumbar las enmiendas de devolución que presentarán los partidos de la oposición.

Hay dos fechas clave: el 20 de abril (a las dos de la tarde), día en que finalizará el plazo para presentar enmiendas de totalidad al texto remitido por el Gobierno, y el 26, que es cuando se deben votar las enmiendas de devolución del anteproyecto de ley. El Gobierno necesita, en principio, sumar tantos votos a favor como en contra, ya que la Ley de Presupuestos no exige una mayoría, sino que el texto sigue adelante con su tramitación con un simple empate. Si bien al final de su tramitación parlamentaria habrá una votación global que ya exigirá una mayoría suficiente (no basta el empate), aunque sea por un solo voto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no aclaró este martes si el Gobierno dispone de un plan B. Es decir, si en caso de que el texto no pase la primera votación, el Ejecutivo aprobará una batería de decretos ley para incluir los diversos acuerdos sobre pensiones, salario de los empleados públicos o rebaja de impuestos a las rentas inferiores a los 17.000 euros. Pero no hay que olvidar que tampoco le bastaría. Entre otras cosas, porque el decreto ley —del mismo rango legal que una ley— exige convalidación parlamentaria, lo que significa que también necesitaría el respaldo de los partidos de oposición.

El Gobierno admitió este martes que el margen de maniobra para negociar nuevas partidas de gasto es estrecho. Entre otras cosas porque Hacienda ha suprimido —como avanzó el ministro Montoro— la llamada sección 31, que habilitaba al Congreso para hacer modificaciones de crédito. En concreto, y en caso de “urgente atención”, como dice la norma, se habilitaba un “instrumento de flexibilidad” destinado a paliar los imprevistos, carencias o necesidades no evaluables 'a priori'.

Esa fuga de gasto público se camuflaba para el epígrafe 'Gastos de diversos ministerios', que es el que el Ministerio de Hacienda ha liquidado. Y hay que tener en cuenta que en 2016 alcanzó los 3.265 millones de euros, lo que supuso un crecimiento de nada menos que el 32,1%.

Regla de gasto

Esa sección incluía gastos en la sociedad de la información, gestión del patrimonio del Estado y, sobre todo, “imprevistos y funciones no clasificadas”, que representan más del 90% de la sección 31. Hacienda, en cualquier caso, cuenta con otro poderoso instrumento de control del déficit, que no es otro que la regla de gasto, que impide a las administraciones públicas gastar por encima de su PIB nominal. Es decir, se aplicaría el llamado brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La consecuencia de esta eliminación, lógicamente, es que el margen de maniobra para negociar es más estrecho, si bien las enmiendas de totalidad escapan de los detalles presupuestarios, y lo que se busca, en realidad, es una especie de moción de confianza del Ejecutivo vía proyecto de Ley de Presupuestos.

La no aprobación del Presupuesto de 2018 no solo añade incertidumbre económica, sino también política. Básicamente, porque dentro de pocos meses, a finales de junio, el Gobierno debe presentar el techo de gasto para 2019, que supone el disparo de salida del nuevo ciclo presupuestario. Y una vez más, necesita una mayoría suficiente determinada por esa espada de Damocles que es Cataluña, cuyo desenlace será decisivo para la postura del PNV.

El Presupuesto del Estado, en todo caso, influye de forma parcial en la economía. Entre otras cosas, porque las grandes partidas de gasto ya no dependen del subsector Estado, sino del resto de administraciones que han asumido competencias sobre servicios públicos esenciales (educación o sanidad), y cuyo presupuesto está cerrado desde hace meses.

De los 477.332 millones de euros que supone el volumen total de gastos del sector público, más de las dos terceras partes dependen de las administraciones territoriales y de la Seguridad Social, mientras que algo menos de 120.000 millones es lo que tiene para gastar el Estado. Y de esa cantidad, el margen de maniobra es muy estrecho, ya que hay partidas, como el sueldo de los empleados públicos, los gastos en bienes corrientes o los gastos financieros, que ya están prácticamente cerradas, lo que hace que su impacto sobre la economía real (el PIB alcanzará este año los 1,20 billones) vaya a ser limitado.

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