Primer plan legislativo para quitar a Montoro el control de las cuentas municipales

En el año 2012 el Gobierno creó la arquitectura para garantizar que las Administraciones Públicas no vuelven a repetir un episodio de gasto público desenfrenado como ocurrió durante la burbuja inmobiliaria. Lo hizo a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), una de las leyes de las que más presume el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Como impulsor de esa norma, se colocó en la cúspide del sistema como máximo responsable del control presupuestario del resto de Administraciones, pero ahora los partidos de la oposición debatirán en el Congreso si es el momento de retirarle los 'superpoderes'.

Amparándose en esta ley intervino las cuentas de la Generalitat de Cataluña y también estableció el control semanal del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, las mayorías en el Parlamento son hoy muy diferentes a las que había en 2012. Unidos Podemos aprovechará la minoría del Gobierno en el Congreso para iniciar la tramitación de una Proposición de Ley en la que establece la modificación de la regla de gasto, pero que, en realidad, va mucho más lejos, ya que pretende la supresión de las medidas coercitivas que puede imponer el Ministerio para asegurar el cumplimiento de la ley. En otras palabras, el Ejecutivo perdería su capacidad para imponer el cumplimiento de una de las normas que más valora.

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El Gobierno llegó cuatro minutos tarde a solicitar el veto a la Proposición, por lo que llegará al Pleno del Congreso el martes, donde se debatirá la medida y será votada definitivamente el miércoles. Lo más probable es que sea admitida a trámite con una amplia mayoría de la oposición. Será otro golpe para el Gobierno que en esta legislatura está pasando más tiempo en vetar y entorpecer iniciativas que en aprobar sus propias normas. Podemos vestirá su victoria ante los medios de comunicación con su tradicional puesta en escena en el Congreso y será Pablo Iglesias el encargado de defender la proposición.

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La formación confía en contar con los votos de PSOE, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias para pasar la primera votación y empezar a tramitar la ley, esto es, 174 votos a favor y la abstención de PNV y Bildu. Los partidos catalanes apoyarán cualquier medida encaminada a quitar poder a Montoro y descentralizar el control presupuestario. Pero lo más importante para que la modificación de la regla de gasto llegue a buen puerto es que Podemos llegue a un acuerdo con el PSOE. Los dos partidos ya votaron conjuntamente hace dos semanas una moción de los socialistas en la que instaba al Gobierno a flexibilizar la norma, por lo que hay un cierto entendimiento entre las dos partes.

El ministro perdería su capacidad para imponer el cumplimiento una de las normas que más valora

Por su parte, el Gobierno se resigna a aceptar la votación después del fracaso en su veto, al que llegó tarde por cuatro minutos. Los partidos de la oposición temen que el Grupo Popular actúe como con la ILP de la prestación de ingresos mínimos y entorpezca toda la tramitación, con su mayoría en la Mesa del Congreso (con el apoyo de Ciudadanos), su capacidad para introducir enmiendas y su control del Senado. En el caso de la renta mínima, los sindicatos presentaron la ILP en mayo de 2016 y un año y medio después todavía se desconoce cuándo podrá aprobarse definitivamente pese al apoyo de la mayoría de los grupos.

Una negociación peliaguda

Al margen de los obstáculos que interpondrá la formación del PP, la negociación entre PSOE y Unidos Podemos para acordar una modificación de la regla de gasto no parece sencilla, ya que las posiciones de partida están muy distantes. El texto que ha presentado Unidos Podemos otorga a las corporaciones locales casi el control total de sus cuentas públicas, una medida que los socialistas no tienen tan clara.

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Unidos Podemos pretende suprimir los artículos 25 y 26 de la ley, que son los que establecen las medidas coercitivas que puede aplicar el Ministerio de Hacienda y que llegan hasta la intervención de las Administraciones inferiores (corporaciones locales y autonomías) y la sanción. En otras palabras, Hacienda no habría podido intervenir las cuentas de la Generalitat de Cataluña o del Ayuntamiento de Madrid apoyándose en esta ley.

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Estos dos artículos también desarrollan las medidas coercitivas que puede utilizar el Ministerio contra una Administración que incumpla los objetivos de estabilidad (reparto de déficit) y los planes económico-financieros (PEF). Estos dos artículos incluyen también las herramientas para asegurar el control de las autonomías, por lo que en la práctica supone desmontar todas las herramientas que apuntalan el poder de Hacienda para hacer cumplir la ley. Tal descentralización pondría el riesgo la estabilidad presupuestaria del sector público, ya que sería necesario que cada Administración fuese responsable, algo que en España es mucho esperar. Una decisión de mucho riesgo sobre la que el PSOE mantiene muchas reticencias.

Tal descentralización pondría el riesgo la estabilidad presupuestaria, ya que sería necesario que cada Administración fuese responsable

En definitiva, suprimir los artículos 24 y 25 de la Ley de Estabilidad suponen mucho más que modificar la regla de gasto, por lo que su negociación será peliaguda. Donde no hay tanta distancia es en el artículo 12, que es el que establece en sí la regla de gasto. La normativa actual determina que ninguna Administración podrá elevar su gasto computable por encima del crecimiento potencial de la economía. En su lugar, el texto de Unidos Podemos propone que la regla no sea de aplicación para las corporaciones que tengan estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y paguen a sus proveedores en menos de 30 días.

Por estabilidad presupuestaria entiende que los ayuntamientos estén en superávit o equilibrio y por sostenibilidad, que su deuda sea inferior al 110% de sus recursos corrientes (no de su PIB). La mayor parte de los municipios están en esta situación, por lo que podrían gastar su superávit inmediatamente. Esto sí se aproxima a lo que el PSOE entiende como una “interpretación más flexible de la regla de gasto”, por lo que podría haber un acuerdo en este punto.